Como tal la lectura de ‘’La explicación sociológica de la criminalidad’’ no aborda directamente la relación entre la parte general y la parte especial del derecho penal, pero sugiere que la criminología puede influir en como se interpretan y aplican las normas penales

La parte general nos establece los principios del derecho penal, mientras que la parte especial define los delitos y sus penas. La perspectiva sociológica indica que el delito esta influenciado por factores sociales, lo que podría llevara una interpretación mas flexible de las leyes.

Así la parte general proporciona el marco teórico, y la criminología considera el contexto social del comportamiento delictivo, afectando la aplicación de las normas y las sanciones.

La parte general del derecho penal establece principios fundamentales como la tipicidad y la culpabilidad, que son esenciales para la tipificación de delitos en la parte especial del Código Penal. La globalización ha introducido nuevos tipos de criminalidad que pueden generar impunidad, lo que requiere que la parte general se adapte para enfrentar estos desafíos y proteger los derechos fundamentales ya que ambas partes deben interactuar de manera dinámica para abordar la criminalidad contemporánea.

Haciendo un análisis de la lectura el tema de la complejidad de fenómenos como la criminalidad organizada, donde las leyes especiales juegan un papel crucial para responder de manera eficaz a las amenazas que presenta este tipo de criminalidad. Sin embargo, a nivel dogmático, la interpretación y aplicación de estas leyes sigue los mismos principios de la parte general del derecho penal.

La relación dogmática entre la parte general y la parte especial se materializa en que la parte general proporciona los criterios y principios comunes que deben aplicarse a los tipos penales específicos de la parte especial. Así, un delito en particular, como el homicidio (parte especial), debe ser analizado conforme a los principios generales que determinan si la conducta es típica, antijurídica y culpable (parte general). Sin la parte general, los delitos de la parte especial no tendrían un marco de referencia para su análisis y aplicación. Así como con las leyes especiales, radica en que la parte general proporciona el marco de principios comunes que permiten aplicar de manera uniforme los tipos penales específicos y las normas especiales, garantizando coherencia en la interpretación y aplicación del derecho penal.

La relación dogmática entre estas tres instancias normativas radica en que las leyes especiales, al igual que los delitos tipificados en la parte especial del Código Penal, deben ser interpretadas y aplicadas conforme a los principios establecidos en la parte general del derecho penal. Estos principios aseguran una coherencia jurídica en todo el sistema penal. Por ejemplo, la tipificación de delitos de crimen organizado en leyes especiales, como la ley contra el narcotráfico o el lavado de activos, debe seguir las mismas reglas generales en cuanto a la culpabilidad, participación delictiva, circunstancias agravantes o atenuantes, entre otros aspectos que se regulan en la parte general.

En el análisis de Vizcarra, Bonilla y Prado, se resalta que las leyes especiales implementadas para combatir el crimen organizado en el Perú son necesarias debido a la particularidad de las conductas delictivas involucradas. Sin embargo, desde el punto de vista dogmático, las disposiciones especiales no son autosuficientes ni funcionan de manera aislada. Dependen de los fundamentos y principios generales del derecho penal para garantizar una aplicación justa y equitativa.

La relación entre la parte general y la parte especial del derecho penal, según Orlando Humberto de la Vega Martinis, es de independencia y prioridad. La parte general establece principios aplicables a todos los delitos, mientras que la parte especial se centra en delitos específicos y sus sanciones. De la Vega argumenta que la parte especial debería tener prioridad, ya que es donde se concretan las leyes y se aplica el principio de legalidad.

Cabe recalcar que es importante que ambas partes se sistematicen adecuadamente, respetando sus características propias, para que el sistema penal sea claro y efectivo.

Limitar el delito de organización criminal solo a aquellos casos con penas mayores a seis años y que se enfoquen en el control de mercados ilegales podría dejar desprotegida a la sociedad frente a otras formas de crimen organizado, como el tráfico de terrenos o la usurpación. Esto podría excluir de la protección legal situaciones serias que no se ajustan a estos criterios específicos.

La Convención de Palermo, por otro lado, no exige que una organización criminal controle una economía ilegal ni que los delitos tengan penas superiores a seis años. Define un "delito grave" como aquel con una pena mínima de cuatro años de prisión. Así, lo único que necesita la organización para ser considerada criminal es buscar un beneficio económico o material.

-CALANI CALUMANI, EDSSON

-CASTILLO CONDORI, ELIA

-DELGADO ALCCA, MAXIMILIANO

-ESTRADA MEDINA, ARIANA

-FIESTAS ROJAS, LEIA

-FLORES INOCENTE, JOSHWAR