Este cambio puede tener implicaciones profundas en términos de distribución de la riqueza, equidad social y estabilidad económica.

El constitucionalismo social es una ideología por el cual el Estado garantiza y asegura el bienestar de los ciudadanos tanto en la educación, la sanidad, la seguridad social.

En 1938 se consolida la economía del libre mercado.

Voto Universal incluyendo a campesinos analfabetos y mujeres.

Nacionalización de las minas quebrando así la hegemonía de los tres varones del estaño ( Patiño, Aramayo y Hotschild)

Reforma Agraria, terminando con el latifundio

Reforma educativa dando oportunidad de estudio a la clase media obrera y campesina.

Además la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) dando como representante ejecutivo a Juan Lechín Oquendo

Por ejemplo, según la constitución económica del 1938 régimen económico y financiero del estado contribuyo al cambio estructural hacia un capitalismo de estado.

Por ejemplo la importancia de la propiedad, como la libertad económica considera necesaria para la libertad política.

Durante la Revolución de 1952 en Bolivia, se implementó el voto universal como parte de un conjunto de reformas que buscaban democratizar el país y ampliar la participación política de la población. Esta medida fue significativa porque antes de 1952, el sufragio estaba restringido a una minoría privilegiada, excluyendo a grandes sectores de la sociedad, especialmente a los campesinos y obreros.

Por ejemplo referéndum del 1931 fue el primero en realizar Bolivia y uno de los más tempranos en América Latina.

superestado

“el conjunto de normas que, con rango constitucional, establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, el contenido de las libertades y de los poderes que se deriven de esta legitimación, las limitaciones que afectan a los mismos y a la responsabilidad que grava su ejercicio, así como los instrumentos y medidas con los cuales el Estado puede actuar o intervenir en el proceso económico”.

“lo político era, pues la materia de la Constitución y no lo social, lo cultural o lo económico...” y “la Constitución vendría a regular el mundo de lo público (el Estado) y no el mundo de lo privado (la sociedad).

Por ejemplo, la Reforma Agria fue la segunda en América latina, la primicia la tierra es para quien la trabaja supera las desigualdades históricas.

El Decreto autorizó a las empresas y entidades del sector público y privado a que puedan libremente convenir o rescindir contratos de trabajo y la relocalización de los trabajadores. Prohibía, además, todo aumento en las remuneraciones de las entidades del sector público (arts. 55, 56 y 75 La Constitución Económica Boliviana 61). Todas estas medidas, que fueron duramente críticas por lo sectores sociales, en el fondo constituyeron carta blanca para que se materialice un despido masivo de los trabajadores de las empresas del Estado.

El nacimiento del Derecho Regulatorio boliviano, hijo del Derecho Administrativo, se remonta al Decreto Supremo Nº 21060, de fecha 29 de agosto de 1985.

Las normas legales aplicables para la regulación de los servicios públicos de los sectores indicados son: La Constitución Política del Estado; la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Nº 1600), su Decreto Reglamentario (D.S. Nº 24504); Ley de Telecomunicaciones (Nº 1632), su Decreto Reglamentario (D.S. 24132); Reglamento de Procedimientos de Audiencia Pública, Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos (D.S. Nº 24505); la Ley de Capitalización (Nº 1544); la Ley de Hidrocarburos (Nº 1689); la Ley de Electricidad (Nº 1604) y sus Decretos Reglamentarios; la Ley General de Ferrocarriles de 1910; la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte (Nº 1874); la Ley Nº 2066 modificatoria a la Ley 2029, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, y sus Decretos Reglamentarios. El listado de estas disposiciones legales, son sólo referenciales, pues, cada sector regulado cuenta con normas especiales, que devienen de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, etc., y, en general, cualquier acto administrativo o de la administración que regule o reglamente cada uno de los sectores.

Estas normas básicas son: el Código civil, el Código penal, el Código de Comercio, las leyes mercantiles, fiscales y laborales que constituían el marco jurídico general de los intercambios, imprescindibles para la existencia de la libertad, y motor del Estado liberal.

Por ejemplo, COMIBOL fue creada para la administración de las minas del Estado.

• Ejemplo: La Constitución Boliviana de 2009 establece que "el Estado promoverá el desarrollo de la economía social y plural, basada en la complementariedad y el equilibrio entre las formas de organización económica pública, privada, social y comunitaria".

Ejemplo, Se busca la liquidación total del latifundio en el Altiplano, Los Valles, y la entrega de títulos de propiedad en favor los campesinos.

Ejemplo, la democracia municipal es decir la elección directa de autoridades municipales y se le otorgó mayor autonomía y poder a los gobiernos locales.

Se consagró el rol del Estado como regulador de la economía y protector de los sectores más vulnerables.

Así también fue un parte muy importante para sentar las bases del modelo de desarrollo nacionalista que se implementaría a partir de la Revolución de 1952.

Por ejemplo, Creación del Ministerio de Educación y Cultura; nuevo currículo educativo que incluía ciencias sociales, educación cívica y trabajo manual.

La regulación de la economía se incluyó en la Constitución a partir de la Ley Fundamental de 1938 y quedó reflejada en la Constitución de 1961. La justicia social es crucial en el sistema económico nacional, donde el Estado tiene control sobre los recursos naturales y puede regular el comercio e industria por motivos de seguridad pública. Se limita la acumulación de poder económico privado y se promueve el desarrollo económico y social. El sistema de economía de mercado está establecido constitucionalmente.

Ejemplo, primera vez no se permitirá la acumulación del poder económico que ponga en peligro la dependía económica del estado.

Implementación del voto universal y reforma educativa para ampliar la participación ciudadana y el acceso a la educación y el Estado asume un rol protagónico en la economía, creando empresas públicas y regulando la actividad privada. Siendo así que el año 1952 fue uno de los eventos más importantes de la Revolución Boliviana.

Ejemplo, la nacionalización de las empresas como la industria del gas y el petróleo bajo el control directo del estado. El neoliberalismo es privatización de empresas estatales como correos y ferrocarriles pasaron a manos privadas.

Generó importantes ingresos para el Estado y permitió financiar el desarrollo social y económico. Por esta razón el estado enfrentó la oposición de las empresas transnacionales y sectores de la elite boliviana.

Por ejemplo, la capitalización de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Ejemplo, la oferta y la demanda.

La transferencia de empresas estatales al sector privado generó la necesidad de establecer un marco regulatorio para garantizar la competencia, proteger a los consumidores y asegurar la calidad de los servicios públicos.

La Constitución liberal boliviana fue promulgada en 1880, durante el período conocido como la República Liberal en Bolivia. Esta constitución estableció un sistema político basado en los principios liberales de separación de poderes, libertades individuales y propiedad privada. En el ámbito económico, la Constitución liberal boliviana promovió la libre empresa y la protección de la propiedad privada, aunque también estableció algunas regulaciones estatales en áreas como la minería y el comercio exterior. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Constitución de 1880 fue modificada y sustituida en varias ocasiones a lo largo de la historia de Bolivia.

La nacionalización de las minas no solo buscaba asegurar que los beneficios de la industria minera fueran destinados al desarrollo del país, sino también mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores mineros, que históricamente habían sido explotados y marginados. Este proceso marcó un hito en la historia de Bolivia y sentó las bases para un mayor control estatal sobre los recursos naturales y la economía del país.

La Reforma Agraria fue un proceso complejo y enfrentó resistencia de los terratenientes y sectores conservadores, pero también generó cambios significativos en la estructura agraria y social de Bolivia. Contribuyó a la consolidación de una clase campesina con acceso a tierras y derechos, aunque también surgieron desafíos y conflictos en la implementación de la reforma. A pesar de sus limitaciones y controversias, la Reforma Agraria dejó un legado duradero en la historia política y social de Bolivia.

Modelo extractivista (enfocado en recursos naturales), Modelo económico plural (desde 2006)Modelo neoliberal ,(1985-2005) .

la consolidación del sistema económico de mercado en Bolivia ha estado marcada por una serie de modelos y enfoques que reflejan las condiciones económicas, políticas y sociales del país en diferentes momentos de su historia reciente. La búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia del mercado, la justicia social y la sostenibilidad ambiental sigue siendo un desafío clave para el desarrollo económico de Bolivia.

La “Constitución Económica” es un término originado de la doctrina jurídica alemana, que se popularizó en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Define a la Constitución Económica como el conjunto de normas con rango constitucional que establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, las libertades y poderes que se derivan de esta legitimación, las limitaciones y responsabilidades que afectan a su ejercicio, así como los instrumentos y medidas con los cuales el Estado puede actuar o intervenir en el proceso económico.

el traspaso de los servicios públicos a la empresa privada.

 Lo sectores sociales, en el fondo constituyeron carta blanca para que se materialice un despido masivo de los trabajadores de las empresas del Estado.

Para mitigar los efectos de la capitalización, se autorizó al Poder Ejecutivo a transferir a título gratuito, en beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país.

La capitalización de las principales empresas estatales ( YPFB, ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y VINTO ).Con aporte de capitales internacionales, pero manteniendo la participación igualitaria de los ciudadanos bolivianos.

El derecho regulatorio, así como el papel de las superintendencias y las leyes aplicables en este proceso. También destacan la importancia de los principios del Estado.

EL sistema de economía de mercado mixto y flexible.

La Constitución boliviana ha constitucionalizado un sistema de economía de mercado del Estado social.

Bolivia ha pasado de un modelo de libre iniciativa o libertad de empresa casi total, vigente desde 1826 hasta 1938, al modelo de capitalismo de Estado vigente hasta el Decreto 21060 del 29 de agosto de 1985La Constitución de 2009 reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional y se basa en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico en el proceso de integración del país.

la Constitución vendría a regular el mundo de lo público (el Estado) y no el mundo de lo privado (la sociedad).

Economía: La economía es una ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Analiza cómo los individuos, las empresas, los gobiernos y las naciones toman decisiones sobre la asignación de recursos para satisfacer sus necesidades y deseos. La economía se divide en dos grandes ramas: la microeconomía, que se centra en el comportamiento de los agentes individuales, como los consumidores y las empresas; y la macroeconomía, que examina las tendencias y fenómenos económicos a nivel nacional o global, incluyendo temas como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico.

Por otro lado, el constitucionalismo social, que tomó fuerza con la Constitución de 1938, reflejó una expansión de los objetivos constitucionales más allá de la mera organización del Estado, abarcando la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Esta orientación hacia el constitucionalismo social fue una respuesta a las demandas por mayor justicia social y equidad, impulsada en parte por las realidades socioeconómicas post-guerra del Chaco y por influencias externas como la Revolución Mexicana y la Constitución de Weimar en Alemania. Así, la Constitución boliviana comenzó a incluir garantías sobre derechos laborales, educación, salud y bienestar, configurando un Estado más responsable frente a las necesidades sociales de su población.

Además de la nacionalización, se implementaron reformas agrarias significativas que eliminaron el sistema feudal de tenencia de la tierra y entregaron tierras a los campesinos, promoviendo la justicia social y el desarrollo agrícola. También se introdujeron el voto universal, incluyendo a mujeres y analfabetos, y reformas educativas para asegurar el acceso a la educación. Este conjunto de políticas estatales reflejó un giro hacia un sistema donde el gobierno tomaba un rol activo en la economía, buscando el bienestar general y reduciendo las desigualdades extremas, características del capitalismo de Estado.

Este acto representó una redistribución significativa del control sobre los recursos naturales, especialmente el estaño, que era el principal producto de exportación de Bolivia y una fuente crucial de ingresos. La nacionalización buscaba terminar con el dominio económico y político de las élites privadas y extranjeras sobre la riqueza mineral del país, y utilizar esos recursos para el desarrollo nacional y el beneficio de la población boliviana en general. Esta medida fue un pilar fundamental para el modelo de capitalismo de Estado promovido por la revolución.

El decreto de reforma agraria liquidó el sistema de servidumbre, dando paso a la propiedad individual y comunitaria de las tierras por parte de los campesinos. Este cambio no solo buscaba mejorar la producción agrícola y reducir la desigualdad social, sino también integrar a los campesinos en la economía nacional y fortalecer la base de apoyo del gobierno revolucionario. La reforma agraria fue un paso crucial hacia la modernización y justicia social en Bolivia.

Este cambio legislativo permitió que todos los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, o de 18 si estaban casados, pudieran votar, independientemente de su nivel educativo, ingresos o sexo. Esta medida fue fundamental para integrar a sectores anteriormente marginados de la sociedad, fortaleciendo el tejido democrático de Bolivia y apoyando las reformas sociales y económicas que estaban en marcha. El voto universal fue un paso crucial hacia una sociedad más inclusiva y justa.

El objetivo era romper el ciclo de pobreza y exclusión mediante la educación, proporcionando herramientas para el desarrollo económico personal y nacional. Se establecieron núcleos escolares en zonas rurales y se mejoró la formación de maestros para garantizar una educación de calidad en todo el país. La reforma educativa fue un pilar fundamental para promover la integración social y cultural, y para fomentar la participación ciudadana informada y activa en la nueva democracia boliviana.

Con el tiempo, Bolivia experimentó un giro hacia políticas neoliberales en la década de 1980, especialmente con el Decreto Supremo 21060 de 1985, que introdujo reformas de mercado libre como la privatización de empresas estatales y la liberalización del comercio y la inversión. Este cambio buscaba modernizar la economía y aumentar la eficiencia a través de la competencia y la participación privada.

Cada modelo ha reflejado las necesidades, ideologías y contextos políticos y sociales del momento, mostrando la flexibilidad del sistema de economía de mercado para adaptarse y transformarse en respuesta a desafíos internos y externos, buscando siempre mejorar la economía y el bienestar de la población boliviana.

Sin embargo, en 1985, con la adopción del Decreto Supremo 21060 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, Bolivia se desplazó hacia el modelo neoliberal. Este cambio incluyó la liberalización económica, la privatización de empresas estatales, la reducción del tamaño del Estado y la apertura a la inversión extranjera. El objetivo era combatir la hiperinflación y estimular el crecimiento mediante la creación de un entorno más competitivo y eficiente. Este giro hacia el neoliberalismo representó un ajuste radical en la política económica, buscando soluciones en el mercado y la participación privada para enfrentar los desafíos económicos persistentes.

El objetivo era modernizar las infraestructuras, mejorar la eficiencia y atraer inversiones extranjeras. Sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y transporte fueron transformados. Aunque la capitalización atrajo inversión y tecnología, también generó controversia y resistencia por parte de sectores que veían en ella una pérdida de soberanía nacional y un enriquecimiento desigual. Este modelo tuvo un impacto significativo en la economía boliviana, redefiniendo el papel del Estado en las industrias clave y la gestión de sus recursos naturales.

Con la capitalización y privatización de empresas públicas, el Estado desarrolló un marco regulatorio para sectores clave como telecomunicaciones, electricidad, y recursos naturales. Se crearon entidades como la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Electricidad, encargadas de regular estos sectores, establecer tarifas justas y promover inversiones. A través de estas medidas regulatorias, el Estado boliviano buscaba equilibrar los beneficios de la liberalización económica con la necesidad de proteger el interés público y asegurar servicios básicos para todos sus ciudadanos.

Desde la nacionalización de recursos clave y empresas durante el modelo de capitalismo de Estado en la Revolución de 1952, hasta la liberalización y privatización en la era neoliberal de los años ochenta y noventa, Bolivia ha demostrado flexibilidad en su enfoque económico. Cada modelo ha buscado responder a los desafíos internos y externos, ajustándose a las condiciones políticas y económicas del momento.

Esta diversidad de modelos ha permitido a Bolivia explorar distintos mercados, desde mercados altamente regulados y controlados por el Estado hasta mercados más libres y orientados hacia la inversión extranjera y la competitividad global. A través de estos ajustes, el país ha buscado fomentar el crecimiento, mejorar la eficiencia económica y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, manteniendo una unidad coherente en su estrategia económica general.

La guerra del Chaco de 1932 y en lo externo la revolución soviética, habían planteado nuevas formas de vida y una nueva estructura económicosocial de tendencia socialista

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La reforma educacional reconoció cuatro niveles educativos: la educación regular a través del ciclo: pre-escolar, primario, secundario, técnico-vocacional, y universitario La reforma educacional puso énfasis en el sistema escolar campesino.

Ariño aclara que la libertad económica es condición necesaria, aunque no suficiente, de la libertad política; y que el presupuesto necesario de la libertad económica, y, por ende, política, es la propiedad.

La Capitalización, que es una forma de privatización, consistió en la búsqueda de un socio estratégico para que adquiera el 50% de las acciones y, en la mayoría de las empresas, fue mayor este porcentaje, recibiendo además la administración de la empresa pública. Para poder consumar este proceso de transferencia, la Ley comenzaba autorizando al Poder Ejecutivo a aportar los activos y/o derechos de las empresas públicas.

Tres grandes empresas mineras tenían tanta capacidad económica y, por ende, política, que los gobernantes de turno eran puestos y mantenidos prácticamente por los “barones del estaño”.

Con la finalidad de contrarrestar el poder económico de los “Barones del Estaño”, los ideólogos de la Revolución intentaron crear un Estado nacional fuerte, poderoso que controle y distribuya en menores condiciones la riqueza estatal. Las principales medidas revolucionarias que se hicieron realidad durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro14 fueron la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educacional, que fueron los pilares de la transformación de toda la economía y la sociedad boliviana.

Reconoció cuatro niveles de formación: la educación regular a través del ciclo pre-escolar, primario, secundario, técnico-vocacional, y universitario.

La historia constitucional permite concluir que hemos tenido implícitamente un sistema de economía de mercado, mixturado y flexible que ha permito el cambio de modelo en función de la correlación de fuerzas políticas imperante en cada momento histórico.

El voto universal es un elemento fundamental de la democracia y de la Constitución Económica de Bolivia, ya que permite que todos los ciudadanos participen en la elección de representantes y en la toma de decisiones sobre asuntos económicos y sociales que afectan sus vidas Y representa un aspecto esencial de la Constitución Económica del país, en la cual se reconoce y protege el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política y en la toma de decisiones económicas y sociales.

Sin embargo, dentro de este marco de economía de mercado, Bolivia ha experimentado y explorado diferentes modelos que buscan adaptar este sistema a las necesidades y realidades del país. Esto puede incluir modelos que enfaticen la participación del Estado en la economía a través de la regulación, la planificación y la inversión pública, así como modelos que prioricen la participación del sector privado y la apertura a la inversión extranjera.

Esta intervención estatal puede manifestarse a través de la creación y aplicación de leyes, normativas y políticas económicas que regulan diversos aspectos de la actividad económica, como la inversión extranjera, la propiedad de la tierra, la explotación de recursos naturales, los derechos laborales y las prácticas comerciales.

Al mismo tiempo, la Constitución reconoce y respeta la diversidad de modelos y mercados que existen dentro del país, permitiendo la coexistencia de diferentes formas de organización económica y sistemas de producción. Esto incluye la presencia de economías comunitarias, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, así como la promoción de la economía solidaria y la diversificación productiva.

El profesor Mendes la define la constitución económica un conjunto de normas.

tratan de ordenar la forma de organización del poder politico

Esta ley fundamental constitucionalizo o incorporo gran parte de las reformas legales aprobadas mediante el Referéndum.

Ciro Felix trigo sostiene que a partir se creo un consejo de economia.

La actividad económica con la empresa Simón Patiño.

3 grandes empresas mineras tenían capacidad económica, además la revolución del 1952 no descarta ni prohíbe la iniciativa

En Bolivia, antes las Constituciones eran Leyes que sólo regulaban la organización del Estado y no de la sociedad y actualmente en el terreno de la economía la Constitución de ahora amplió su campo

normativo.

El control de la minas controla el 70 porciento de la economía nacional

La capitalizacion representaba un metodo atractivo para garantizar que el inversionista invierta una gran cantidad de recursos

Lo anterior no significa, sin embargo que el orden constitucional Boliviano haya sido neutral.

Este modelo reconoce la libertad de empresa en la triple dimensión básica liberal de acceso al mercado

Los principios liberales suelen incluir la separación de poderes, la garantía de derechos civiles y políticos, la propiedad privada, la libre empresa y la igualdad ante la ley.

La Constitución Bolivariana 1826, no hacía hincapié en otros temas, además, del Estado, pero conforme pasó el tiempo, el régimen económico liberal boliviano estaba regulado por el Derecho privado, con leyes  y códigos.

La Constitución ampliará considerablemente su campo normativo estableciendo los principios rectores del sistema económico y determinando las posiciones que en ese sistema ocupan los sujetos privados y los poderes públicos. 

La reforma permitió la incorporación casi 2.000.000 habitantes al mercado nacional

Tuvo como objetivo principal eliminar el sistema oligárquico y feudal que había dominado la política y la economía boliviana durante décadas. 

Se implementaron programas de reforma agraria destinados a redistribuir la tierra entre los campesinos y eliminar los latifundios. Esto permitió que miles de campesinos accedieran a la tierra y mejoraran sus condiciones de vida.

El voto universal constituye una de las medidas políticas más importante de la revolución nacional, pues permitió el acceso a la participación política a más del 70% de la población.

Bolivia ha experimentado distintos modelos económicos a lo largo de su historia, desde el liberalismo del siglo XIX hasta el neo-desarrollismo del siglo XXI. Cada modelo ha enfrentado sus propios desafíos y ha tenido diferentes impactos en el desarrollo económico y social del país. La búsqueda de un modelo económico que promueva el crecimiento inclusivo y sostenible sigue siendo un desafío para Bolivia y su futuro económico.

En la década de 1980, Bolivia enfrentó una profunda crisis económica caracterizada por altas tasas de inflación, una deuda externa insostenible y una recesión económica. Como respuesta a estas crisis, el gobierno boliviano implementó políticas económicas neoliberales.

Muchos argumentaron que la privatización de empresas estratégicas conduciría a la pérdida de control sobre los recursos naturales del país y a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

Reconoce en todas las instituciones que la educación Boliviana, es suprema funcion del estado y establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.

“Que las grandes conquistas económicas, sociales y políticas de la Revolución Nacional, necesitan complementarse mediante un sistema de educación pública que abra nuevos horizontes a la vida verazmente democrática, a la superación cultural de las mayorías nacionales y a la formación de técnicos para el desarrollo de la economía del país”.

La reforma educacional reconoció cuatro niveles educativos: la educación regular a través del ciclo pre-escolar, primario, secundario, técnico-vocacional, y universitario. La reforma educacional puso mucho énfasis en el sistema escolar campesino, estableciendo los núcleos escolares desde primaria hasta normales rurales.

La intervención directa del Estado se ponía de manifiesto en el art. 146 cuando disponía que “El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia, con el objeto de promover las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de economía nacional”.

Todos estos mandatos constitucionales no hacen otra cosa que reconocer y consolidar constitucionalmente el sistema de economía de mercado o, lo que es lo mismo, una economía social de mercado y lo que ha cambiado ha sido el modelo económico.

El aludido Decreto 21060 si bien frenó la hiperinfl ación y, por ende, hubieron señales de mejoría y de que comenzaba a superarse la debacle económica, tuvo un alto costo social. Con el eufemismo de “relocalización”, los trabajadores mineros del altiplano boliviano, fueron privados de sus fuentes de trabajo y gran parte de ellos terminaron migrando a las “zonas roja” del Chapare cochabambino para involucrarse en las actividades ilícitas del narcotráfico.

El Decreto autorizó a las empresas y entidades del sector público y privado a que puedan libremente convenir o rescindir contratos de trabajo y la relocalización de los trabajadores. Prohibía, además, todo aumento en las remuneraciones de las entidades del sector público (arts. 55, 56 y 61). Todas estas medidas, que fueron duramente criticas por lo sectores sociales, en el fondo constituyeron carta blanca para que se materialice un despido masivo de los trabajadores de las empresas del Estado.Y como para que no quede ninguna duda de que la idea central del Decreto 21060 era terminar con el Estado empresario, el artículo 118 dispone “la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento...” que cobijaba a varias empresas estatales. El instrumento legal se ha mantenido invariable y los sucesivos gobiernos no han hecho más que maquillarlo, defenderlo y, en algunos casos, perfeccionarlo.

El artículo segundo confi guraba la operación disponiendo que “autorízase y apruébase los acuerdos requeridos para la conversión en sociedades de economía mixta, de acuerdo a disposiciones en vigencia, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y empresa Metalúrgica Vinto, que especifiquen como aportes del Estado el valor en libros del patrimonio de dichas empresas”.

Conformadas las sociedades de economía mixta, el artículo tercero dispone que “El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante Decreto Supremo, la capitalización de cada una de las sociedades de economía mixta constituidas según lo prescrito por la presente Ley, o de aquellas sociedades de economía mixta ya existentes”.

Este proceso de transformación de la economía nacional se consolidó con la llamada capitalización de las empresas del Estado y el nacimiento de la regulación de los servicios públicos a cargo de la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales (SIRESE).

Las normas legales aplicables para la regulación de los servicios públicos de los sectores indicados son: La Constitución Política del Estado; la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Nº 1600), su Decreto Reglamentario (D.S. Nº 24504); Ley de Telecomunicaciones (Nº 1632), su Decreto Reglamentario (D.S. 24132); Reglamento de Procedimientos de Audiencia Pública, Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos (D.S. Nº 24505); la Ley de Capitalización (Nº 1544); la Ley de Hidrocarburos (Nº 1689); la Ley de Electricidad (Nº 1604) y sus Decretos Reglamentarios; la Ley General de Ferrocarriles de 1910; la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte (Nº 1874); la Ley Nº 2066 modifi catoria a la Ley 2029, de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, y sus Decretos Reglamentarios.

El listado de éstas disposiciones legales, son sólo referenciales, pues, cada sector regulado cuenta con normas especiales, que devienen de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, etc., y, en general, cualquier acto administrativo o de la administración que regule o reglamente cada uno de los sectores.

Este modelo reconoce la libertad de empresa —en la triple dimensión básica de libertad de acceso al mercado, libertad de ejercicio y libertad de cesación— y la libertad de competencia en el marco de las exigencias específicas del Estado social o, lo que es lo mismo, del Estado Social y Democrático de Derecho, reconocido en el artículo primero de la Constitución del 2004.

Con este reconocimiento constitucional, el poder político tiene la facultad de modifi car o transformar el modelo económico dentro del sistema de economía social de mercado, ampliando o reduciendo el contenido de los derechos, poniendo límites, esto es, la Constitución boliviana ofrece la posibilidad de dar vida a modelos económicos alternativos de muy distinto signo. Otra cosa es que la Constitución boliviana permite adoptar modelos distintos, que funcionan no en uno, sino en varios mercados nacionales e internacionales. Como hemos puesto de manifi esto, hemos pasado de un modelo de libre iniciativa o libertad de empresa casi total, vigente desde 1826 hasta 1938, al modelo de capitalismo de Estado vigente hasta el Decreto 21060 del 29 de agosto de 1985. Lo evidente es que, más allá del discurso de algunos sectores de la izquierda boliviana, en ningún momento hemos compartido el sistema económico socialista, menos que éste haya tenido algún atisbo de reconocimiento constitucional.

Tres grandes empresas, propiedad de los “barones del estaño”, controlaban la actividad minera sin control estatal. La Revolución de 1952 fue un hecho fundamental en la historia contemporánea de Bolivia ya que se produjo una modificación total de la estructura económica.

La economía pasó de ser semifeudal dependiente de capitales privados a estar básicamente controlada por el Estado (más del 70%) y aunque no se prohibió la iniciativa privada, la Revolución de 1952 marcó el inicio de la intervención directa del Estado en la economía, conocida como capitalismo de Estado.

El Tribunal Constitucional ha contribuido a consolidar esta área jurídica.