Pero en la actualidad debido al ajuste sufrido en nuestro país desde el gobierno de Mauricio Macri, quién redujo en Ministerios de Salud a una secretaría, estas políticas públicas de salud sexual y reproductiva se vieron recortadas y desmanteladas. En este contexto hay sectores de la sociedad que se encuentran más vulnerados, lo son las mujeres, niñas, adolescentes y disidencia. Relacionándolo con las características que trabajamos en el día de ayer, se puede apreciar en este ejemplo un papel débil de un Estado ausente que pierde legitimidad de las formas democráticas de gobierno, y que genera desigualdad en los sectores de la sociedad.

Comparto link de la ley provincial, nacional y una noticia que describe brevemente la situación actual en materia de salud sexual y reproductiva:

https://www.pagina12.com.ar/140471-de-salud-ni-hablar 

 

Este Observatorio toma las denuncias que se hagan a los Medios Masivos y las Redes Sociales en cuanto a la difusión de  contenidos que refuerzan estereotipos, injurian, difaman, discriminan, o atentan contra la dignidad de las.  La denuncia se realiza mediante correo electrónico.

Reflexión:
Veo esta política como una forma de tomar acciones en cuanto al reclamo de sectores de la sociedad, sea desde movimientos sociales o desde la academia. Sin embargo, identifico un vacío es la responsabilidad del Estado que deja en manos de los ciudadanos ser los responsables de realizar las denuncias.  Si bien hay una política que lleva este gobierno de participación ciudadana (siguiendo tendencias globales de Gobierno Abierto), esta participación debiera reforzar las acciones estatales y no estas descansar sus funciones en la ciudadanía.   No hay por otra parte una clara identificación de las sanciones y una propuesta de prevención.  

Otro punto es que desde su publicación oficial no  incluye disidencias o minorías sexuales que no se sientan identificadas y que estén siendo atacadas desde los medios.

Por otra parte, actúa sobre relatos ya construidos y no propone ni sugiere nuevos discursos donde se escuchen otros tipos de voces (entiendo igual que no es este su objetivo, pero tampoco está presente en el Plan Nacional de Acción 2017-19). 

 https://www.argentina.gob.ar/inam http://feim.org.ar/2017/09/07/crean-el-instituto-nacional-de-las-mujeres/
https://www.argentina.gob.ar/observatorio-de-la-violencia-simbolica-y-mediatica 

Cada uno de los 13 Ministerios será encargado del diseño y gestión de acciones y políticas de acuerdo a la materia que le compete en coordinación con otras instituciones públicas y privadas. Según lo estipulado en el artículo 5 que alude a la integración del Organismo Ejecutivo; entre los entes rectores de Políticas públicas están las Secretarías de la Presidencia siendo este caso la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- la institución responsable de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres PNDIM y Plan de Equidad de Oportunidades –PEO-  2008- 2023. 

Este instrumento puede entenderse como la expresión de ejes estratégicos y acciones orientadas a incrementar el acceso de las mujeres sin importar su edad ni condición étnica (mayas, mestizas, garífunas y xincas) a los recursos, bienes y servicios, redistribuyendo tanto los recursos como las oportunidades entre hombres y mujeres. Dando cuenta que históricamente las mujeres han sido excluidas de la participación política, del empleo e ingreso, la economía, la educación y la salud (tomando en cuenta casos de Sida y VIH en mujeres así como las violencias ejercidas sobre ellas). En esta política también se toma en cuenta la discriminación y el racismo sobre todo dirigido a mujeres mayas, garífuna y xincas. 

Uno de los problemas que afectan la plena incorporación de las mujeres en la economía está ligado a su falta de incorporación en las políticas macro y micro económicas. Esto tiene como efecto la invisibilización en las cuentas nacionales de los aportes de las mujeres en las diferentes ramas de actividad económica y productiva (SEPREM, 2007, p. 14).

Además de visibilizar estos aspectos, dicha política promueve la participación de las mujeres en los círculos de decisión y en estructuras de intermediación, favoreciendo su organización y participación.

La política empezó a implementarse en el año 2009 y refiere a su aplicación a nivel Nacional, aunque esta política sí ha sido evaluada dando cumplimiento a la literal b del artículo 11 de la Ley del Organismo Ejecutivo, aunque su aplicación en la práctica es cuestionable, según el Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación realizado, ya que han habido muy pocos avances si se profundiza en el caso de las mujeres en el área rural pues tienen muy poco acceso a los recursos y a hacer efectiva su organización y participación. A ello es menester agregar que el acceso a la tierra es muy limitado si se le compara con la situación de los hombres, lo mismo que sucede con el acceso a servicios imprescindibles como salud y educación sobre todo en mujeres rurales mayas, garífunas y xincas. Otra de las limitantes es superar la ausencia de normativas internas en las instituciones estatales porque no incorporan los derechos humanos de las mujeres.

La relación de esta Política Pública con el proceso de Globalización que se ha estado analizando, es que entre de los grupos más vulnerables ante la implementación de políticas neoliberales de parte del Estado, se encuentran las mujeres sobre todo rurales no importando su condición etárea ni étnica, quienes se han sido afectadas por su falta de acceso a servicios básicos y por ser relegadas de ser partícipes en la vida productiva evidenciando falta de empleo y recursos. A ello es preciso agregar que la inequitativa distribución de la tierra se debe a que el Estado ha permitido la invasión de la misma para la operación de empresas transnacionales con repercusiones desfavorables en los recursos naturales de los que se valen las comunidades rurales para subsistir, mostrando de esta manera la crisis alimentaria a la que refiere Alicia Girón si se le analiza desde una perspectiva de género y feminista.

Estando esta política a cargo de la SEPREM y pudiendo ser monitoreada por organizaciones de mujeres, es importante destacar que empiezan a hacerse visibles los aportes derivados de los feminismos como recursos liberadores de opresiones hacia las mujeres.

En cuanto a la mención de la política sobre el “desarrollo” es imprescindible evaluar si este desarrollo promovido tiene pertinencia cultural y si este modo de vida que se desea promover es compatible con el de las mujeres rurales ya que entendido el “desarrollo” como proceso occidentalizado, parece acercarse más al discurso hegemónico que culpa a las mujeres mayas, garífunas, xincas y a las comunidades rurales del atraso de este país.

 
 http://190.111.1.13/CAPP/documentos/2/Politica%20Promoci%C3%B3n%20%20y%20desarrollo%20Mujeres%202008-2023.pdf 

En el contexto de un mundo globalizado donde las TIC son una de sus características fundamentales y de los intentos de desarrollo y modernización de Argentina, este plan responde a las exigencias de los avances tecnológicos,  los consecuentes cambios sociales,  y de la necesidad de integración que tienen ciertos sectores sociales para no quedar aislados y  poder participar activamente en las tecnologías.

Este sustituye al plan conectar igualdad que funcionaba desde el año 2010 poniendo fin, lamentablemente, a la entrega de pcs al alumnado, medida que facilitaba la accesibilidad acortando la brecha digital existente en el país. El actual gobierno macrista considera que esta brecha estaría subsanada basándose en que el  95,7% de los adolescentes que finalizan la escuela secundaria, tienen celular, de los cuales, el 87,7  cuenta con al menos una computadora.

Aquí se refleja la invisibilidad de parte de la población (pobres, estudiantes rurales, etc) que no tiene acceso a ciertos bienes, incluso a la educación, debido a las consecuencias de las políticas neoliberales actuales: incremento de la pobreza, inflación desbordada, etc. Si bien esta política apunta a una integración a la nueva era tecnológica, no la considero una “política integral” o  inclusiva posible, ya que debe complementarse con el acceso real al equipamiento (pc); ésta es reflejo de la línea política actual de sacar recursos a políticas sociales de igualdad y justificarlo por medio de un discurso conveniente.

Links:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/309610/norma.htm

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender-conectados

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/cual-es-el-objetivo-de-aprender-conectados-el-plan-educativo-que-reemplaza-a-conectar-igualdad-nid2132718

Por lo expuesto me interesó compartir la Política de Plan Ceibal. Según el documento que compartí anteriormente, el impacto más fuerte del Plan se da a nivel social ya que la computadora es personal, va al hogar del niño, es de su propiedad lo que ha generado que muchas familias por primera vez hayan tenido computadoras y acceso a internet en todo el territorio incluso sector rural. A nivel educativo según algunos indicadores el impacto no ha sido el esperado en lo que incide el rechazo inicial de los maestros hacia el uso didáctico de las computadoras, fenómeno que se ha ido revirtiendo paulatinamente.

El plan Ceibal asimismo se ha extendido a otro Plan que se llama Ibirapita por el cual a todos los adultos mayores jubilados o pensionistas se le otorga una tablet con acceso a internet. Comparto el siguiente link:

En Argentina, la política pública de vacunación amplió considerablemente el calendario de vacunación durante los gobiernos populares de Néstor y Cristina Kirchner. Desde el año 2004 hasta 2015, el calendario argentino pasó de tener 8 a 19 vacunas. 

La Ley nacional 27.491 de salud pública, sancionada en el año 2018, regula la vacunación como estrategia de salud pública preventiva y como un “bien social” cuyos principios son la obligatoriedad, gratuidad y el acceso a las vacunas con equidad social para todos los habitantes del país. 

Recientemente, la Defensoría de la provincia de Formosa, pidió al Estado Nacional que se cumpla con el calendario nacional de vacunación, debido al faltantes de vacunas en esa provincia (como en otras como Buenos Aires). 

Durante el año 2018, el gobierno nacional suspendió la vacuna contra la meningitis para niños mayores a 11 años, debido a restricciones presupuestarias. 

Asimismo, en el mismo año, a partir del decreto del Poder Ejecutivo, Nº 801, se elimina el Ministerio de Salud (entre otros) y la salud pública pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Social  y Salud de la Nación. 

Estos recortes en materia de salud pública en general y en particular en la política pública de vacunación nacional, son realizados en medio de un contexto de brutal ajuste económico que lleva adelante el gobierno de Argentina, siguiendo las recetas del FMI.  Se prioriza el equilibrio fiscal, los intereses financieros frente a los derechos sobre la salud de la población.

En relación a esta política pública me interesa destacar algunas trabas generadas en efectores de salud públicos, siendo la cara visible de éstas lxs profesionales como funcionarixs de Estado. En base a mi trayectoria laboral en diferentes centros de salud del Municipio de La Plata y en un Hospital General Provincial puedo reconocer que existen grandes dificultades en el acceso a la salud sexual de la población de referencia. Estas dificultades se deben por un lado, como bien destaca la compañera a la falta de métodos anticonceptivos (MAC) y de barrera en los efectores. Si bien en los últimos años se ha agudizado, disiento con ella, ya que en gobiernos anteriores la distribución de los mismos, no era muy diferente a la actual. 

Por otro lado como señala la Ley Pcial en su artículo 2° en relación a la capacitación de lxs profesionales y a la garantía por parte de médicos de que la población pueda acceder a métodos libremente sin discriminación alguna, los obstáculos que se presentan se vinculan fuertemente con imaginarios y representaciones en cuanto a la salud sexual. Es decir, la elección libre e informada se ve condicionada no solo por los métodos disponibles al momento de la consulta sino también por las prescripciones (“¿imposiciones?”) que realizan lxs profesionales. Ejemplos de esto pueden ser, numerosos trámites y estudios como condición para acceder a anticonceptivos orales; interconsulta con servicios de salud mental (consulta e informe psicológico) para acceder a la ligadura tubaria, dispenser de preservativos en lugares a los que lxs usarixs del efector no acceden sin turno. Incluso en los últimos años el aumento en la distribución de implantes subdérmicos anticonceptivos. Que algunos métodos se distribuyan con mayor frecuencia y en mayor cantidad que otros, debería alertarnos también sobre el papel de los agentes trasnacionales como laboratorios que producen MAC.

En base a esto quisiera resaltar que si bien en la letra la legislación tiene una concepción de derechos y habla de la participación de varones en situaciones de embarazo y paternidad responsable, la política está fuertemente destinada a mujeres y personas con capacidad de gestar, con un objetivo de control de sus cuerpos, imponiendo requisitos para acceder a MAC, naturalizando que los estudios sobre prevención de ITS sean en el marco de consultas por control de embarazo. 

Por ultimo en relación a las representaciones de profesionales en cuanto a la salud sexual, resaltaría la injerencia de actores trasnacionales como organizaciones religiosas (Grabendorff, 2017) penetrando discursos y practicas al interior de los efectores de salud pública, sobre modos de concebir la salud sexual, las relaciones sexuales, las identidades de género, etc. En muchos casos la capacitación que en la letra de la ley queda bien explicita a lxs profesionales, en el plano de la práctica es nula o vacía de contenidos vinculados a derechos, equidad y diversidad de género.

Dejo un link  para seguir pensando, con un video organizado por el colectivo Ovejas Negras y el Ministerio de Salud Pública en Uruguay, donde se refleja cómo las prácticas, concepciones e imaginarios de profesionales pueden obstaculizar o garantizar el derecho a la salud.

De carácter obligatorio en todo el territorio nacional.

Decreto 2.035/15. Parto Humanizado. Obligaciones de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.

Permite tener un parto respetado y positivo en base al respeto a los derechos de la madre, del padre y del bebé recién nacido.

Análisis de la PP
A este respecto me interesa debatir sobre la intervención que se hace en el cuerpo de las mujeres desde una mirada patriarcal, basada en una medicina occidentalizada en donde “otro”, bajo la falacia de un saber mayor y coaptado por la mercantilización de la salud y la medicina determina prácticas invasivas (cesáreas, apicectomías), no informa adecuadamente e interviene, en algunos casos, de manera vejatoria. Esta perspectiva limita el poder de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, que se basa en prácticas violentas institucionalizadas definidas por estos saberes médicos; dejando de lado los ancestrales en relación con el parto. ¿Pero, no se trata de nuestro cuerpo? ¿Estamos colonizadas en nuestro propio territorio? ¿Decidir no es también elegir cómo parir?

Quisiera hacer hincapié en el artículo 2 que dice que toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos (entre otros):  

c)      A ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto”.

d)     Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer.
Pero hay grandes desafíos en su cumplimiento. Comenzando por una falta de control en los centros médicos privados y una falta de concientización y capacitación para trabajadores/as de la salud. ¿Hay realmente políticas públicas en los hospitales públicos y privados que permitan que la ley pueda cumplirse? CIPPEC, por ejemplo, enfatiza en la importancia de:  

A la vez quisiera mencionar a la creación del Programa sobre Parto Respetado para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Obstétrica, en el marco de la investigación que integra el Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030, impulsada por el Defensor del Pueblo. 

En última instancia, quisiera mencionar el limitado alcance de la ley que no establece el derecho de las mujeres de pueblos originarios a parir en hospitales públicos bajo condiciones ancestrales. Nuevamente queda limitada a la generalidad.

 

https://www.infobae.com/sociedad/2017/06/28/aca-no-estamos-para-cumplir-los-caprichitos-de-los-padres-la-historia-detras-del-primer-juicio-por-violencia-obstetrica-del-pais/

https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/ushuaia-quiaca-parir-casa-argentina_0_BJr7GQhkX.html
https://www.conicet.gov.ar/del-pariras-con-dolor-hacia-el-parto-respetado/
http://www.dpn.gob.ar/programa-parto-respetado.php

 

En Chile, se implementó a partir del año 2007, a nivel nacional,  en una alianza entre el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), ahora Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. Este tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad y las opciones laborales de las mujeres inscritas en el programa, a través de los instrumentos de capacitación SENCE, en oficios que les permitan tener ingresos como dependientes o independientes. Está orientado a trabajadoras jefas de hogar y  mujeres que están en la condición de trabajadora jefa de núcleo secundario siendo ésta la mujer activa que vive al interior de un hogar que tiene un jefe o jefa, pero con su aporte económico mantiene cargas familiares de su núcleo (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 2019). 

Reflexión 

Si bien, por un lado, este programa permite la inserción y permanencia de las mujeres y jefas de hogar al mercado del trabajo remunerado, hay cuestiones que no considera, pese a que es clasificada como una política pública de género para mujeres de los primeros tres quintiles (más pobres). Por ejemplo, no estima la precarización del mercado laboral en Chile, el dilema del cuidado para las mujeres que son madres, la doble o triple jornada a las que se ven expuestas, la reproducción de roles y estereotipos de género que se produce en la oferta formativa del programa. Esta cuestión que se relaciona con lo mencionado por Escobar (2018) basado en Mohanty, respecto de la producción del conocimiento acerca de las mujeres, como carentes de opciones y de libertad de acción, en el discurso del desarrollo. Finalmente, la creación de programas sin un pensamiento crítico feminista, lleva a las mujeres a tomar empleos proletarizados y precarizados, ya que el discurso dice que no existen muchas más opciones para ellas, que en vez de emanciparlas, las hace más vulnerables (Carosio, 2017). 

Si bien aseguraró que este cambio permitirá una mejor organización y ahorro de fondos, es indiscutible que degradada la jerarquía de Salud en el organigrama estatal e implica la pérdida de autonomía en el manejo presupuestario, la continuidad de los programas sanitarios y deja a la luz el peso simbólico de los problemas sanitarios. 

Jorge Yabrowsky, titular de FESPROSA, consideró que la subsunción de Salud a Desarrollo Social “implica poner a la salud pública bajo las políticas asistenciales”, teniendo en cuenta las características de este Ministerio, lo que es “toda una mirada sobre el sistema de salud” (4)

¿Será esta política parte del mito de la “austeridad”  (Girón, Webconferencia PRIGEPP, 2019) que vela una concepción de la salud? 

La autoridad sanitaria nacional dirige un sector de poder (corporaciones medicas, sindicatos, usuarios, industria farmacéutica) y responde a un proyecto político en sus acciones. El sistema de salud de la Argentina presenta desigualdades en la cobertura, inequidades en el acceso y en el proceso de atención. Según Adolfo Rubistein “es segmentado y plural, compuesto por el sector público, que da cobertura exclusiva a 16 millones de argentinos; la seguridad social, que da cobertura a 26 millones, y el privado, que cubre a 6 millones, 4 de los cuales provienen de convenios entre obras sociales y prepagas. Los tres subsectores están fragmentados: el público, descentralizado en 23 provincias y la CABA (las prestaciones médicas las brindan las provincias y en algunos casos de grandes provincias, también los municipios); la seguridad social, con más de 300 obras sociales, y el PAMI; y el privado con más de 200 empresas de medicina prepaga.”(4) 

¿Cuál es el rol del Estado para dar respuestas a los problemas y demandas sanitarias de la población?

Depende desde que lugar el Estado considere a la salud: si como un derecho del cuál es garante o como una mercancía expuesta a la lógica del mercado. Un estado que regule el acceso universal, gratuito y solidario, que provea servicios de calidad o uno que liberalice y desregule para que los consumidores individuales accedan, según su capacidad de pago.

El desmantelamiento de la Dirección Nacional de Control de Vectores, el cierre de varios programas de salud sexual y reproductiva, el recorte en la provisión de medicamentos, el retiro de los equipos territoriales de salud mental, la falta de medicamentos oncológicos y vacunas, las falencias del CUS (Cobertura Universal de Salud), el despido de trabajadores en los hospitales Garrahan y Posadas dan muestras concretas de la visión actual acerca de la salud pública.

Los ajustes propuestos desde el FMI, sus recetas ya fracasadas y vueltas a aplicar me llevan a preguntarme ¿cuál es el grado de responsabilidad del gobierno local ante la embestida de la globalidad.? Si  “la falta de Estado no solo promueve el «desorden mundial», sino que también socava la legitimidad de las formas democráticas de gobierno”, (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2019, 2.6.1) entonces, qué destino le espera a la población de menores recursos para acceder a la salud?

Carosio me devuelve la esperanza anclada en la emacipación humana desde “la reflexión colectiva transformadora como alternativa para un mundo más justo, libre e igualitario”(6)

(1)   http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=314078

(2)   http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3477/argentina-salud-publica-historia-tomo2.pdf?sequence=1

(3)   https://www.youtube.com/watch?v=pL7SNQdJ18E

(4)   https://www.diariocontexto.com.ar/2018/09/04/alerta-por-la-eliminacion-del-ministerio-de-salud-y-una-renuncia-sensible/

(5)   https://www.lanacion.com.ar/opinion/para-terminar-con-la-inequidad-sanitaria-nid2123429

(6)    Carosio, A. (2017). Perspectivas feministas para ampliar horizontes del pensamiento crítico latinoamericano. En M. Sagot Rodríguez, Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina (pp. 17). Buenos Aires: CLACSO. 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO
 Desde el planteo social y el tratamiento en el Congreso sobre la ley ILE, pareciera que la población objetivo prioritario en este momento para el estado, son las mujeres adolescentes y jóvenes (en edad reproductiva).

Da cuenta de esto  la creación en el  2017 del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que busca garantizar los derechos de las y los adolescentes a acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y asesoría en las escuelas, consejería en salud sexual y reproductiva.

VACIOS

Hay que señalar, en cuanto a las responsabilidades del Estado, la falta de monitoreo para el correcto cumplimiento de la ESI y la falta de materiales y capacitaciones docentes para el trabajo diario. También el presupuesto y objetivos para este año, son aún menores a los niveles alcanzados en años anteriores.

Pareciera que con el ENIA se tapa de alguna manera el vacio de la no aplicación de la ESI.

En la Provincia de Buenos Aires, pareciera que ese vacío también “se está tapando”, mínimamente, con el  programa del Ministerio de Educación provincial de Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP), cuya aplicación por parte de las escuelas es  voluntaria, aunque cabe decir que en lo formal es adoptado, al menos enunciativamente. Así es que, gran parte de las escuelas tienen como proyecto  “La ESI”, que queda a la gran voluntad de les docentes que se animen a darla. Y digo animen, porque no se ha recibido capacitación sobre ABP y en su gran mayoría tampoco sobre ESI.

 

Aprendizajes Basados en Proyectos http://abc.gov.ar/formacion_continua/recursos-educativos/aprendizaje-basado-en-proyectos)

1-La Ley Nacional de Educación 26.206 trajo la obligatoriedad, algo que antes parecía impensado. Esto significó un cambio de paradigma educativo en nuestro país, ya que no todes les jóvenes accedían a este derecho. Históricamente la educación fue para determinado sector social, y para el género masculino (varones, blancos, clase media/alta). Sin embargo, tener una ley nacional no hace que milagrosamente las cosas cambien, sino que sirven de marco y base, nos apuntalan. Por lo tanto, es indispensable la apropiación de las normativas vigentes para que no se vuelvan letra muerta. La obligatoriedad en todo el territorio nacional, permitió pensarnos como sujetos de un derecho tan fundamental como lo es la educación, y este derecho en particular, aumenta las posibilidades de pensar un proyecto de vida, nos permite la movilidad social y sobre todo disminuye la desigualdad, ya que el conocimiento se democratiza, como así también se puede soñar acceder a otros trabajos, al menos con un poco de estabilidad laboral.

Hace unos años nuestro país viene subsistiendo a un avasallamiento de las políticas públicas y la educación no es la excepción, pero en la provincia de Santa Fe (donde resido) contamos con un Plan llamado “Vuelvo a Estudiar” [i]del Ministerio de Educación, el mismo está íntimamente relacionado con el “Plan Abre”[ii](Plan Integral de Barrios). Este plan intenta no quedarse sólo con la letra de la obligatoriedad, sino que propone alternativas para que les jóvenes estén en la escuela. El Estado provincial pudo leer que había un sector de la población que por diversos motivos pasaban a formar parte del grupo denominado “desertorxs escolares”. Sin embargo, a pesar de esta lectura realizada y de la buena voluntad, hay algunas cuestiones que creo importante por lo menos pensar.

Para comprender mejor el Plan Vuelvo a Estudiar, es necesario decir que hay una pata territorial (consejeros), que se encarga de buscar a les jóvenes que han abandonado la escuela y brindarles una alternativa acorde a sus necesidades. ¿Cómo saben qué jóvenes dejaron? Esto es muy simple, lo saben por el Sistema de Gestión Administrativa Escolar (SIGAE ), la falencia de este sistema – desde mi punto de vista- es que solo recupera los datos de les jóvenes que han abandonado recientemente (el año anterior).

La otra pata de este plan es el seguimiento del joven dentro de la institución educativa. Allí directores, docentes, y otres, acompañan la particularidad de esta trayectoria y de ser necesario se vinculan con el consejero (pata territorial) para que sostener a ese/ esa joven (ingreso permanencia y egreso). Lo que me pregunto es si con eso alcanza.

Actualmente este plan también cuenta con otros soportes para concretar su objetivo,  uno de ellos es el “Vuelvo Virtual”. En esta plataforma, las personas que deseen finalizar sus estudios pueden hacerlo. El problema que presenta esta alternativa es que generalmente, las personas que no han completado sus estudios, son aquellas con menos recursos, por lo que acceder a una computadora con internet no resulta algo sencillo.

Por otro lado, debo mencionar que por el 2014 surgió una propuesta muy interesante en la escuela  N 511. La misma se trató de una vinculación compleja, pero que en la actualidad sigue teniendo un impacto positivísimo (en términos de que se logra el objetivo) en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. A continuación detallo un poco la estrategia que se dieron:

 La escuela demandaba alguna alternativa para aquellas jóvenes que habían sido madres y que no podían sostener una trayectoria tradicional,  al mismo tiempo en el territorio estaba trabajando el Programa Juventudes Incluidas de la Secretaria de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad[iii]. Este programa escuchó el emergente planteado y articuló con el plan “Vuelvo a Estudiar”, fue así que se creó en aquel momento el espacio “Mamá vuelvo a estudiar del Vuelvo a Estudiar para Juventudes Incluidas”[iv]. Actualmente, ya no se llama así, ya que superó  las expectativas y hoy en día es una alternativa para todes aquellos jóvenes que deseen volver a la escuela, en principio con horarios flexibles y resolviendo trabajos prácticos junto a tutores voluntarios para ser evaluados a fin de año. 

2- En principio, debo decir que creo que el Estado debe darse las estrategias, para garantizar derechos.  Sin embargo, algunos puntos me generan ruido. Sinceramente creo que no se termina de comprender que la escuela como está planteada hoy (estructuralmente)  es excluyente, por lo tanto hay un problema de base. Me cuestiono también el rol del Estado como garante de derechos, ¿alcanza con el ingreso, la permanencia y el egreso?, ¿acaso la calidad educativa no hace una inclusión real? , ¿qué pasa cuando esxs jóvenes que logran completar el nivel secundario y desean seguir un estudio superior? 

En segundo lugar, no se hacen lecturas complejas con perspectiva de género. Las mujeres generalmente son las que deben abandonar tempranamente su educación ya que se las asocia al rol del cuidado o están atravesadas por la maternidad (maternidades no siempre deseadas), si sostienen la escolaridad desconocen sus derechos  (Ley 25.273 [v]Régimen Especial de Inasistencias Justificadas por razones de gravidez para alumnas que cursen los ciclos mencionados, en establecimientos de jurisdicción nacional, provincial o municipal, Ley 25.584 [vi] Prohíbese en los establecimientos de educación pública toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas) entre otros. Pienso en las políticas públicas que nos faltan para nuestras jóvenes. Marta Lamas dice, “No basta con declarar igualdad de trato, cuando en realidad no existe igualdad de oportunidades”[vii] 

Por otro lado, observo que estas políticas públicas se logran usando los cuerpos de las personas. En el caso del programa juventudes incluidas a costa de lxs turores voluntarixs (que en su gran mayoría son mujeres, estudiantes de los profesorados), por otro lado se les carga trabajo a les docentes  (también en su mayoría mujeres),lo mismo sucede  lxs consejerxs del plan vuelvo (son jóvenes precarizados, ya que las condiciones laborales son paupérrimas. Cobran contratos o becas y se exige un trabajo territorial complejo y que demanda muchísimo tiempo). Lxs docentes (mayoría mujeres) del “Vuelvo Virtual” tiene horas que se mal denominan “a término”, es decir, son horas mal pagas que utiliza el Ministerio de Educación y que finalizado el año se caen del sistema, dejando sin trabajo a un tendal de docentes. Estas horas no generan antigüedad en el cargo docente, lo que impide sumar puntos para la carrera docente, son horas que generan incompatibilidad horaria, entre otras características negativas. En síntesis, creo que hay que seguir pensando políticas de calidad, reales, igualitarias y que no se basen en la explotación laboral de les trabajadores por parte del Estado.

 

 

[i] http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/Vuelvo-a-Estudiar-Virtual.pdf[ii] https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/193144[iii] El programa Juventudes Incluidas, entiende que la seguridad es tener garantizados los derechos básicos, por eso su línea de acción se direcciona en ese sentido. Lo interesante es que dicho programa empieza a intervenir en los tres barrios más conflictivos de la ciudad (barrios que se determinan a partir de un relevo del PNUD, por la alta violencia lesiva), lo curioso es que sólo se pensaba trabajar con jóvenes varones, ya que la forma de medir la violencia era a través de las marcas en los cuerpos masculinos, dejando absolutamente de lado las diversas manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres.[iv] https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/10/13/educacion/EDUC-01.html[v] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63777/norma.htm[vi] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74073/texact.htm[vii] Marta Lamas “La perspectiva de género”. Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE. Nro.8.Enero-marzo 1996.

En Argentina, el ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –ahora Secretaria- impulsa una política pública llamada Referencial de Gestión de la Calidad Ocupacional con perspectiva de género. La Secretaria de Trabajo y Empleo de la Nación interactúa con Sindicatos, Cámaras Empresarias y otros Organismos del Estado para establecer la perspectiva de género en sus planes y programas. Esto lo lleva adelante la Dirección de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el Mundo Laboral, a través de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (Resolución MTEYSS N° 656/02 y Resolución MTEYSS N° 1095/07). En el 2018 la Secretaria de Trabajo, en el marco de dicha política, lanzo la Certificación para la Igualdad de Género a través de la Referencial N° 11 del IRAM -Instituto Argentino de Normalización y Certificación-. Dicha política promueve que las empresas certifiquen por haber incorporado prácticas para mejorar las condiciones laborales y aumentar las oportunidades para las mujeres. La certificación es un modelo de colaboración público-privado apoyado por el BID y el Foro Económico Mundial, y busca reducir la brecha económica de género. 

Dicha política adolece, en mi criterio, de varias debilidades: es voluntariedad de las empresas suscribir el compromiso y falta control e inspección por parte del Organismo de aplicación; si bien muchas empresas lo suscriben, en el marco de la “Responsabilidad Social Empresaria”, no termina siendo efectivo. 

Esta política enmarcada en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la ONU y financiada por el BID,  se puede asociar a una reproducción actual del Discurso del Desarrollo (Escobar, 2014). Asimismo, me pregunto ¿Qué pasa con las trabajadoras que no tienen un trabajo registrado? ¿Qué pasa con las migrantes que no pueden acceder a  los circuitos formales ni informales del mercado de trabajo? 

Esta política pública está dirigida a las trabajadoras que se encuentran con un empleo registrado en el circuito formal del mercado de trabajo pero, quedan afuera los sectores más vulnerables de la población: trabajadoras informales y trabajadoras migrantes sin acceso al sector informal de trabajo. 

Dentro del contexto latinoamericano de globalización podemos pensar entre la relación que existe entre las violencias que sufren las mujeres y la justicia patriarcal que perpetúan situaciones de desigualdad. Más allá de que esta Ley en particular lleva el nombre la joven asesinada en Entre Ríos, Argentina, por un hombre con antecedentes penales por violación,  las mujeres en situación de vulnerabilidad (social, económica, educativa) en caso de sufrir violencia de género (doméstica, laboral) deben poder contar con fallos que muestren un real compromiso por detener comportamientos intolerables y tipificados en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, de lo contrario sólo verán perpetuada la dependencia del agresor o la vulnerabilidad en los contextos que transiten. 

 

Análisis de la PP

En este caso, el público destinatario es el personal de los poderes del Estado, pero las beneficiarias finales de la Ley, construidas no sólo desde la redacción jurídica, sino también desde el recuerdo colectivo de Micaela, son las mujeres que necesitan protección por parte de mismos organismos que se supone, deberían defenderlas. Lo cual nos exige debatirnos entre la indefensión o la negativa de gozar de derechos.

Volviendo a la dotación, el texto se muestra en conciencia de las posibles resistencias y necesidad de sanciones que podrían surgir (no por nada la capacitación de las máximas autoridades estará a cargo directamente por el INAM) además de, nuevamente desde lo imaginario, el foco está en la dotación judicial.  

El vacío que encuentro en la implementación es la efectiva capacitación de quienes se nieguen. Se establece que esas personas serán intimadas, que el incumplimiento será considerado falta grave y que se podrá publicar la nómina en la web. Los índices de corrupción y de encubrimiento machista en las organizaciones hacen que desconfíe del efectivo cumplimiento. Por otra parte, sin presupuesto con perspectiva de género tampoco se podría asegurar una implementación eficaz. 

Análisis: Aún en el siglo XXI, es necesario establecer un lucha contra el sistema patriarcal, reproductor de desigualdad y violencia, buscando el reconocimiento de los derechos de mujeres, niñas y hombres diferentes al masculino establecido, como seres humanos con equidad de oportunidades en todos los ámbitos, sociales, educativos, políticos, económicos, etc. Las políticas sociales en CR han tenido un carácter de contención/mitigación, más que de reducción de la pobreza, brindando los servicios por demanda, sin llevarlos a quien más los necesitara, propiciando una conservación, o mantenimiento de la exclusión. Los “pobres”, en este caso las mujeres, aquí se ven como seres humanos que requieren las “condiciones necesarias”, para el desarrollo de sus capacidades de gestión, conocimientos y habilidades para mejorar su calidad de vida. Por medio de capacitaciones las convierten en mano de obra barata y detallista que sea competitiva en un mercado internacional. En otras palabras, las acomodan a lo que se espera de un ser humano activo dentro de una patriarcalidad en la fuerza laboral de la economía formal neoliberalista, que busca un desarrollo hacia la “modernidad” planteada por Walter Mignolo (Hipertexto, 2, PRIGEPP, 2019). Pero en esta olla se meten todas sin distinción, mujeres jefas de familia con más de una función, niñas víctimas de abusos sexuales ante una falta de educación en el tema, indígenas que quizá ni siquiera hablan español, inmigrantes, adultas, ancianas, profesionales, universitarias, etc., dejando de lado la importancia de sanar sus memorias ancestrales y su saberse y aceptarse como mujeres, merecedoras de lo mismo que cualquier hombre. Por ejemplo, 1. A nivel de participación social, política y laboral, estadísticamente en CR las mujeres tienen una tasa de desempleo de 13,1% por sobre el 8,6% de los hombres; y una tasa de ocupación de 37,1%, por debajo del 67,3% de los hombres. Esto, a pesar que la escolaridad es mayor en las mujeres y la deserción menor. Mientras, en la Asamblea Legislativa, hay una participación de 54,4% masculina y 45,6% femenina (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018), y a niveles de alcaldías, hay un 15% de alcaldesas contra un 85% de alcaldes, esto hace más difícil lograr la aprobación y regulación de políticas y leyes a favor de la equidad e inclusividad. Se suma además que la brecha salarial sigue siendo notable, con lo que deben de trabajar más años para optar por pensiones iguales, o similares, a las de los hombres. 2. Las instituciones, de todo tipo, aún no reconocen sus demandas particulares, como por ejemplo en cuido, horario, lugares de residencia y/o tipos de trabajo, con lo que incluso el acceso a la educación o la salud es muchas veces interrumpido, por no ser una “prioridad”. 3. La discusión acerca de la pertenencia del cuerpo de la Mujer a ella misma sigue vigente. Es necesario reforzar el empoderamiento de ellas sobre su cuerpo y la toma de decisiones (según la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2015-2016, el 49,8% de las mujeres afirman que su último embarazo no fue deseado, un 13,7% de mujeres tienen relaciones sexuales antes de los 15 años, con parejas 5 años o más que ellas, y CR en el 2018 cerró con un total de 24 femicidios). Y además, el derecho al aborto sigue siendo tema de discusión. Incluso en la familia como institución, siendo esta la base de la mujer como propiedad privada pues en esta pertenece a su marido o a su padre, ella misma tiende a ponerse siempre detrás de las necesidades de sus parejas o familias, pues dentro de su concepción, su valor es menor al del hombre, o lo que de ellosrecibe (casa, alimentación) “no me voy aunque me pegue, porque sin él me quedo sin nada y no soy nadie” es una de las frases siempre presentes en el imaginario de muchas mujeres.  3. El trabajo aún se divide de forma inequitativa, pues el cuido y la labor doméstica no son tomados en cuenta, pues no tiene valor monetario, y no se contabiliza a nivel financiero, a pesar que las mujeres trabajan mucho más que los hombres debido a estas labores. Además, se siguen viendo como actividades innatas y pertenecientes a la mujer exclusivamente, perpetuando roles machistas y no equitativos de género. 

(Melina Chacón)

Este programa se creó en 2008, mediante la resolución 497/2008 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación. Está destinado a jóvenes de 18 a 24 años de edad y consiste en un conjunto de acciones (capacitación profesional, incentivo económico, asistencia y orientación técnica, prácticas profesionalizantes, fomento para la finalidad de estudios primarios y secundarios, promoción y estimulo de microemprendimientos, etc.) que tienen por objeto generar oportunidades de inclusión social y laboral que le permita a la juventud construir un perfil profesional. En mi distrito, la implementación de este programa es a través de la Secretaria de Producción de la Municipalidad de La Costa. 

 

En relación a la consigna de ayer podemos comentar que, las consecuencias económicas del proceso de globalización y la implementación de las políticas neoliberales, sumado a la profundización del modelo extractivista, acentuó la exclusión y desigualdad social, siendo la juventud y las mujeres las más afectada. Este tipo de programas que tienen como objetivo abordar los problemas sociales como desocupación, subocupación, precariedad e informalidad de las juventudes, no logra revertir la tendencia y profundización de dichos problemas. En el Partido de La Costa acceden mayoritariamente a este programa los varones (59 % del total de beneficiarios). Por último, no debemos dejar de mencionar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación fue degradado a secretaria, lo cual implica un impacto negativo en el presupuesto y financiamiento de dicha cartera. 

Referencias 

POBLACIÓN OBJETIVO
 Desde el planteo social y el tratamiento en el Congreso sobre la ley ILE, pareciera que la población objetivo prioritario en este momento para el estado, son las mujeres adolescentes y jóvenes (en edad reproductiva).

Da cuenta de esto  la creación en el  2017 del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que busca garantizar los derechos de las y los adolescentes a acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y asesoría en las escuelas, consejería en salud sexual y reproductiva.

 

VACIOS

Hay que señalar, en cuanto a las responsabilidades del Estado, la falta de monitoreo para el correcto cumplimiento de la ESI y la falta de materiales y capacitaciones docentes para el trabajo diario. También el presupuesto y objetivos para este año, son aún menores a los niveles alcanzados en años anteriores.

Pareciera que con el ENIA se tapa de alguna manera el vacio de la no aplicación de la ESI.

En la Provincia de Buenos Aires, pareciera que ese vacío también “se está tapando”, mínimamente, con el  programa del Ministerio de Educación provincial de Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP), cuya aplicación por parte de las escuelas es  voluntaria, aunque cabe decir que en lo formal es adoptado, al menos enunciativamente. Así es que, gran parte de las escuelas tienen como proyecto  “La ESI”, que queda a la gran voluntad de les docentes que se animen a darla. Y digo animen, porque no se ha recibido capacitación sobre ABP y en su gran mayoría tampoco sobre ESI.

 

Aprendizajes Basados en Proyectos http://abc.gov.ar/formacion_continua/recursos-educativos/aprendizaje-basado-en-proyectos)

 

Para pensar y analizar esta política (que llevó varios años de implementación, en diferentes etapas) es necesario recapitular un poco sobre la migración y el trabajo y su proceso de feminización (procesos que acompañan la globalización de la que hablamos en espacios anteriores), en la medida en que su población objetivo son, básicamente, las mujeres migrantes de países limítrofes que se insertan en el mercado laboral en actividades de servicio doméstico y de cuidado. 

 

En Argentina, la migración regional crecido lenta pero sistemáticamente en el tiempo, alcanzando en 2010 al 3,5% de la población total.  En la actualidad, constituye el flujo migratorio más activo, concentrándose principalmente en el AMBA y se caracteriza por una marcada feminización.
Asimismo, el patrón de inserción laboral es diferente al de la población nativa. Si bien las leyes migratorias del país (actualizadas en 2004 y que reconocen  el derecho a migrar como derecho humano en sí mismo y el acceso igualitario a los servicios públicos de salud, educación, justicia y programas sociales, en general, con independencia de la situación migratoria) permiten una inserción laboral temprana de esta población, la registración sigue mostrando importantes deficiencias.  

 

Ley nacional de migraciones (2004): http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/ley_25871.pdf

 

Según datos de la ENAPROSS (2015) 67,4% de los trabajadores migrantes de origen sudamericano se encontraba en situación de informalidad laboral; muy superior a la de los trabajadores no migrantes, cuya proporción alcanza el 41,7%. Esta situación no parece mejorar con las acciones de capacitación y formación hacia los trabajadores del sector.

 

En relación con el trabajo en servicio en casas particulares, los últimos años han significado transformaciones a partir de las modificaciones de la legislación nacional y de las políticas públicas diseñadas para la mejora de la situación de las y los trabajadores del sector, que incluyeron, entre otras acciones: campañas de regularización del registro previsional e impositivo de la relación laboral, moratorias para el pago de aportes previsionales y de cobertura de salud y la promulgación de la Ley Nº 26.844 (Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares) en 2013, que equipara los derechos laborales del sector a los establecidos para todos los trabajadores por la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

Ver https://www.upacp.org.ar/?page_id=967

 

Las acciones orientadas a la profesionalización del sector de los servicios en casas particulares que fueron implementadas por el área laboral, desde 2006, y atravesaron sucesivas etapas que construyeron buscaron construir un enfoque distintivo para la formación profesional en el sector, discutiendo las nociones vigentes que desvalorizan  social y económicamente el trabajo doméstico y de los cuidados de personas (considerados femeninos): las acciones del programa, en ese sentido revierten la noción, otorgando calificación o formación y prestando atención a los condicionantes de género.