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Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima, además tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso. 

El juez Sergio Moro, responsable del "caso Petrobras" en la primera instancia judicial, ha declarado al expresidente culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 1,1 millones de euros, todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos a cambio que lula nombrará a los directores de Petrobras

Tal es el caso, que la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como "Lava Jato" es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción

Por otro lado, “la sentencia que confronta con la Constitución, con los tratados internacionales y con las leyes brasileñas es ilegítima y creemos que será revertida en algún momento", dijo la defensa de Lula. 

Es el peor comienzo que podía tener la resolución de la lista de causas judiciales a las que se enfrenta el exmandatario, que tiene pendiente otras cuatro sentencias en manos del juez Moro, uno de sus más enconados rivales, y aunque pueda recurrirlas todas a una instancia superior, también puede correr el riesgo de ser inhabilitado y no poder presentarse a las elecciones de 2018, como pretendía.

En este sentido, y desde una consideración criminológica, el ex-mandatario hizo una manifestación grave de la corrupción que está vinculada a la criminalidad organizada por contratar a ciertos funcionarios a cambio de obtener cierta cantidad de dinero y, por tanto, muchas veces implican a varios aspectos, tanto de la misma conducta de corrupción, como de comportamientos encaminados a posibilitar que los corruptos se aprovechen de los beneficios de la corrupción.

Personalmente, hago dos reflexiones complementarias que, aunque considero obvias, no me resisto a reiterar. En primer lugar, que un régimen en verdad democrático, con un poder que actúe de forma transparente y que sea objeto de opinión pública libre y plural, es el único que puede dar una respuesta eficaz, sólida y permanente a la corrupción. En segundo lugar, que, con carácter general y no sólo frente a la corrupción, unas buenas leyes, legitimadas por su origen y por su contenido, son condición pero no garantía de una política criminal exitosa frente a comportamientos no deseados, pues hay que incidir en la existencia de recursos materiales y personales que hagan posible su aplicación.