Imputabilidad: Es la capacidad que tiene una persona de entender que está realizando un acto ilícito con consecuencias jurídicas, siendo consciente de que puede ser castigada con la correspondiente pena establecida en la ley.

Tipicidad: La acción u omisión realizada por la persona tiene que estar tipificada como delito en el Código Penal.

Antijuridicidad: El acto tiene que provocar un daño en la sociedad que lesiona el bien jurídico protegido.

Culpabilidad: El sujeto tiene que realizar la acción con dolo o por imprudencia.

• Defensa.

• Estado de necesidad.

• Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Se refiere a la capacidad que tienen las organizaciones, empresas o entidades para ser consideradas responsables en el ámbito penal por ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio.

Responsabilidad penal de los menores: Se establecen medidas especiales para la responsabilidad penal de los menores de edad, considerando su capacidad de comprensión y desarrollo.

Responsabilidad penal especial: Cuando el delito cometido puede ser cometido únicamente por el sujeto en cuestión, dado que requiere de algún tipo de posición o poder especial, como es por ejemplo ser funcionario público, como es el caso de la malversación de fondos públicos (peculado) o la prevaricación.

Delito de lesiones: Este es un delito de resultados cuando ya se ha producido la lesión, sea en el grado que sea, o la muerte del trabajador/a en un accidente de trabajo

Imprudencias: Cuando el elemento principal del accidente de trabajo es el grado de negligencia o la falta de prudencia. Estos serán la mayoría de accidentes de trabajo con responsabilidad penal. Aquí, el punto clave es la falta de previsión por parte del responsable de un accidente producido que podía haber sido evitado con el uso de medidas de protección racionales.

Esta responsabilidad se aplica especialmente en delitos económicos y empresariales, donde los órganos de dirección y representación de las entidades pueden ser responsables individualmente.

El Código Penal establece la culpa como:

«Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo».

Esto significa que una persona conoce y sabe con anterioridad que su conducta es punible y delictiva y sin embargo la comete.  Puede ser cometido por:

• Profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo que asesora mal y mueren los trabajadores.

• Trabajadores que matan a su compañero por realizar una labor imprudente.

El artículo 22 del Código Penal Colombiano establece la definición de dolo así:

«Artículo 22. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar».

Por ejemplo:

• Empleador que incumple normas de seguridad y salud en el trabajo, no capacita, no proporciona elementos de protección personal

Este tipo de homicidio se  define en el artículo 105 del Código Penal así:

Artículo 105.Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro, incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuida de una tercera parte a la mitad.

El homicidio preterintencional se presenta cuando una persona a pesar de conocer que la conducta es ilegal o punible quiere cometer un acto que no sea de gravedad, pero que al final resulta siendo mucho más grave de lo que pensó.

de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien

(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando

medios motorizados o arma de fuego, se impondrá

igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente

de tres a cinco años (Código Penal, 2000, p. 136)