My glorious padlet by Samuel Garcia

Decreto 1360 de 1989

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 14:59:57 UTC

El Decreto 1360 de 1989 reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Establece que el soporte lógico será objeto de depósito ante la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor. Este depósito es diferente del registro. Se realizará mediante formulario con los datos de identificación de la obra. Podrá depositarse el soporte lógico o una reproducción del mismo. El depósito no constituye prueba sobre elementos diferentes del soporte lógico como el nombre o calidad del titular. El Registro Nacional del Derecho de Autor expedirá un certificado de depósito al interesado como constancia del mismo.

Ley 23 de 1982

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:00:27 UTC

Establece las disposiciones sobre la propiedad literaria y artística en el país. Regula los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras literarias, científicas y artísticas. Incluye obras como libros, composiciones musicales, obras audiovisuales, pinturas y esculturas. Otorga derechos como el de paternidad de la obra y su integridad. También regula los derechos exclusivos de explotación económica de las obras por parte de sus autores. Establece excepciones y limitaciones al derecho de autor. Incluye disposiciones sobre el registro de obras y contratos. Crea entidades de gestión colectiva. Y fija duraciones de protección de acuerdo al tipo de obra.

Ley 565 de 2000

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:00:55 UTC

La Ley 565 de 2000 aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derecho de Autor" adoptado en Ginebra en 1996. Este tratado busca fortalecer la protección del derecho de autor en el entorno digital global. Establece que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna. Precisa normas sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor en el entorno digital. Incorpora disposiciones sobre medidas tecnológicas de protección y gestión de derechos. Regula la información sobre gestión de derechos. Y garantiza sanciones y recursos legales contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas. En síntesis, este tratado actualiza las normas internacionales sobre derecho de autor para la era digital.

Decisión 486 de 2000

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:01:08 UTC

La Decisión 486 establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Regula la protección de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, lemas y nombres comerciales. Determina los requisitos de registrabilidad y procedimientos para su concesión en los países de la CAN. Incluye normas sobre licencias obligatorias y uso público no autorizado de patentes. Regula indicaciones geográficas y denominaciones de origen. También, acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y procedimientos de nulidad y cancelación de registros. En síntesis, esta Decisión armoniza los sistemas de propiedad industrial en los países andinos.

Ley 1450 de 2011

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:01:16 UTC

La Ley 1450 de 2011, conocida como el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, establece los objetivos y estrategias para promover el desarrollo sostenible y el crecimiento económico del país. Adopta decisiones en varios frentes, como la competitividad y productividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, buen gobierno y relevancia internacional. Plantea el desarrollo minero-energético de manera social y ambientalmente responsable y el crecimiento sostenido y competitivo de la infraestructura de transporte. A su vez desarrolla una política integral de desarrollo rural y agropecuario, y promueve la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo de desastres.

Ley 1273 2009

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:01:36 UTC

La Ley 1273 de 2009 busca proteger la información y los datos personales almacenados en medios informáticos, telemáticos o electrónicos. Establece sanciones penales por acciones que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de este tipo de información. Tipifica como delitos acciones relacionadas con el acceso abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de información privada, el daño informático y el uso de software malicioso. Determina las penas de prisión y multas aplicables a estas conductas delictivas. También consagra circunstancias de agravación punitiva para estos delitos informáticos y hurto por medios informáticos.

Ley 1581 de 2012

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:01:45 UTC

a Ley 1581 de 2012 o Ley de Protección de Datos Personales establece las condiciones para el tratamiento legítimo de los datos personales por parte de entidades públicas y privadas. Garantiza el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida sobre ellas en bases de datos o archivos. Determina principios como acceso y circulación restringida sobre estos datos. Regula temas como la autorización del titular, políticas de tratamiento, medidas de seguridad y la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales en Colombia.

Ley 80 1993

garciasamueldavid1805_ — 2024-02-07 15:01:51 UTC

La Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración Pública regula los contratos que celebren las entidades estatales. Establece las reglas y principios que rigen los procesos de escogencia, los derechos y deberes de entidades y contratistas. Consagra principios de transparencia, economía y responsabilidad. Regula modalidades como licitación pública, contratación directa y concursos de méritos. Determina inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés de quienes intervienen en la contratación estatal. Crea el Registro Único de Proponentes y la acción de repetición. En síntesis, procura moralizar, racionalizar y transparentar la actividad contractual con recursos públicos.