- Funcionarios públicos

- Voto popular
- Internacional y constitucional

- Elección popular

- Ministerio Público
- Destituciones

- Presidente

- Derechos Humanos (Corte IDH)

- Administración de Petro
- Estado social de derecho.

- Interponerse en los procesos penales

- Rama judicial
 - Poder judicial

- Presidente

- Presidente de la República

- Congreso de la República
- Constitución
- Republica 

El proyecto propone que la Procuraduría ya no pueda suspender ni destituir funcionarios de elección popular, y que tampoco intervenga en procesos penales. Estas son dos de las principales funciones de la Procuraduría, por lo que su modificación tendría un impacto significativo en el funcionamiento del Estado colombiano. 

Argumentos a favor del proyecto 

Los defensores del proyecto argumentan que la Procuraduría ha sido utilizada en el pasado para perseguir a opositores políticos. Además, sostienen que la entidad tiene un exceso de poder, ya que puede investigar y sancionar a funcionarios de elección popular, que han sido elegidos por el pueblo. 

Argumentos en contra del proyecto 

Los opositores al proyecto argumentan que la Procuraduría es un organismo de control fundamental para la democracia colombiana. Señalan que la entidad ha sido clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, sostienen que la eliminación de las facultades disciplinarias de la Procuraduría dejaría un vacío que sería aprovechado por los corruptos. 

Análisis crítico 

El proyecto de acto legislativo del gobierno Petro es una propuesta ambiciosa que tiene el potencial de transformar el sistema de control en Colombia. Sin embargo, el proyecto también es polémico y ha generado un debate intenso entre sus defensores y sus opositores. 

En mi opinión, el proyecto tiene argumentos a favor y en contra. Por un lado, es cierto que la Procuraduría ha sido utilizada en el pasado para perseguir a opositores políticos. Por otro lado, la entidad también ha sido clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

En última instancia, el éxito o fracaso del proyecto dependerá de la forma en que se implemente. Si el proyecto se aprueba y se implementa de manera adecuada, podría contribuir a mejorar la transparencia y la eficiencia del Estado colombiano. Sin embargo, si el proyecto se aprueba y se implementa de manera inadecuada, podría tener un impacto negativo en la democracia colombiana. 

Así mismo es de importante resaltar los siguientes los conceptos: 

Control y equilibrio de poderes: El proyecto de acto legislativo propone limitar las facultades de la Procuraduría, que es un organismo de control del Estado. Esto podría tener un impacto en el balance de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

Lucha contra la corrupción: La Procuraduría es un organismo clave en la lucha contra la corrupción en Colombia. La eliminación de sus facultades disciplinarias podría debilitar esta lucha. 

Democracia: El proyecto de acto legislativo ha generado un debate intenso sobre sus implicaciones para la democracia colombiana. Algunos consideran que el proyecto es necesario para fortalecer la democracia, mientras que otros consideran que podría poner en riesgo la separación de poderes y la transparencia. 

Jurisprudencia: El proyecto de acto legislativo se basa en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha establecido que la Procuraduría no tiene la facultad de suspender ni destituir funcionarios de elección popular. 

Voto popular: El proyecto de acto legislativo ha generado un debate sobre el impacto que tendría en el voto popular, ya que podría facilitar que los funcionarios de elección popular que han sido sancionados por la Procuraduría sean elegidos nuevamente. 

Ministerio público: El proyecto de acto legislativo propone limitar las facultades del Ministerio público, que es un organismo fundamental para la lucha contra la corrupción. 

Consejo: El proyecto de acto legislativo debe ser aprobado por el Congreso de la República, que es un consejo conformado por representantes del pueblo. 

Estado: El proyecto de acto legislativo tiene implicaciones para el Estado colombiano, ya que podría afectar el equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción. 

Simultáneamente, la Corte Constitucional brindo información de la inconformidad con las funciones de la Jurisprudencia del Ministerio Publico con la inhabilitación y destitución, ya que se había dejado la posibilidad de la toma de decisiones solo si el Consejo de Estado lo permitía, este Consejo lo que hace es separar funciones jurisprudenciales de las constitucionales y legales. Del mismo modo, lo que buscaban era una resolución de conflictos o al menos una solución a todo lo planteado, pero no se realizo de esta forma. 

Por consiguiente, este proyecto de Reforma esta avalado por el presidente el cual representa las funciones que están en el reglamento, pero en este momento el plantea esta reforma y lo que quiere con ella es darle fin a un proceso que tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, el cual fue inhabilitado por el procurador Alejandro Ordoñez, por una propuesta malograda de recolección de basuras por medio de la administración de Petro. Con todo este proyecto El ministro Osuna afirma que de este modo el jefe del Estado tiene la posibilidad de decidir. Por otra parte, recalcan como se distribuirán estos funcionarios a la rama Judicial y se res brindara mandatos de jueces o fiscales. Lo cual no sería muy correcto tomar esta decisión debido al gran desagrado que esta causando a estos funcionarios. 

Finalmente, el Consejo Superior de la Política Criminal, le ha dado un visto bueno a el proyecto legislativo y los cambios que tendrá este. Por lo tanto, sigue en pie y seguirá siendo debatido en el Congreso de la República. Se evidencia que con todo esto se generarían disconformidad por parte de muchos funcionarios y que también generara un cambio en algunos artículos de la Carta Magna (Constitución Política de Colombia). Se debe agregar que desde que estos cambios incentiven algo positivo para país este deberá seguir en discusión, hasta que se logre implementar. 

(Sánchez, 2023)

El polémico proyecto de reforma está avalado por el Presidente, quien lo ha promovido y considera que es necesario para “dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Petro Urrego vs. Colombia”. Esto último fue un caso que se escaló hasta el organismo internacional luego de que Gustavo Petro fuera inhabilitado de su entonces cargo como alcalde mayor de Bogotá por parte del también entonces procurador Alejandro Ordoñez, debido a un sistema fallido de recolección de basuras propuesto por la administración de Petro.

Esta circunstancia, además, se produce en medio de controversia protagonizada por el mandatario y la procuradora Margarita Cabello Blanco, cuando el Presidente no acató el fallo disciplinario del ente de control que suspendió al alcalde de Riohacha. En esa ocasión, la funcionaria no dudó en considerar la posición del jefe de Estado como un desconocimiento al Estado social de derecho.

Pero, aparte de esto, otra importante función de la Procuraduría se suprimiría: esta es la de interponerse en los procesos penales. Según Osuna, “y adicionalmente, dando respuesta a un estudio de muchísimos casos y abogados, se retira la función de intervención de la Procuraduría en los procesos del sistema Penal Acusatorio”.

Pese a esta disposición, en el proyecto legislativo buscará trasladar a funcionarios del Ministerio Público a la rama judicial para que puedan intervenir en los procesos penales. El Ministro de Justicia menciona que “van a quedar una serie de funcionarios, a quienes se les va a garantizar su estabilidad laboral, su salario, pero que se trasladan al poder judicial, ya sea como jueces o como fiscales”.

Sobre la implementación de esta última medida, el funcionamiento de la portabilidad de estos funcionarios será determinado por el Presidente. El ministro Osuna enfatizó que el acto legislativo otorgará al jefe de Estado las facultades para decidir.

Este aspecto aspecto, en algunos sectores genera pánico, pues es permisivo con posibles facultades extraordinarias en favor del presidente de la República, para trasladar a procuradores judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial.

El Consejo Superior de Política Criminal, quien ha estado estudiando el acto legislativo, ha dado un visto bueno a la propuesta. La iniciativa continuará siendo debatida en el Congreso de la República.

¿Qué responde la Procuraduría?

El desazón percibido por el organismo de control está fundamentado, en parte, porque a pesar de que el fallo de la Corte Constitucional había respondido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su decisión sobre el caso de Petro no estaba por encima de la Constitución, el proyecto de acto legislativo sigue en pie.

Asimismo, las modificaciones que se le puedan hacer a la Carta Magna, especialmente en los artículos 117, 118, 268, 277 y 278 (también se derogaría el parágrafo primero del artículo 250) son causa de preocupación por parte de la Procuraduría. Sin embargo, se está a la espera de las declaraciones de la funcionaria Cabello sobre este proyecto de acto legislativo.
(Sánchez, 2023)