Rol del Ministerio Público:
Garantizar los derechos fundamentales del menor, investigar los hechos delictivos y promover la acción penal con enfoque de protección reforzada.

Tesis principal:
Los actos descritos sí constituyen delitos graves: la imputada incurre en extorsión, explotación sexual de menor y violencia psicológica y digital.

Fundamento general:
Existe un patrón de manipulación y amenaza que vulnera la libertad, dignidad e intimidad del menor, afectando su desarrollo emocional y psicológico.

Sustento jurídico:

• Código Penal Peruano: arts. 151 y 129-H.

• Ley N.º 31146: violencia digital.

• Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 34).

Rol del abogado defensor:
Garantizar los derechos constitucionales de la imputada, evitar juicios morales anticipados y exigir objetividad probatoria.

Tesis central:
La imputada no actuó con dolo ni con intención de causar daño. La relación con el joven fue recíproca, afectiva y voluntaria.

Argumentos principales:

1. Relación voluntaria: no hubo manipulación ni coerción inicial.

2. Autonomía del joven: contaba con casi 18 años y madurez emocional suficiente.

3. Ausencia de amenaza directa: no se ha probado coacción para obtener dinero o favores.

4. Falta de pruebas concluyentes: no existe registro de difusión del video.

5. Presunción de inocencia: principio constitucional y procesal que debe prevalecer hasta que se demuestre lo contrario.

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEFENSA

1. Presunción de inocencia (Art. II CPP):
Toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba.

2. Principio de tipicidad (Art. 2 CP):
No hay delito sin ley previa. Si la conducta no encaja con precisión en el tipo penal, no puede sancionarse.

3. Consentimiento del menor (Art. 22 CC):
Aunque el menor tiene capacidad limitada, en casos cercanos a la mayoría de edad se analiza su madurez emocional y autonomía.

Jurisprudencia: Casación N.º 456-2019 – La Corte Suprema estableció que debe valorarse el contexto y la voluntad del adolescente cuando está próximo a los 18 años.

Conclusión parcial:
La relación no puede considerarse explotación si existió reciprocidad emocional y ausencia de coacción comprobada.

Ministerio Público:

• Capturas de pantalla y mensajes: evidencian solicitudes de dinero y amenazas (Art. 193 CPP).

• Comprobantes de depósito: prueban la transferencia económica (Art. 160 CPP).

• Testimonio del menor: clave para relatar amenazas y efectos emocionales.

• Peritaje psicológico: acredita el daño emocional y confirma la existencia de manipulación.

• Peritaje informático: autentica archivos y evita alteraciones.

Defensa:

• Conversaciones que reflejan reciprocidad.

• Ausencia de mensajes con amenazas explícitas.

• Testimonio de la imputada explicando el contexto.

• Peritaje informático para demostrar que no se difundió ningún video.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS PRUEBAS

1. Autenticación digital (Art. 193 CPP):

Las pruebas electrónicas deben ser verificadas por peritos informáticos que garanticen su autenticidad y no alteración.

2. Valoración de testimonios:

Los jueces deben evaluar coherencia, espontaneidad y consistencia, especialmente cuando la víctima es menor.

3. Carga probatoria:

Recae en el Ministerio Público, pero la defensa puede generar duda razonable si demuestra inconsistencias.

4. Principio de contradicción:

Ambas partes tienen derecho a contradecir pruebas, interrogar testigos y presentar contrapruebas, garantizando el equilibrio procesal.

Importancia práctica:

El éxito de cada teoría del caso dependerá de la calidad, legalidad y verosimilitud de los medios probatorios.

CONCLUSIÓN GENERAL

Reflexión final del grupo:

El caso “Tentaciones Fatales” refleja los nuevos desafíos del Derecho Penal frente a los delitos digitales, donde convergen el ámbito íntimo, la manipulación psicológica y la prueba electrónica.

Conclusiones clave:

• Los hechos revelan posibles delitos de extorsión, explotación sexual y violencia digital, aunque la defensa plantea un escenario de reciprocidad y falta de dolo.

• El Estado debe garantizar la protección reforzada del menor, pero sin vulnerar la presunción de inocencia.

• La valoración de pruebas digitales exige rigor técnico y respeto al debido proceso.

• La educación digital y la prevención son fundamentales para reducir casos de sextorsión y abuso en línea.

Mensaje final:

La justicia penal debe ser firme frente al abuso, garantista frente al imputado y humana frente a la vulnerabilidad de los adolescentes en entornos digitales.