1. Protección de Derechos Laborales.

2. Preocupaciones sobre la Calidad Educativa.

3. Impacto Negativo en Condiciones de Trabajo.

4. Desconfianza hacia el Neoliberalismo.

5. Control Gubernamental Aumentado.

6. Historial de Corrupción y Clientelismo.

1. Desigualdad socioeconómica: La pobreza impide que muchas familias envíen a sus hijos a la escuela, perpetuando el ciclo de pobreza.

2. Género y educación: Las niñas enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la educación debido a normas culturales y sociales.

3. Conflictos y crisis: Las crisis humanitarias y conflictos interrumpen el acceso a la educación, afectando a millones de personas.

4. Calidad educativa: No solo el acceso es limitado; muchas escuelas carecen de recursos y personal capacitado, lo que afecta la calidad educativa.

Para cerrar esta brecha, se proponen soluciones como políticas inclusivas, empoderamiento de las niñas, inversión en infraestructura y formación docente continua. La conclusión destaca la urgencia de transformar el discurso en acciones concretas que hagan de la educación un derecho accesible para todos.

Factores como las condiciones socioeconómicas, la distribución desigual de recursos públicos, y la falta de infraestructura adecuada contribuyen a estas desigualdades, afectando el desarrollo económico y la cohesión social. Para reducir esta brecha, es necesario implementar políticas inclusivas, incentivos para docentes en áreas rurales, fomentar la participación comunitaria, e integrar tecnología educativa que amplíe el acceso. Estas medidas son clave para construir una educación más equitativa y fortalecer el desarrollo social y económico.

• Memorización: Los estudiantes son incentivados a memorizar datos y conceptos sin necesariamente entender su aplicación práctica.

• Exámenes estandarizados: El éxito académico a menudo se mide a través de pruebas que evalúan la capacidad de recordar información, más que la habilidad de analizar, sintetizar o resolver problemas.

Competencias digitales

La transformación digital está impactando todos los sectores, y la educación no es la excepción. Las competencias digitales incluyen:

• Alfabetización digital: Manejo básico de dispositivos y programas informáticos.

• Pensamiento computacional: Resolver problemas utilizando conceptos de la informática y la programación.

Pensamiento crítico

• El pensamiento crítico es fundamental para analizar y evaluar información de manera objetiva. Implica cuestionar suposiciones, discernir entre hechos y opiniones, y tomar decisiones fundamentadas. Se busca que los estudiantes no solo memoricen información, sino que desarrollen la capacidad de pensar por sí mismos, evaluando de manera crítica los problemas y situaciones.

Resolución de problemas

• La capacidad para abordar y resolver problemas complejos, creativamente y en equipo, es esencial en el mundo moderno. Esta competencia implica identificar los problemas, generar posibles soluciones y evaluar la mejor opción de manera colaborativa.

• Muchos sistemas educativos en América Latina están anclados en programas de estudio que no han sido actualizados para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. Esto puede deberse a factores burocráticos, falta de recursos o reticencia a cambiar metodologías que han estado vigentes durante décadas.

Enfoque en el rendimiento académico tradicional:

• A menudo, el éxito escolar se mide por la capacidad de los estudiantes para memorizar y reproducir información en exámenes estandarizados.

Falta de formación docente en nuevas competencias:

• Aunque muchos profesores están conscientes de la importancia de las nuevas competencias, no siempre tienen la formación o las herramientas para enseñarlas de manera efectiva.

Desigualdad en el acceso a recursos:

• La implementación de competencias digitales, por ejemplo, requiere acceso a tecnología que no siempre está disponible en todas las escuelas, especialmente en zonas rurales o de bajos recursos.

El contexto político. La reforma educativa de 2013

La reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó en el Congreso, sin mayor discusión ni oposición partidista, bajo el manto del Pacto por México, como parte del grupo de once reformas estructurales que se aprobaron los primeros veinte meses de gobierno.¹⁰ La reforma modificó los artículos 3 y 73 de la Constitución mexicana con la finalidad de dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos necesarios para mejorar la calidad educativa y fortalecer la equidad.¹¹

En lo que atañe al ciclo de políticas públicas, la reforma de 2013 identificó y definió causas precisas del problema de la baja calidad educativa para después diseñar acciones que atendían los problemas particulares de forma sistemática. Sin embargo, aunque se apegó a la teoría de las políticas públicas en cuanto a diseño, una serie de retos políticos y prácticos tergiversó su implementación y resultados.¹²

Durante todo el proceso de diseño e implementación predominó la percepción de que la reforma no era educativa, sino laboral. Esta percepción se construyó a partir de la combinación de cuatro factores: (i) la prensa, que desempeñó un papel muy importante como un actor político más en la ecuación, dando visibilidad a un puñado de temas sobre muchos otros también importantes;¹³ (ii) la prioridad sobresaliente que la autoridad otorgó a la evaluación del desempeño docente; (iii) la pérdida de poder que sufrió el SNTE y la CNTE sobre el sistema educativo, producto de la reconfiguración de los actores y del encarcelamiento de su líder Elba Esther Gordillo; y (iv) la incertidumbre de la base trabajadora en cuanto al servicio profesional docente, pues se reclamaban la pérdida de estabilidad en sus trabajos y las afectaciones a sus derechos laborales.¹⁴

Para que cualquier reforma de gran impacto social pueda concretarse, es indispensable que responda no sólo a los diagnósticos de quienes la decretan, sino también a las necesidades y aspiraciones profesionales de los actores encargados de implementarla.¹⁵ La reforma educativa de 2013, sin embargo, se emprendió sin el profesorado y simplificando la relación entre el control de ciertas prácticas negativas, como la herencia de plazas y la calidad educativa.¹⁶ La reforma educativa partió del supuesto de que, de manera casi autónoma, un magisterio mejor preparado (en la práctica esto sólo significaba mejores resultados en evaluaciones estandarizadas) aumentaría la calidad de todo el sistema. De esta manera, la responsabilidad se trasladó a un solo actor, lo cual se sumó a la construcción histórica de una imagen de los maestros como personas mal preparadas, incapaces e ignorantes.¹⁷ Lo anterior agudizó un problema histórico del sistema educativo: la desconfianza entre docentes y autoridades hasta que el conflicto escaló, predominando el desprecio, la descalificación, la minimización y la violencia policial, en particular en contra de la CNTE.¹⁸

La reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó en el Congreso, sin mayor discusión ni oposición partidista, bajo el manto del Pacto por México, como parte del grupo de once reformas estructurales que se aprobaron los primeros veinte meses de gobierno.¹⁰ La reforma modificó los artículos 3 y 73 de la Constitución mexicana con la finalidad de dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos necesarios para mejorar la calidad educativa y fortalecer la equidad.¹¹

En lo que atañe al ciclo de políticas públicas, la reforma de 2013 identificó y definió causas precisas del problema de la baja calidad educativa para después diseñar acciones que atendían los problemas particulares de forma sistemática. Sin embargo, aunque se apegó a la teoría de las políticas públicas en cuanto a diseño, una serie de retos políticos y prácticos tergiversó su implementación y resultados.¹²

Durante todo el proceso de diseño e implementación predominó la percepción de que la reforma no era educativa, sino laboral. Esta percepción se construyó a partir de la combinación de cuatro factores: (i) la prensa, que desempeñó un papel muy importante como un actor político más en la ecuación, dando visibilidad a un puñado de temas sobre muchos otros también importantes;¹³ (ii) la prioridad sobresaliente que la autoridad otorgó a la evaluación del desempeño docente; (iii) la pérdida de poder que sufrió el SNTE y la CNTE sobre el sistema educativo, producto de la reconfiguración de los actores y del encarcelamiento de su líder Elba Esther Gordillo; y (iv) la incertidumbre de la base trabajadora en cuanto al servicio profesional docente, pues se reclamaban la pérdida de estabilidad en sus trabajos y las afectaciones a sus derechos laborales.¹⁴

Para que cualquier reforma de gran impacto social pueda concretarse, es indispensable que responda no sólo a los diagnósticos de quienes la decretan, sino también a las necesidades y aspiraciones profesionales de los actores encargados de implementarla.¹⁵ La reforma educativa de 2013, sin embargo, se emprendió sin el profesorado y simplificando la relación entre el control de ciertas prácticas negativas, como la herencia de plazas y la calidad educativa.¹⁶ La reforma educativa partió del supuesto de que, de manera casi autónoma, un magisterio mejor preparado (en la práctica esto sólo significaba mejores resultados en evaluaciones estandarizadas) aumentaría la calidad de todo el sistema. De esta manera, la responsabilidad se trasladó a un solo actor, lo cual se sumó a la construcción histórica de una imagen de los maestros como personas mal preparadas, incapaces e ignorantes.¹⁷ Lo anterior agudizó un problema histórico del sistema educativo: la desconfianza entre docentes y autoridades hasta que el conflicto escaló, predominando el desprecio, la descalificación, la minimización y la violencia policial, en particular en contra de la CNTE.¹⁸

La implementación empezó por los aspectos laborales de la reforma -la evaluación del desempeño docente- y reservó para 2016 la parte educativa -el nuevo modelo educativo que se implementó a partir de 2018-. En ese momento, a pesar de todo lo que se había gastado en publicidad, las imágenes del gobierno federal y de la reforma se habían desgastado de manera considerable.¹⁹ De hecho, Carlos Ornelas señala las fallas de comunicación sobre el alcance de la reforma como la principal causa de incertidumbre, desconfianza y temor.²⁰ Además, a pesar de la notoria experiencia de las autoridades del INEE, de su prestigio académico y su elevado desempeño técnico, el instituto no tuvo tiempo de sumar la legitimidad necesaria para convertirse en un interlocutor válido entre las partes en conflicto.²¹

El gran problema de la reforma educativa no fue su diseño o la parte técnica de la política pública, sino el aspecto político de su implementación. En breve, predominaron los logros políticos sobre los educativos.²² Aunque la reforma incluía muy diversos temas organizados en torno a siete prioridades, la atención pública que recibió la reforma giró sobre todo en torno al INEE y a su relación con el Servicio Profesional Docente.