Los regiomontanos podrían enfrentar una escasez del vital líquido ya que la presa Cerro Prieto se encuentra al 17 por ciento de su capacidad.
En el estado de Nuevo León se ha declarado alerta máxima para más de 40 municipios, por lo que es necesario insistir en el ahorro y conservación del agua. Uno de los suministros más afectados ha sido la presa de Cerro Prieto que se encuentra sólo con el 17.53% de su capacidad.

“La temporada de sequía debe tomarse con mucha más seriedad que en el pasado, debido al calentamiento global no hay mucha certeza sobre la duración o intensidad de la falta de agua. Sin duda los más afectados con esta situación, son quienes se dedican al campo, sin embargo, las zonas urbanas también corren el riesgo de sufrir escasez del líquido, por lo que el acopio es imprescindible para mantener la vida productiva

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.
• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.
• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.
• Las malas condiciones de la infraestructura.
• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.
• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.
• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.
• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.