Entre sus funciones tenía la de proponer la delimitación de la competencia tributaria entre la Federación, los Estados y los Municipios, en los arbitrios no asignados privativamente a alguna de las personas de derecho público, y en aprobar las conclusiones necesarias para uniformar los sistemas tributarios relativos a los gravámenes privativamente locales.

la SHCP elaboró en 1926 el primer proyecto de reformas constitucionales, sobre la base de una separación provisional de las fuentes impositivas entre la Federación y los Estados, atribuyendo facultades para gravar impuestos de la siguiente manera:

A poderes federales:

• Al comercio exterior

• A la renta

• Sobre herencias y legados

• Sobre materias enumeradas en las fracc. IV y V del art. 27 constitucional.

  A Jurisdicción estatal:

• Predial

• Actos jurídicos no comerciales

• Sobre capitales invertidos en capital inmobiliaria

• Sobre vegetales

• Servicios públicos

Se realizaron dos reformas constitucionales, en 1934 y 1942:

Reforma Constitucional de 1934:

la Federación en 1934 y 1936, nuevamente promovió reformas constitucionales, prosperando únicamente la modificación al Artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica, con lo que los impuestos sobre esta fuente pasaron a ser exclusivos del gobierno federal, de cuyo rendimiento participarían los estados y municipios. Posteriormente, en 1935 y en 1940 se hicieron otras modificaciones a la misma fracción X para otorgar a la legislación federal competencia en materia de industria cinematográfica, que se agregó a las concedidas anteriormente (a comercio, minería e instituciones de crédito).

Reformas Constitucionales de 1942:

En 1942, se adicionó al Artículo 73 constitucional, fracción X, la facultad al Congreso de la Unión para legislar sobre: industria de tabacos en rama y elaborados, para decretar impuestos sobre producción y venta de tabacos labrados, fijar el porcentaje que en el rendimiento de dichos impuestos corresponde a las entidades federativas, y determinar la cuota de los impuestos locales sobre producción, acopio o venta de tabaco en rama.Se adicionó también al artículo 73 constitucional, la fracción XXIX, en la que se estableció que las entidades federativas participarán en el rendimiento de contribuciones especiales sobre: energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de su fermentación; explotación forestal; y producción y consumo de cerveza.

• El desarrollo de un sistema fiscal que permita el aprovechamiento coordinado de las principales fuentes de gravamen entre la Federación, los Estados y los Municipios

• La elaboración de un "Plan Nacional de Arbitrios", que por su carácter y naturaleza deberá ser formulado de común acuerdo entre la Federación y los Estados, sin perder de vista las necesidades de los municipios

• Se acordó la creación de la Comisión Nacional de Arbitrios, integrada por tres representantes Federales, cinco de las entidades federativas y dos de los causantes (estos últimos sólo con voz informativa), la cual tenía la función de proponer medidas para coordinar la acción impositiva Federal y Local, actuar como consultor técnico y gestionar el pago oportuno de las participaciones.

• Se estableció la necesidad de revisar el Plan Nacional de Arbitrios cada tres años o cada vez que fuera necesario con la intervención de la Federación, Estados y Municipios.

  Entre los resultados de la Tercera Convención Nacional Fiscal también se pueden considerar: 

  La expedición de la Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (1948)

  La Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas (1948)  La primera Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados (1953).

que condujo a la necesidad de crear el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

• Convenio de Adhesión, 1980: Cálculo del Sacrificio Fiscal por Entidad

• Convenio de Adhesión, 1980: Ajustes Entidades Petroleras

• Convenio de Adhesión, 1982: Pasaportes Provisionales

• Convenio de Adhesión, 1981: Sistema Alimentario Mexicano (SAM)

• Convenio de Adhesión, 1981: Reformas IVA y Distribución FFCP

• Convenio de Adhesión, 1992: 8% Espectáculos Públicos

• Convenio de Adhesión, 1995: Impuestos Sobre Artes Plásticas

• Convenio de Colaboración Administrativa

La LCF creó un marco normativo para regular la relación fiscal entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, promoviendo una mayor equidad en la distribución de recursos. Asimismo, permitió el establecimiento de mecanismos de compensación y participación de los estados y municipios en los ingresos federales.

1. Ley de Coordinación Fiscal: Es el marco legal que regula el sistema. Define los mecanismos de participación de los estados y municipios en los ingresos federales, y establece los fondos y criterios de distribución.

2. Participaciones Federales (Ramo 28): Son los recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios en función de la recaudación de ciertos impuestos federales. Estas participaciones no tienen un destino específico, es decir, los estados y municipios pueden utilizarlas de manera libre, de acuerdo con sus necesidades.

3. Aportaciones Federales (Ramo 33): Son recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios, pero con un destino específico, es decir, deben ser utilizados en áreas como educación, salud, infraestructura social, etc.

4. Fondo General de Participaciones: Es el principal fondo de distribución de las participaciones federales. Su distribución se realiza a través de una fórmula que toma en cuenta criterios como la población, la recaudación estatal y el nivel de desarrollo relativo de las entidades.

5. Fondos de Compensación: Existen mecanismos de compensación para aquellos estados que tengan una menor capacidad recaudatoria o un nivel de desarrollo inferior, con el objetivo de reducir las disparidades regionales.

6. Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: Es un órgano que agrupa a los responsables de las finanzas públicas de los estados y de la Federación. Su principal función es discutir y proponer cambios en el sistema fiscal y en la distribución de los recursos.

Elementos clave de la armonización fiscal:

• Homologación de bases impositivas: Un aspecto esencial es que los diferentes niveles de gobierno utilicen definiciones y conceptos uniformes para calcular los impuestos, evitando diferencias en las bases gravables que puedan generar conflictos o complejidad para los contribuyentes.

• Coordinación de impuestos locales y federales: La Ley de Coordinación Fiscal establece que ciertos impuestos, como el Impuesto sobre la Renta (ISR) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA), son competencia exclusiva de la Federación. A cambio, los estados y municipios reciben participaciones. Para impuestos locales, como el predial, se promueve la adopción de mejores prácticas de recaudación y administración.

• Fiscalización conjunta: La coordinación en la fiscalización entre los diferentes niveles de gobierno permite una supervisión más eficiente de los contribuyentes, evitando duplicidades o auditorías múltiples por la misma situación fiscal.

• Normas contables armonizadas: El gobierno mexicano ha implementado normas de contabilidad gubernamental armonizadas, lo que permite una mayor transparencia y comparabilidad en el uso y la distribución de los recursos fiscales entre los distintos niveles de gobierno.

Elementos clave de la simplificación fiscal:

• Reducción de trámites burocráticos: Uno de los principales objetivos es disminuir el número de trámites y la cantidad de información que deben proporcionar los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto se puede lograr mediante el uso de tecnologías como plataformas en línea y sistemas automatizados de declaración y pago.

• Implementación de regímenes simplificados: México ha creado regímenes fiscales simplificados para ciertos tipos de contribuyentes. Ejemplos de esto son el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para pequeños contribuyentes, que simplifica la contabilidad y reduce las tasas impositivas en sus primeros años, y el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales, que busca reducir la carga fiscal y simplificar los cálculos impositivos.

• Facturación electrónica: La introducción del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ha sido una de las reformas más importantes en la simplificación del sistema fiscal. La facturación electrónica ha permitido una mayor transparencia y control en las transacciones comerciales, reduciendo la evasión fiscal y simplificando los procesos de auditoría.

• Declaraciones prellenadas: Para simplificar el proceso de presentación de declaraciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado sistemas que permiten a los contribuyentes recibir declaraciones prellenadas con base en la información que el propio SAT recopila mediante CFDIs y otras fuentes, lo que reduce el margen de error y facilita el cumplimiento.

• Consolidación de impuestos: En algunos casos, se busca la consolidación de diversos impuestos en uno solo, o la reducción del número de gravámenes, para simplificar el sistema tributario y hacerlo más comprensible y accesible para los contribuyentes.

• Porcentaje asignado: Según la LCF, el Fondo General de Participaciones se integra con el 20% de la Recaudación Federal Participable (RFP), que se refiere a los ingresos netos recaudados por el gobierno federal. Este porcentaje puede incrementarse en función de la evolución de los acuerdos entre la Federación y los estados.

• Fórmula de distribución: Los recursos del Fondo General se distribuyen entre los estados con base en una fórmula que considera varios criterios, como:

  • 70% según el coeficiente de participación de cada estado, el cual se calcula en función de su recaudación histórica y su capacidad recaudatoria.

  • 30% basado en criterios de población y nivel relativo de desarrollo económico.

• Distribución entre los municipios: La distribución se basa en los siguientes criterios:

  • 80% de acuerdo con la población de los municipios.

  • 20% según la eficiencia recaudatoria del impuesto predial y de los derechos de agua potable que logre cada municipio.

• Fondo de Compensación del Fondo General de Participaciones: Este fondo está destinado a apoyar a las entidades federativas que, por su situación económica o geográfica, no pueden generar altos niveles de recaudación. Su objetivo es reducir las diferencias entre las entidades y fomentar un desarrollo más equilibrado.

• Fondo de Compensación para Estados Fronterizos y Estados Productores de Petróleo: Se creó con la intención de compensar a las entidades afectadas por las actividades económicas del sector energético o por las dinámicas de comercio internacional, como los estados fronterizos que soportan gran parte del comercio exterior.

• Población: Es uno de los criterios principales para la asignación de participaciones, dado que busca asegurar que los recursos se distribuyan de manera proporcional al número de habitantes que debe atender cada gobierno.

• Capacidad recaudatoria: Se toman en cuenta los ingresos propios de cada entidad o municipio, incentivando a los gobiernos locales a mejorar su eficiencia recaudatoria.

• Desarrollo económico relativo: Las entidades más pobres o con menores niveles de desarrollo reciben mayores participaciones, a través de los fondos de compensación, con el objetivo de reducir las disparidades entre las distintas regiones del país.

La colaboración administrativa busca lograr varios objetivos, entre los que destacan:

• Evitar la doble tributación: Establecer reglas claras sobre la competencia fiscal de cada nivel de gobierno para evitar que un mismo contribuyente esté sujeto a impuestos similares a nivel federal, estatal y municipal.

• Eficiencia recaudatoria: Mejorar la capacidad de los gobiernos locales para recaudar impuestos y administrar los recursos fiscales de manera eficiente.

• Transparencia y fiscalización coordinada: Promover una mayor transparencia y cooperación en la fiscalización de los contribuyentes, tanto en los niveles federal como local.

• Apoyo técnico y tecnológico: Fomentar la asistencia técnica y el intercambio de información entre las autoridades fiscales de los tres niveles de gobierno para optimizar la recaudación y la fiscalización.

La LCF es la base legal para la coordinación y colaboración fiscal entre la Federación y las entidades federativas. En su articulado, la ley establece los siguientes aspectos importantes:

• Acuerdos de colaboración administrativa: Los estados pueden firmar convenios de colaboración administrativa con la Federación para ayudar en la recaudación y fiscalización de ciertos impuestos federales. Esto les permite participar activamente en la vigilancia de los contribuyentes y en la administración de los tributos.

• Facultades de fiscalización: La LCF otorga a las entidades federativas facultades para realizar actos de fiscalización de contribuyentes que estén bajo la jurisdicción federal. Este proceso se lleva a cabo bajo la supervisión y con el respaldo técnico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que fortalece la capacidad local de control.

• Intercambio de información fiscal: La LCF establece mecanismos para el intercambio de información fiscal entre los distintos niveles de gobierno. Este intercambio es clave para detectar irregularidades y evitar la evasión fiscal.

Acuerdos de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

Estos acuerdos son convenios firmados entre el gobierno federal (a través del SAT) y las entidades federativas. Los estados que suscriben estos acuerdos se comprometen a colaborar en la administración de ciertos impuestos federales y, a cambio, reciben incentivos financieros.

• Colaboración en la recaudación: A través de estos convenios, los estados pueden colaborar en la recaudación de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A cambio, los estados pueden recibir un porcentaje de lo recaudado, lo que incentiva la participación activa de los gobiernos locales.

• Facultades de auditoría y fiscalización: Los convenios permiten a los gobiernos estatales llevar a cabo auditorías y fiscalizaciones conjuntas con la Federación, lo que reduce la carga administrativa para los contribuyentes y mejora la efectividad del sistema fiscal.

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales es uno de los principales órganos de coordinación entre los niveles de gobierno en materia fiscal. Está compuesta por los secretarios de finanzas de los estados y el secretario de Hacienda y Crédito Público, así como otros funcionarios relevantes. Sus principales funciones son:

• Debatir y proponer reformas fiscales.

• Evaluar la distribución de los recursos federales.

• Proponer mecanismos para mejorar la recaudación local y federal.

Esta comisión es un espacio clave para la negociación y la colaboración en materia fiscal entre la Federación y los estados.

Fiscalización conjunta

Uno de los mecanismos más importantes de colaboración administrativa es la fiscalización conjunta. Los gobiernos locales tienen la facultad de colaborar con el SAT para fiscalizar a los contribuyentes que operan en sus territorios. Esto incluye la realización de auditorías conjuntas o el intercambio de información sobre los contribuyentes que pueden estar incurriendo en prácticas de evasión fiscal.

Sistema de información compartida

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) y los estados comparten bases de datos e información sobre los contribuyentes a través de plataformas tecnológicas. Esta información permite mejorar el control sobre los pagos de impuestos y detectar irregularidades de manera más eficiente. También facilita la identificación de posibles evasores fiscales y promueve la transparencia en las operaciones de los contribuyentes.

• Participación en la recaudación federal: Los estados que colaboran activamente en la recaudación de ciertos impuestos federales pueden recibir un porcentaje de lo recaudado en su territorio.

• Fondos de fiscalización: Existe un Fondo de Fiscalización y Recaudación que distribuye recursos a los estados que demuestran una mejora en su capacidad recaudatoria y en su colaboración con la Federación en la fiscalización de impuestos.

• Diferencias en la capacidad recaudatoria: No todos los estados tienen la misma capacidad administrativa y técnica para colaborar eficazmente en la recaudación y fiscalización. Esto puede generar desigualdades en el acceso a recursos y en la efectividad de la colaboración.

• Resistencia a la centralización: Algunos estados pueden ver la colaboración administrativa como una pérdida de autonomía fiscal, especialmente en aquellos que tienen una fuerte capacidad recaudatoria propia y que dependen menos de los recursos federales.

• Falta de infraestructura tecnológica: Aunque el intercambio de información es crucial para la colaboración administrativa, no todos los estados cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para integrarse plenamente a los sistemas federales.