El Tribunal de primera instancia condenó a Kimel por el delito de injurias, imponiéndole una pena de un año de prisión en suspenso y una multa de 20.000 pesos

Apelaciones (1997-1998)

Kimel presentó una apelación y la causa pasó a segunda instancia. La cámara VI ordenó fallar unanimamente en favor de Kimel alegando que no encontraban intención de deshonrar al Juez Rivarola y que la investigación era pertinente por tratarse de interés público.

Recurso extraordinario (1999)

El juez Rivarola recurrió a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, el cual la Corte admitió y derivo el caso a la Cámara IV, quién fallo en favor de Rivarola, por Calumnias (delito de mayor gravedad).

Recurso extraordinario y en queja para llegar a la Corte Suprema (1999)

Kimel, presentó un recurso extraordinario y en queja para llegar nuevamente a la Corte Suprema pero esta lo rechazó.

Agotamiento de instancias internas (1999 - 2001)

Con la decisión de la Corte Suprema, Kimel ya no contaba más recursos en el ámbito nacional, lo que lo llevó a presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

-Calumnia: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.

-Injuria: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.

La Corte encontró que la ley en la cual se fundamentaba la sanción no respetaba el principio de legalidad y que, en todo caso, la sanción resultaba desproporcionada.

La Corte indicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que la Convención establece la posibilidad de imponer responsabilidades ulteriores a quienes abusen de este derecho y violen los derechos de terceras personas, como el derecho a la honra protegido por el artículo 11 de la CADH. No obstante, la Corte señaló que las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales y no pueden limitar su ejercicio de tal forma que se conviertan en un “mecanismo directo o indirecto de censura previa” [par. 54].

i) la limitación o restricción deberá estar consagrada en la ley.

ii) la restricción deberá perseguir una finalidad legítima y ser idónea para alcanzar dicha finalidad.

iii) la restricción deberá ser necesaria para alcanzar la finalidad perseguida; y la medida deberá ser proporcional para lograr los objetivos buscados.

Artículo 109 del Código Penal ahora establece que la calumnia —la imputación falsa de un delito— será sancionada con multas de $3.000 a $30.000, y aclara que no serán delitos las expresiones sobre asuntos de interés público o aquellas que no sean asertivas, es decir, cuando no afirmen hechos concretos y falsos con la intención de dañar..

El artículo 110, sobre injurias, impone multas de $1.500 a $20.000 y también excluye como delito los calificativos que, aunque sean lesivos del honor, se refieran a temas de interés público.

¿Cumplen los delitos de injuria y calumnia del Código Penal argentino con el requisito de estricta legalidad?

Conclusión:

• El Estado reconoció que estos delitos no eran suficientemente precisos.

• La Corte determinó que violaban los artículos 9 y 13.1 de la CADH.

  
  

Finalidad Legítima de Protección de la Reputación

¿Es la protección de la reputación de los jueces una finalidad legítima según la CADH?

Conclusión:

• Sí, la protección de la honra y reputación es una finalidad legítima (Artículos 11 y 13.2 de la CADH).

• El derecho penal puede ser una medida adecuada para proteger la honra y reputación, pero las sanciones en este caso fueron consideradas innecesarias y desproporcionadas por la Corte.

  
  

Necesidad y Proporcionalidad

¿Son las sanciones penales necesarias y estrictamente proporcionales?

Conclusión:

• Las expresiones críticas sobre funcionarios públicos deben tener mayor protección.

• La Corte encontró que la afectación a la libertad de expresión de Eduardo Kimel fue desproporcionada en relación con la afectación a la honra del juez.

  
  

Conclusión General

• La Corte concluyó que la restricción a la libertad de expresión fue desproporcionada y no cumplió con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad según la CADH.

La Corte reconoció a Kimel como la única víctima de las violaciones a sus derechos, de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención. Por lo tanto, es el único beneficiario de las reparaciones. Aunque los representantes y la Comisión mencionaron el sufrimiento de sus familiares, estos no fueron considerados víctimas directas en la demanda ni en los informes, por lo que no recibirán reparaciones.

Anulación de la sentencia penal:

• El Estado debe dejar sin efecto la sentencia condenatoria contra el Sr. Kimel, incluyendo su condena por calumnia, la pena de un año de prisión en suspenso y la multa de 20.000 pesos argentinos.

• Se debe eliminar el nombre del Sr. Kimel de los registros de antecedentes penales.

Indemnizaciones:

Daño material:

Kimel pidió compensación por los 16 años de litigio, incluyendo gastos como fotocopias, viáticos y difusión pública de su caso, además de una compensación por la pérdida de oportunidades laborales y el impedimento de publicar su libro

Daño inmaterial:

La Corte reconoció el daño emocional y profesional sufrido por Kimel, quien enfrentó angustia, depresión y desacreditación en su carrera. Como resultado, la Corte otorgó una indemnización económica por daño inmaterial.

Divulgación de la sentencia y acto público:

• El Estado deberá publicar la sentencia en un medio de circulación nacional y llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en un plazo de seis meses.