POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO HUMANO-UNAD
JULIO DE 2021
PERIODO ACADÉMICO COMPLEMENTARIO 8-03

*Hurtado Mosquera, J. A., & Hinestroza Cuesta, L. (2018). Espacios de participación ciudadana en la construcción de planes de desarrollo en territorios étnicos: caso departamento del Chocó. (Spanish). Justicia (0124-7441), 23(33), 91–117. https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=130869371&lang=es&site=eds-live&scope=site

*Díaz,  A. (2017). Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas. Gestión y política pública: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000200341&lng=es&tlng=es.

La constitución política “Otorga especial protección al derecho de participación de los pueblos indígenas del país en las decisiones que los afectan, y esta especial protección se traduce en el deber de adelantar procesos de consulta con las comunidades indígenas y tribales para la adopción y la ejecución de decisiones que puedan afectarles, procesos de consulta que constituyen una forma de participación democrática específicamente regulada en el artículo 330 Superior, y con un sustento adicional en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Colombia mediante Ley 21 de 1991, que forma parte del bloque de constitucionalidad. (C. Const., Sentencia C-461/2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil)

Siguiendo con Ceballos y Martin (2001), dichos mecanismos expresan la

posibilidad de los ciudadanos a participar políticamente y a fortalecer la representación de las siguientes formas:

1. Elegir y ser elegidos

2. Participar en los plebiscitos, referendos y consultas populares

3. Constituir partidos y movimientos políticos

4. Revocar el mandato de los elegidos

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (p. 28).

Por su parte, los mecanismos de participación comunitaria expresan la posibilidad de los ciudadanos y de las organizaciones comunitarias de actuar e intervenir en la defensa de sus propios intereses, de relacionarse con el Estado y participar en la gestión de su propio desarrollo (Ceballos & Martin, 2001).

 

Desde el rol como docente-estudiante: El aprendizaje es un proceso social (Freire, 2005). La pedagogía no es un ejercicio preestablecido, realizado por alguien llamado maestro a alguien llamado estudiante. Es un proceso relacional que emerge de nuestra red de relaciones recurrentes a medida que adquiere coherencia en el contexto de la experiencia. El aprendizaje que no puede incorporarse a la práctica no podría concebirse como aprendizaje, porque la repetición de información es adoctrinamiento. (Lopera-Molano, 2020, pg.5)

Entonces dicho lo anterior, pienso que la falta de educación, de capacitación conlleva a que la comunidad no entienda, no conozca la historia y las necesidades por las que están pasando para poder crear espacios de participación para la solución de los problemas; se puede decir que desde el contexto educativo un estudiante o docente debe estar preparado, tener conocimiento sobe el tema y no pueden tomar decisiones ligeras; sino que se debe hacer el proceso de votación, elección y de dialogo para llegar a un acuerdo y pasar a gestionar recursos para cumplir con las estrategias o proyectos diseñados para el colegio sin ninguna discriminación  étnica y que todos participen activamente para disminuir la exclusión educativa y así finalmente halla acuerdos de paz en el ámbito educativo. 

La necesidad de fortalecer la organización y la participación social viene siendo históricamente destacada en el campo de la educación, particularmente desde el pensamiento y las fuerzas progresistas. Hoy, la participación permea todos los discursos, a nivel nacional e internacional, y ha pasado a ser asumida como una bandera también desde los Estados y las agencias internacionales. No obstante, dicho consenso es más nominal que real, continúa más apegado a la retórica que a los hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto de la participación (centrada en aspectos instrumentales) como de la sociedad civil (reducida por lo general a las organizaciones no gubernamentales ONGs) y de la educación (reducida a educación escolar o formal).

La participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación no es un lujo o una opción: es condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones deseadas. Es un imperativo no sólo político democrático derecho ciudadano a la información, a la consulta y a la iniciativa, a la transparencia en la gestión de lo público sino de relevancia, eficacia y sustentabilidad de las acciones emprendidas. Porque la educación y el cambio educativo involucran a personas y pasan, por ende, por los saberes, el razonamiento, la subjetividad, las pautas culturales, las expectativas, la voluntad de cambio y el propio cambio de personas concretas; lo que se ahorra en tiempo, en recursos, en complicaciones al pasar a las personas y sus organizaciones por alto, se paga en inadecuación de las ideas propuestas a las realidades y posibilidades concretas, en incomprensión, resistencia o, peor aún, apatía, de quienes están llamados a apropiarse y a hacer. Afirmar esto ya no requiere respaldarse en citas y en estudios, porque, si el sentido común no bastara, ha pasado a incorporarse ya al acervo de grandes lecciones aprendidas en los procesos de reforma educativa a nivel mundial y en esta región específicamente.

La participación (social, ciudadana, comunitaria, popular) ha sido fundamentalmente una reivindicación de los sectores y actores subordinados y de los sectores progresistas. En el terreno educativo, ha sido asimismo bandera del pensamiento y de las corrientes político-pedagógicas de avanzada. Hoy, el discurso de la participación ha copado el discurso público, a nivel nacional e internacional, y es levantado por todos: el Estado, la sociedad civil, el mercado y la cooperación internacional. No obstante, igual que con “sociedad civil” y “comunidad”, la “participación” que invocan, impulsan o reclaman los diversos actores, no es la misma. Esto explica en parte por qué la falta de participación y de consulta permanece como tema crítico levantado desde muchas OSC, y en particular desde los docentes y sus gremios, mientras que del lado del Estado y las agencias se percibe un despliegue inédito de la participación a todos los niveles, tanto en la institución escolar como en la política educativa.

La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

La participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas como lo son el Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.

Los mecanismos de planeación participativa, para determinados sectores minoritarios se establecieron circunscripciones electorales especiales, posibilitándose la participación política de actores sociales relevantes como los movimientos indígenas, los afrodescendientes, a su vez, se abrió la posibilidad para que aquellos movimientos y grupos de ciudadanos que no se sentían representados en los partidos políticos pudiesen recurrir a inscripción de candidaturas por firmas. (Ramírez & Pinzón, 2015, p. 2).

La Constitución Nacional dio un paso importante para la consolidación de la democracia al establecer nuevos espacios para la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos de participación, todos ligados con el ejercicio de la democracia participativa. Lo anterior queda en evidencia, cuando se sostiene que el “el fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Medio de comunicación
Desde este rol como medio de comunicación se evidencia que la falta de educación tiende a ingerir a la ignorancia colectiva y por ende comienza hacer mella en un país sin educación ya que la misma es la puerta a la trasformación social comunitaria pues por medio de la lectura, de los nuevos saberes, nuevos aprendizajes se logra una educación inclusiva en el conocimiento subjetivo, la educación hace parte de un derecho y de un deber ciudadano es decir de las políticas públicas de un país, la participación individual y colectiva en los procesos e aprendizajes aportan para la construcción del tejido social.

Por medio de este rol se hace énfasis en poder mostrar los derechos que muchas veces tienden hacer violados por la falta de una educación estable con estándares de calidad que aportes metodologías participativas y con un enfoque inclusivo a miles de comunidades que son afectadas como las problemáticas sociales de Colombia, por medio de este medio podemos considerar que la pertenencia de una persona a su comunidad activa el sentimiento y la dignidad que deriva de unas políticas públicas que tienden a ingerir en las necesidades de las comunidades en sus diferentes posesos, por medio d estas estrategias se impulsa el sentido de la pertenecía , la convivencia y el interés por la educación ya que su objeto principal es el aprendizaje subjetivo y colectivo por medio del cual se derivan valores, habilidades necesarias para nuestro bienestar integral.

La necesidad de fortalecer la organización y la participación social viene siendo históricamente destacada en el campo de la educación, particularmente desde el pensamiento y las fuerzas progresistas. Hoy, la participación permea todos los discursos, a nivel nacional e internacional, y ha pasado a ser asumida como una bandera también desde los Estados y las agencias internacionales. No obstante, dicho consenso es más nominal que real, continúa más apegado a la retórica que a los hechos, y se basa en concepciones restringidas tanto de la participación (centrada en aspectos instrumentales) como de la sociedad civil (reducida por lo general a las organizaciones no gubernamentales ONGs) y de la educación (reducida a educación escolar o formal).

La participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación no es un lujo o una opción: es condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones deseadas. Es un imperativo no sólo político democrático derecho ciudadano a la información, a la consulta y a la iniciativa, a la transparencia en la gestión de lo público sino de relevancia, eficacia y sustentabilidad de las acciones emprendidas. Porque la educación y el cambio educativo involucran a personas y pasan, por ende, por los saberes, el razonamiento, la subjetividad, las pautas culturales, las expectativas, la voluntad de cambio y el propio cambio de personas concretas; lo que se ahorra en tiempo, en recursos, en complicaciones al pasar a las personas y sus organizaciones por alto, se paga en inadecuación de las ideas propuestas a las realidades y posibilidades concretas, en incomprensión, resistencia o, peor aún, apatía, de quienes están llamados a apropiarse y a hacer. Afirmar esto ya no requiere respaldarse en citas y en estudios, porque, si el sentido común no bastara, ha pasado a incorporarse ya al acervo de grandes lecciones aprendidas en los procesos de reforma educativa a nivel mundial y en esta región específicamente.

La participación (social, ciudadana, comunitaria, popular) ha sido fundamentalmente una reivindicación de los sectores y actores subordinados y de los sectores progresistas. En el terreno educativo, ha sido asimismo bandera del pensamiento y de las corrientes político-pedagógicas de avanzada. Hoy, el discurso de la participación ha copado el discurso público, a nivel nacional e internacional, y es levantado por todos: el Estado, la sociedad civil, el mercado y la cooperación internacional. No obstante, igual que con “sociedad civil” y “comunidad”, la “participación” que invocan, impulsan o reclaman los diversos actores, no es la misma. Esto explica en parte por qué la falta de participación y de consulta permanece como tema crítico levantado desde muchas OSC, y en particular desde los docentes y sus gremios, mientras que del lado del Estado y las agencias se percibe un despliegue inédito de la participación a todos los niveles, tanto en la institución escolar como en la política educativa.

La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política (Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2009).

La participación ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas como lo son el Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.