^[1] Passo nació en Buenos Aires en 1867, hija de un farmacéutico. Al iniciar sus estudios superiores primero cursó carreras de la rama de Humanidades y Filosofía, y tuvo un breve paso por Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ambas facultades de la Universidad de Buenos Aires, pero más tarde decidió seguir los pasos de su padre y estudiar farmacia. Se recibió en 1885, por lo que fue la primera mujer argentina que egresó de una carrera universitaria.
Más tarde quiso estudiar medicina, pero las autoridades de la universidad se lo negaron por ser mujer, bajo el argumento de lo difícil o incómodo que sería cursar con todos compañeros hombres. Esto llevó a Passo a iniciar un recurso judicial de gran repercusión en el ámbito académico, que terminó a su favor y pudo inscribirse en la carrera. Falleció de tuberculosis en 1893, cuando cursaba quinto año y estaba cerca de finalizar la carrera de grado

^[1] La Ley de Educación Superior (LES), o Ley 24.521, es una legislación argentina que rige las instituciones de educación superior universitaria y terciaria no universitaria. Fue sancionada y promulgada en 1995 durante la presidencia de Carlos Menem. Fue modificada en 2015 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Los principales puntos de la ley son: -Mantiene la gratuidad de la universidad pública para las carreras de grado pero admite aranceles en posgrados. -Crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) que tiene como misión acreditar las carreras de grado y posgrado. 
 

^[1] Cecilia Grierson fue la primera médica argentina, graduándose el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, a los 30 años. Completó su carrera en el plazo normal de seis años. Incluso antes de recibirse, en 1886, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino.

^[1] El espíritu reformista tuvo su auge en un momento histórico – político clave que estaba atravesando el país. Sólo seis años antes se había aprobado la Ley Sáenz Peña, que permitió el voto universal y secreto, y uno y medio de la victoria radical de Hipólito Yrigoyen en las urnas. Ese espíritu de ampliación de derechos hizo soñar a la clase media de la posibilidad de desplazar a una vieja clase política oligárquica, en pos de una República que los incluya. 
Este hecho transformador fue un periodo que se prolongó desde marzo a octubre de 1918, permitió la democratización de la Universidad y trascendió las fronteras de Argentina para llegar a toda Latinoamérica. La Reforma Universitaria de 1918 introdujo valores como la libertad y periodicidad de las cátedras, concurso para profesores, autarquía, cogobierno, entre otros. Luego llegó la gratuidad. Además dejó instalada la cercanía que debe mantenerse entre las entidades y la sociedad, entendiéndolas como actor fundamental para analizar y superar las problemáticas de las comunidades que la rodean. En su interior hubo una renovación de los programas de estudio; se abrió a un mayor número de estudiantes, con la posibilidad de participar en la dirección, favoreció a la libertad de cátedra; la autonomía. A partir de allí las clases medias comenzaron a llegar a espacios solo reservados a las élites y el poder.

^[1] El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Las principales políticas que se diseñaron e implementaron para las universidades durante el Proceso introducían una nueva modalidad de ingreso a la universidad, la reducción del cupo de estudiantes por carreras, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudios y carreras. En suma, se trataba de políticas destinadas a recortar el número de universidades y el porcentaje de estudiantes inscriptos.
Los años 1974 a 1983 comprendieron el período en que se impusieron mayores restricciones a la autonomía universitaria y se practicó sistemáticamente el ejercicio de la violencia sobre sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados y empleados, muchos de los cuales fueron objeto de exoneraciones, exilio o se contaron entre las personas asesinadas o “desaparecidos”, primero por el accionar de organizaciones armadas como la Triple A entre 1974 y 1976 y, luego, por el terrorismo de Estado de la última dictadura.

^[1] La dictadura militar de la “Revolución Libertadora” que había derrocado al presidente Juan D. Perón en 1955 emitió el Decreto 6403 de “reorganización universitaria”, impulsado por sectores del catolicismo. Este Decreto rompía con el espíritu de la Ley 1420 de educación común gratuita y obligatoria y la Ley Avellaneda o también llamada de los Estatutos de las Universidades Nacionales. Estas leyes establecían que el otorgamiento de los títulos habilitantes era exclusividad de las Universidades Públicas y que la instrucción religiosa era de carácter optativo, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar. El artículo 28 del mencionado decreto era explícito: “la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes”.
Será Arturo Frondizi, elegido presidente en febrero de 1958 gracias a su pacto con Perón, quien transformará el decreto en ley y dará un verdadero espaldarazo, a pesar de la masiva lucha estudiantil, a las universidades privadas. El 19 de septiembre de 1958, la sociedad argentina se veía sacudida por la mayor movilización estudiantil que se recuerda en la historia. Los diarios de la época estimaron más de 250. 000 estudiantes acompañados por un gran número de trabajadores que desde la Plaza del Congreso colmaron la Plaza de Mayo. Eran los tiempos que trascenderían bajo la frase de la “Educación Laica o Libre” o de las “Universidades Públicas o Privadas – confesionales”. El presidente Arturo Frondizi, durante el verano del año siguiente, reglamentó definitivamente la Ley Domingorena, de ataque a la universidad pública.