Los árbitros, las partes implicadas y las entidades arbitrales, en caso de ser necesario, tienen el deber de preservar la privacidad de los datos que obtengan mediante las acciones arbitrales.

IMPARCIALIDAD

Las partes, de manera consensuada, eligen el tribunal arbitral, el lugar y la ubicación del arbitraje, la legislación correspondiente al asunto en cuestión, y el idioma del procedimiento, entre otros aspectos.

ESPECIALIZACIÓN

Las partes seleccionan de manera conjunta a los árbitros, basándose en los saberes técnicos y experiencia para un caso específico.

FLEXIBILIDAD
Las partes poseen la facultad de ajustar las normas del procedimiento a las exigencias del caso.

INMEDIATA.
Los árbitros administran directamente el proceso del arbitraje, desde su comienzo hasta que se emita el veredicto.

APELACIÓN
Usualmente, los veredictos arbitrales no son apelables. Podrán ser revisados y eliminados en circunstancias muy excepcionales.

RAPIDEZ
Normalmente, un arbitraje es significativamente más ágil, pudiendo extender todo el proceso entre 6 y 18 meses, dependiendo de la complejidad del caso.

PRUEBA
En los procesos de arbitraje, las audiencias de prueba pueden extenderse durante el tiempo que se requiera, siendo habitual que se realicen por varios días.

COSTES
Las partes deben asumir en su totalidad el procedimiento: Costos de árbitros, tarifas institucionales y realización de exámenes, entre otros aspectos.

Arbitraje de equidad:

En el arbitraje de equidad, la resolución adoptada por el árbitro deberá resolver el conflicto de acuerdo a su leal saber y entender. En el cual, el árbitro dictará un laudo que, sin contravenir el ordenamiento jurídico, deberá estar motivado por su sentido de lo justo.

Las partes pueden pactar que el arbitraje se realice y resuelva de acuerdo a derecho o equidad en función de su autonomía de la voluntad. Y, a falta de acuerdo en esta cuestión, la Ley de arbitraje establece que el arbitraje será siempre de derecho.

El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando:

1) La parte que interpone la petición pruebe:

a) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje, estaba afectada por alguna incapacidad que vició su voluntad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo;

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse o, falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.

2) O cuando el tribunal compruebe:

a) Que según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o

b) Que el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense.

También se declarará nulo un laudo arbitral cuando este no se haya dictado dentro del plazo establecido por las partes o en su defecto según lo establecido en la presente Ley.

El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones recurridas de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.

Las actuaciones arbítrales se efectuarán en la sed de la Oficina Nacional de Arbitraje, o en las sedes de la circunscripciones judiciales. Sin embargo, por razones justificadas, las actuaciones arbítrales podrán efectuarse en cualquier lugar que el Tribunal Arbitral estime apropiado, tanto para actuaciones tales como recibir declaraciones de testigos, peritajes o declaraciones de las partes, inspecciones in - situ, examen de documentos, o simplemente para determinar el estado de las cosas, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes. La realización de cualquier audiencia deberá notificarse con un mínimo de tres (3) días de antelación.

En todos los casos, el laudo arbitral se entenderá siempre dictado en el lugar arbitraje.

Las partes podrán estar representadas o asesoradas por abogados de su elección. En caso de que la parte desee que su abogado la represente, ésta deberá otorgar poder judicial, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por ley

Con sujeción a lo dispuesto por la Ley 278 y el Reglamento de arbitraje nos dice que, el Tribunal deberá dirigir el arbitraje de modo apropiado, tratando a las partes con igualdad, dándoles intervención y plena oportunidad para hacer valer sus derechos.