Desde que ocurrió la incursión militar el 28 de marzo durante un bazar —una fiesta popular comunitaria—, el Gobierno ha insistido en que todos los muertos eran “narcocaleros” y “disidentes” y que el operativo “no fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”; mientras los pobladores de esa región fronteriza con Ecuador y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales reclaman que entre los muertos hay civiles reconocidos por la comunidad.
El Ejército buscaba capturar a alias Bruno, de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera, pero no lo consiguió. En su lugar quedaron una mujer embarazada, un gobernador indígena y un menor muertos. La ONU dijo que habían constatado que sí hubo un bazar y que “se habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”.
David Melo Cruz, asesor jurídico del Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (Moviccaap) y la Fundación Liderazgo y Paz y abogado de 36 personas del Alto Remanso, tiene una teoría sobre lo que ocurrió y afirma que hay más muertos. Para él, que defiende a tres familiares de muertos, dos de los heridos y de personas que denuncian haber estado retenidas por el Ejército ese día, todo habría sido una confusión. “El vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda es muy parecido físicamente a alias Bruno”, afirma. Un día después del operativo, Melo e Iván Narváez, otro abogado de la Fundación, llegaron a la vereda y recopilaron testimonios. Luego, contrataron investigadores privados para recabar pruebas.

Se espera que el primer ministro, junto con el ministro ucraniano de Finanzas, Serhiy Marchenko, y el gobernador del Banco Central, Kyrylo Shevchenko, asistan a las reuniones de primavera organizadas por el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, según el funcionario, aunque Ucrania aún no ha confirmado su viaje. El viaje fue informado por primera vez por Reuters. Los representantes de los países del Grupo de los Siete también asistirán a las reuniones.

El acto tendrá lugar el próximo jueves, junto con las reuniones bilaterales, según el funcionario del Banco Mundial.

Aunque varios líderes y funcionarios occidentales han visitado Kiev a lo largo de la guerra, ésta será la primera vez que una delegación ucraniana de alto nivel viaje a Estados Unidos desde que comenzó la invasión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo esta semana que el presidente Biden no visitará Ucrania, en medio de las crecientes especulaciones de que un alto funcionario estadounidense podría realizar pronto el viaje.

El martes pasado, el Banco Mundial anunció que estaba preparando un paquete de apoyo de casi 1.500 millones de dólares para Ucrania, para ayudar a la “continuación de los servicios esenciales del gobierno durante la guerra”.
La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también advirtió a principios de esta semana que la invasión rusa de Ucrania estaba debilitando las perspectivas económicas de la mayoría de los países del mundo y perturbando el comercio mundial, además de repercutir negativamente en los precios de la energía y los alimentos.

El Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a su nación a última hora del viernes que había presidido una reunión del gabinete para discutir “cuestiones económicas urgentes”, ya que franjas de la industria se han visto afectadas por la guerra. Afirmó que cuatro quintas partes de las empresas ucranianas situadas en zonas seguras han vuelto a trabajar y que las redes de transporte se están reconstruyendo. Elogió a las empresas por adaptarse durante el conflicto y mantener a sus empleados.
“Pase lo que pase, en todas las ciudades y comunidades donde no hay ocupantes ni hostilidades, es necesario restablecer la economía al máximo”, dijo Zelensky.

Otro dato es concluyente sobre el alto dinamismo de esta subregión: su población creció 62% entre 1985 y 2017; y solo desde 2005 son 163.498 habitantes más.

El agotamiento de los suelos de expansión en Medellín y el Valle de Aburrá ha impulsado la ola urbana, tanto, que en 2021 el Oriente lideró la demanda de ventas de vivienda nueva en Antioquia, luego de comercializar 6.325 unidades, cifra que estuvo por encima de las 5.884 que se movieron en Bello, 4.488 de Medellín y 3.265 de Sabaneta, entre otros.

El rápido crecimiento de la población y las actividades productivas se ha traducido en un intenso proceso de urbanización concentrado, principalmente, en las zonas mejor conectadas con el Valle de Aburrá, como Guarne, El Retiro, La Ceja o El Carmen, aunque Rionegro es el principal centro urbano y el espacio de referencia para la oferta de servicios de los otros municipios del altiplano.
El alza en ventas de vivienda nueva el año pasado, por ejemplo, fue jalonado por este municipio, con un crecimiento del 46% y una participación de la mitad de las ventas de la subregión.

Y es que atractivos y planes futuros de megaobras abundan en el Valle de San Nicolás. Después del Valle de Aburrá, el Oriente es la subregión de Antioquia de mayor importancia económica, aportando el 10,4% del PIB departamental. Durante los últimos 11 años el PIB aumentó 174%, pasando de $5,7 billones en 2009 a $15,6 billones en 2020.

Este resultado se explica porque en ese segundo piso convergen infraestructuras estratégicas como el aeropuerto José María Córdova, la autopista Medellín-Bogotá, el túnel de Oriente, nuevas dobles calzadas en proyección, una zona franca de 150.000 metros cuadrados construidos, el centro de mantenimiento de aeronaves de Avianca, más la oferta de universidades y hospitales de alta complejidad.

También se ha fortalecido, aún más durante la pandemia, como territorio de descanso, de vivienda campestre y parcelaciones para estratos altos.

Una ola que lleva 30 años

Para Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, la ola urbanizadora de Oriente ha tenido varias fases en las últimas dos décadas.

Hace unos 15 años, contó, en lo inmobiliario se negociaban principalmente fincas de recreo y lotes urbanizados en parcelaciones para segunda vivienda. Entonces, la actividad edificadora se limitaba a atender la incipiente demanda interna de vivienda de costo medio y bajo, además de la segunda vivienda independiente, lo que no significaba más del 3% de la construcción de vivienda en Antioquia.

Desde hace unos 10 años, anotó, se empezó a dinamizar la construcción de urbanizaciones unifamiliares y algunas multifamiliares, lo que atrajo adicionalmente familias de parejas mayores que no eran de Oriente, que buscaban una segunda vivienda o inclusive personas que se desplazaban a trabajar al Valle de Aburrá.

La última etapa empezó hace cinco, siete años, con el desarrollo de viviendas multifamiliares (edificios de apartamentos). Entonces, la actividad edificadora de la región empezó a pesar más del 15% en Antioquia, con más de 3.000 viviendas nuevas vendidas anuales en promedio entre 2017 y 2019, cifra que ya era muy significativa.

El boom se dio el año pasado y, según Estrada, no tiene precedentes y confirmó que es una de las subregiones con mejores dinámicas inmobiliarias del país. El año pasado se comercializaron 10.009 unidades entre viviendas nuevas y lotes urbanizados en nuevos proyectos en parcelación, liderados por Rionegro con 4.688 unidades, seguido por La Ceja con 1.928, El Carmen con 1.259 y El Retiro con 1.062 unidades, según Galería Inmobiliaria.

El líder gremial afirmó que esta alza se estaba esperando, porque vivir en el Oriente ha sido algo aspiracional por sus características paisajísticas, climáticas y ambientales, a lo que se sumó una mayor oferta de servicios, factores de entretenimiento y desarrollo vial en la conexión con el área metropolitana.

Ordenar el territorio

La velocidad a la que está creciendo la subregión en términos económicos y urbanísticos genera desafíos en todos los ámbitos porque la dinámica actual se ha dado de manera fragmentada. Esto ha llevado a la ocupación de suelos agrícolas, a la afectación de zonas naturales y a la ocupación de retiros de quebradas, según el diagnóstico del informe Metrópoli 2050, la Súper Ciudad de Medellín.

A esto hay que añadir el aumento de las necesidades de movilidad y desplazamientos más largos y la mayor contaminación y congestión. ¿Qué camino tomar?

Aunque Estrada no se aventura a hacer proyecciones del crecimiento urbano, se espera que la subregión mantenga su alta participación en el desarrollo inmobiliario del departamento en los próximos años. El pico actual se puede convertir en meseta.

“Los retos son gigantes y muchos, primero tener ordenamiento equilibrado y sostenible, para ello tiene que generar unos instrumentos de financiación justos y con ello invertir en la capacidad de soporte necesaria que tiene todo este desarrollo en infraestructura comunitaria, vial y de espacio público”, dijo Estrada.

Pero el ordenamiento del territorio debe estar regido bajo unas directrices regionales y no limitado a las jurisdicciones de cada municipio.

Bien lo decía Rodrigo Zuluaga Mejía, expresidente de la Cámara de Comercio del Oriente, cuando tuvo corto vuelo la campaña por la creación del área metropolitana de la región en 2019: “Es urgente la necesidad de esta figura político-administrativa para que gestione, coordine y planifique el territorio. Tiene vocación de permanencia más allá de alcaldes y concejales y diseña proyectos a largo plazo. Sirve para ocuparse de asuntos supramunicipales”.

Es que el estudio de la Súper Ciudad 2050 proyecta al Oriente como uno de los soportes de la megaciudad. Estima que el eje de crecimiento será el José María Córdova, principal nodo de conectividad y llamado a ser uno de los puntos de centralidad de la futura megaurbe conformando una Ciudad Aeroportuaria.
Frente a este proyecto, el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 formulará la idea de convertir al Oriente en una zona con vocación explícita hacia lo aeroportuario, un territorio pensado en el desarrollo de capacidades logísticas, manufactureras y de exportación con el José María como epicentro.

Pero la megaurbe que se conformará tendrá que ir más allá del aeropuerto. Como propuesta, el informe sugiere una Ciudad Jardín para ordenar espacios urbanos cercados hoy por las construcciones. Su propuesta es una ciudad lineal de la industria entre Rionegro, Marinilla y Guarne, polígono en el que se desarrolle un espacio urbano denso, ambiental y con espacio público.

Es que la acelerada expansión pone a pensar que lo que se veía lejos en el futuro está ya a la vuelta de la esquina.

En Colombia, este derecho le permite descansar 15 días hábiles continuos de vacaciones remuneradas por cada año de trabajo, descontando los domingos y festivos. También deben ser dadas dentro del año siguiente a la fecha en que se causan y el trabajador recibe el mismo salario que está devengando.

Sin embargo, el panorama en la región es diverso; mientras que en países como Brasil, Cuba, Panamá y Perú se puede descansar hasta 30 días seguidos según la reglamentación, naciones como México cuentan con seis días de vacaciones.

Colombia se encuentra en el medio de la lista, pues países como Nicaragua, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela y El Salvador, también tienen legislados 15 días de vacaciones para los trabajadores.

Debajo de ese escalafón se encuentran naciones como Argentina, Costa Rica y República Dominicana, con 14 días seguidos para las vacaciones del trabajador.
Los países coleros en cantidad de tiempo de vacaciones para los trabajadores son Bolivia, con siete días seguidos de vacaciones para los trabajadores; Honduras, con 10; y Paraguay, con 12 días.
No obstante, como ya se advirtió, hay cambios en la legislación de todos los países; por ejemplo, en Argentina, el factor de la antigüedad dentro de una organización u empresa es fundamental, ya que en los primeros cinco años de contrato si son 14 días de vacaciones, pero pueden ir aumentando tras ese periodo de tiempo.
En Colombia, por ejemplo, las vacaciones pueden vencer, pues según el artículo 488 del Código de Trabajo, este derecho del empleado puede prescribir en un periodo de tres años, y cuentan a partir del día en que la obligación es exigible; es decir, tras un año de trabajo.
Otro aspecto de la legislación colombiana tiene que ver con la posibilidad de que el empleador interrumpa las vacaciones del empleado, que, en todo caso, debe tener una razón justificada, y después puede ser retomada tan pronto se controle la situación de crisis de la organización.

Se trata del caso de incumplimiento, por el que el territorio caribeño demandó al país asegurando que la Casa de Nariño no cumplió la decisión de hace una década que obligaba a cambiar los límites marítimos. Es decir, que pedía replantear el mapa.

A partir de la determinación que se conozca el próximo 21 de abril podrían darse varios escenarios. Primero, que Colombia vuelva a pedirle a Nicaragua una negociación como la que fracasó en 2012 tras la decisión de los togados. Segundo, que se hagan ajustes en el ordenamiento interno para que el cambio de los límites no dependa de un tratado internacional, versión en la que se había excusado el país en estos años para no aplicar los cambios.

O, tercero, que se le pida a Colombia obrar internacionalmente como si ese límite sí se hubiese modificado, a pesar de que no cambie internamente su cartografía.

Lo que está en juego en la CIJ son los derechos de Colombia en el área cercana al archipiélago que ha sido uno de los principales destinos turísticos para los connacionales. Y es que el problema de fondo consiste en que una porción del océano sobre el que el país podría ejercer control terminó sobrepuesto a aguas nicaragüenses, una cuestión que incomoda a los Ortega.

 El incumplimiento 

 Hasta antes de la decisión de 2012 la frontera marítima colombiana terminaba en el meridiano 82, pero el tribunal con sede en La Haya determinó correrla hasta el meridiano 80 en su sentencia de noviembre de 2012. Eso sí, mantuvo la soberanía nacional sobre los islotes que pertenecen a esa zona turística. 

Entonces, la queja nicaragüense consiste en que Colombia no cedió a cambiar su mapa y siguió realizando actividades en esa zona como si toda la porción de mar fuese suya: la Armada navega por el lugar, las comunidades raizales pescan y el Gobierno autoriza a empresas robustas a captar animales para venderlos para consumo humano.

A ese caso se le conoce como el del “incumplimiento” y es del que se conocerá la decisión este jueves, a las 3 de la mañana. Para el otro, sobre la delimitación de la plataforma continental extendida, habrá que esperar hasta que la CIJ convoque a audiencias orales, algo que podría darse el próximo semestre, para luego analizar el caso y proceder a una nueva determinación.

Para la Corte, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el resto de islas y cayos, pero en el mar dice que el límite termina a 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. Eso llevó a que dos cayos que pertenecen al país quedaran encallados: Quitasueño y Serranilla.

La Casa de Nariño no ha cambiado sus límites argumentando que la ley interna lo impide, pues se necesitaría un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso de la República; pero Nicaragua alega que el derecho internacional está por encima de las cuestiones locales.

A esto se suma que el país le pidió a su contraparte conversar y el exmandatario Juan Manuel Santos se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2012. El objetivo de esos diálogos era firmar un tratado conjunto, pero se quedaron sin llegar a acuerdos y la Casa de Nariño argumentó que no podía cambiar los límites sin la existencia de un tratado internacional.

El Estado también replanteó el caso argumentando que no se trata de una cuestión de delimitación, sino de libertades, derechos y deberes en el mar Caribe porque defiende la teoría de que la Armada puede seguir navegando en esta zona por cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Precisamente, una de las cuestiones que incomoda al régimen de Ortega es que los uniformados de la bandera amarillo, azul y rojo hagan presencia en la zona, y que los raizales y empresas pesquen allí. Las comunidades isleñas, particularmente, tienen una tradición milenaria en la zona.

 
La frontera intangible del mar 

Los debates entre Colombia y Nicaragua acerca de hasta qué punto llegan los derechos de cada uno en el océano se explican en las porciones de agua que la legislación internacional traza en esta parte del Caribe.

Cuando se acaba la tierra firme hay diferentes áreas en el océano. La primera es el mar territorial, que se refiere al tramo del Caribe que está más cercano a la plataforma continental y para este litigio se entiende que está a 12 millas náuticas. En ese espacio el Estado ejerce soberanía.

Luego le sigue la zona contigua en la que el Estado puede efectuar funciones de control y que también corresponde a 12 millas náuticas.

Después se encuentra la zona económica exclusiva, que es la que se delimitó en el fallo de 2012 y en la que el país al que esta le pertenece puede ejercer derechos económicos como la pesca, realizar investigaciones, intervenciones ambientales y explotar el suelo y subsuelo. En otros términos: buscar petróleo, gas y minerales.

Esta llega hasta las 200 millas náuticas y es el espacio que ya delimitó la CIJ en 2012 corriendo el límite desde el meridiano 82 al 80. Justamente, el punto de la discordia por el incumplimiento de la Casa de Nariño.

Colombia sustenta que la zona económica exclusiva no es el territorio de un Estado por lo que considera que sí puede entrar a esas aguas ejerciendo la libertad de navegación y sobrevuelo que está amparada en el derecho internacional. Sin embargo, su contraparte no quiere que se ejerza actividad alguna en esas aguas.

Así que la lectura que se dará el próximo jueves en La Haya dará nuevas luces sobre las dinámicas que puede, y no puede, efectuar el país en el Caribe y podría obligar a cambiar las dinámicas de las comunidades raizales que se dedican a la pesca.

En todo caso, la determinación que tome la CIJ será recibida por el equipo de defensa de la Cancillería que representa la delegación de Iván Duque, pero quedará en manos de su sucesor aplicarla o determinar qué nueva medida toma al respecto.

 Futuro en el Caribe 

El equipo jurídico de Colombia no se pronunciará sobre el caso hasta que se conozca el fallo y a la Presidencia de Iván Duque le quedan apenas 112 días, mucho menos de cuatro meses, por lo que los candidatos a la Casa de Nariño ya plantean qué harían para gestionar estos litigios.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, dijo que respetaría la decisión de la CIJ y buscaría recuperar la soberanía en una nueva petición que se sustente defensa de la biosfera y de la pesca común entre los dos países. Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, afirmó que no se adelantará al fallo y consideró que este tema es un asunto relativo a la integridad territorial del Estado.

Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, defendió la tesis que ha sostenido el país en los últimos años frente a este litigio, argumentando que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado internacional que sea ratificado por el Congreso y “no con una decisión de una corte internacional”. Por eso, apuntaría a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional y buscar un acuerdo con la contraparte. Este diario también consultó al candidato Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta frente al tema.

El fallo de la CIJ radicado en La Haya podría cambiar las reglas de juego para las comunidades raizales y presionar a Colombia para cumplir la determinación de 2012. La presión podría escalar al punto que Nicaragua lleve el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un paso que subiría aún más el tono de esta disputa internacional