La privatización se propone, a través de  convenios y acuerdos suscriptos por el Ministerio de Educación de la Nación con empresas privadas nacionales e internacionales, ONGs, fundaciones vinculadas al ámbito educativo y universidades privadas; la apertura del sistema educativo a los negocios privados. Dichos aportes, tienen como único objetivo la implementación de políticas, desmantelando así la esencia de lo público y la idea de educación como derecho social.

Tal como describen Duhalde,M. A.,& M, Feldfeber (2016) “La expansión de tendencias privatizadoras en el campo educativo constituyen reconfiguraciones del derecho a la educación desde los procesos de individualización y mercantilización de lo social, de la mano de concepciones más amplias que sostienen una mirada del Estado al servicio de intereses privados que debe generar condiciones para los negocios y las inversiones privadas y extranjeras”.