Manuel Tarricone y Matías Di Santi

Hace 5 días 

El Gobierno nacional anunció que buscará expulsar a los extranjeros que fueron detenidos en la manifestación en los alrededores del Congreso durante el debate legislativo por el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019. Entre las 26 personas que la policía detuvo, y que ya fueron liberados, había dos venezolanos, un paraguayo y un turco. La Ley de Migraciones, sancionada en 2004, fue modificada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2017 del presidente Mauricio Macri que está siendo objetado judicialmente. A continuación, los puntos claves del conflicto:

La ley prevé diferencias para quienes tienen residencia en el país y quienes no la tienen. Para los residentes, es decir, los extranjeros que ya se encuentran radicados en el país, la norma establece que la expulsión corresponde cuando la persona tiene una condena penal, aunque no se encuentre firme. En ese caso, la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar su residencia.

En el caso de migrantes que aún no tienen residencia, la ley establece que cuando un extranjero tiene un procesamiento penalel Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación están obligados a dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación.

Con este aviso, la Dirección tiene la facultad de intimar al extranjero a regularizar su situación u ordenar su expulsión. Pero el proceso no termina ahí: la orden de expulsión dictada por Migraciones puede ser apelada ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene la decisión final sobre la permanencia del extranjero.

La situación penal de un inmigrante es sólo una de las causales de expulsión. También existen otras razones de deportación, como irregularidades en los trámites de radicación o el ingreso al país por un paso fronterizo irregular.

Antes de 2004, la Ley de Migraciones establecía que se le podía iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en determinados casos: para los residentes, la expulsión se originaba a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación, y para los no residentes los delitos debían tener pena superior a tres años.

En cambio, el decreto, entre otras modificaciones, estableció que se le puede iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros por cometer cualquier delito con pena de prisión. “Es decir que el antecedente de cualquier delito fue convertido en un obstáculo (para quedarse en el país)”, señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en el caso de los no residentes el nuevo decreto incorporó el término “antecedentes”, que establece que no es necesaria una condena para iniciar el trámite de expulsión de un extranjero, sino que alcanza con un procesamiento firme.

El CELS y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentaron un pedido de inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia. En primera instancia el juez federal Ernesto Marinelli lo rechazó. Pero en marzo de este año la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las organizaciones y dictóla inconstitucionalidad del decreto.

El tribunal consideró que no había elementos que justificaran la necesidad de hacerlo vía decreto. Dos de los tres magistrados señalaron, además, que el decreto “establece una serie de restricciones al derecho al debido procesoque no se compadecen con los fines que declara perseguir la norma”.

El caso actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).