Desarrollo sostenible: Las instituciones deben asegurarse de que sus tecnologías contribuyan al desarrollo sostenible y no causen daños significativos al medio ambiente o a las comunidades.

Inclusión y equidad: Deben trabajar para garantizar que sus tecnologías no aumenten las brechas existentes y promuevan la inclusión y la equidad en la sociedad.

Contribuciones a la comunidad: Las instituciones y organizaciones pueden dedicar recursos a iniciativas que beneficien a la comunidad, como programas de educación tecnológica para grupos desfavorecidos o proyectos de desarrollo local.

Respeto a la privacidad: Deben respetar el derecho a la privacidad de los individuos y proteger los datos personales de manera adecuada.

No discriminación: Las tecnologías no deben usarse para discriminar a las personas en función de su raza, género, religión u otras características protegidas por los derechos humanos.

Acceso a la tecnología: Las instituciones deben trabajar para garantizar que sus tecnologías sean accesibles para todos, incluidas las personas con discapacidades y aquellas que viven en áreas con recursos limitados.

Competencia y capacitación: Los profesionales de la tecnología deben tener la capacitación y las habilidades necesarias para desarrollar y aplicar tecnologías de manera ética.

Responsabilidad personal: Cada profesional tiene la responsabilidad de actuar de manera ética en su trabajo y de denunciar cualquier práctica que considere inapropiada o perjudicial.

Actualización continua: Dado que la tecnología y las implicaciones éticas están en constante evolución, los profesionales deben mantenerse actualizados sobre los desarrollos en su campo y las mejores prácticas éticas.