La justificación del gobierno para estos decretos fue que buscaban fomentar el desarrollo económico y modernizar las prácticas productivas en la región amazónica, argumentando que esta explotación de recursos naturales impulsaría el crecimiento y beneficiaría a todo el país. El gobierno planteaba que los territorios amazónicos eran "tierras ociosas" que debían ser aprovechadas. Sin embargo, esta visión desestimaba el rol de las comunidades indígenas como guardianes de sus territorios y desatendía los derechos de estas comunidades sobre sus tierras ancestrales.

¿Cuál fue el conflicto ocurrido en Bagua? ¿Quiénes fueron
los actores involucrados? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo afecto a la población? Los pueblos indígenas en especial los Awajun y Wanpis de Bagua exigían la derogación de los decretos de leyes que consistía en que darían la mayoría de sus tierras a los inversores extranjeros, sin considerar sus derechos ni respetar sus territorios, esto fue establecido en el gobierno de Alan García, durante la implementación del TLC con Estados Unidos. Los indigenas llevaban mas de 50 días en huelga, protestas en las carreteras y en la estación 6 de Petroperú. Entonces, El 5 de junio de 2009, ocurrió el llamado baguazo en la curva del diablo, dos bloques policiales llegaron a dicho lugar y empezaron a desalojarlos, involucró a indígenas, civiles y policías. Este suceso dejo 33 muertos, más de 200 heridos y el mayor de los policías Felipe Bazán desaparecido hasta hoy. Esto tuvo un impacto en la población debido a las perdidas humanas, tensión social-político y cambios en la legislación.

Este caso es una prueba clara de una injusticia social, al no considerar de igual forma las necesidades de los habitantes de la zona en comparación con los inversionistas. La imposición de decretos sin consulta previa a quienes habitan y dependen directamente de la Amazonía muestra una desconexión y una desvalorización de sus voces y modos de vida. Esto refleja no solo una falta de representación de estos grupos en las decisiones nacionales, sino también una historia de marginación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus propios territorios. Acciones que se pueden hacer para mejorar el manejo de este tipo de conflictos es el dejar de marginar a la población más alejada, apoyar en escuchar su voz y no volver a pasar por encima de esta, simplemente tomándolos en cuenta a la hora de decidir algo relacionado con sus viviendas y lugar donde viven. En los últimos años, el conflicto en torno a la mina Las Bambas en la región de Apurímac ha captado la atención pública. Este conflicto ha involucrado continuas protestas de las comunidades cercanas, que exigen compensaciones justas, mejor infraestructura, y respeto a sus territorios y al ambiente. Desde 2015 hasta la actualidad, el conflicto ha generado bloqueos de carreteras y enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, así como importantes pérdidas económicas para la compañía y el país. Las comunidades argumentan que las actividades de la mina han afectado el agua y el suelo de la región, poniendo en riesgo sus actividades agrícolas. Este caso ha sido una muestra de como las autoridades siguen sin escuchar a los pobladores antes de tomar decisiones que los concierne.