El artículo 8 de la Ley Orgánica española permite el uso de la imagen personal sin consentimiento de la persona involucrada en tres supuestos básicos.

Primero: uso de la imagen de las personas que ocupan cargos públicos o ejercen profesiones de relevancia pública cuando además estén en actos públicos o en lugares abiertos al público.

La segunda excepción legal; habilita el uso de la imagen de las personas cuando esta es accesoria respecto de una información gráfica que se pretenda cubrir.

Por último, la Ley permite el uso parodiante de la imagen siempre que la parodia no sea denigrante.

Además la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han creado una excepción, que alcanza también a las personas fallecidas, que habilita el uso de la imagen personal para garantizar el derecho a la información, es decir que la información sea veraz y que sea de interés público.
Como hemos dicho, también en este caso se puede usar la imagen de las personas fallecidas. Fuera de estas excepciones la imagen personal del fallecido no puede usarse, como hemos dicho, sino con el consentimiento de los llamados a la protección de su memoria por el fallecido o en su defecto por la Ley.

Una cosa es importante tener en cuenta; si la persona que sufre una intromisión ilegítima fallece después de esta sin haber ejercitado acción alguna, habiendo podido, entonces la Ley no permite el ejercicio de acción alguna ya que se entiende que, si pudiendo haberlo hecho no lo hizo, es porque quería tolerarlo. Si faltaren todas las personas antes mencionadas podrá entablar acciones el Ministerio Fiscal. Esta protección no es eterna, sino que solo alcanza ochenta años después de la muerte del fallecido. Además, las acciones habrán de ser ejercitadas dentro de los cuatro años desde el acaecimiento de la intromisión. Por tanto, en resumen, la imagen de las personas fallecidas está sometida a la misma protección que la de las personas vivas durante un periodo de 80 años desde la muerte y cabe ejercitar acciones de cesación e indemnización por las personas que designa el interesado, o en su defecto las designadas por la Ley o el Ministerio Fiscal. 

En un primer momento el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda; la Audiencia Provincial de Madrid entendió que se había conculcado el derecho a la propia imagen del fallecido, condenando a pagar a la demandada una indemnización de 20.000 euros.

La demandada interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando que concurría la excepción del artículo 8.1 de la LO 1/1982, de 5 de mayo que establece que: “No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley; ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.”

El Alto Tribunal argumenta en la sentencia que no concurre dicha excepción, en tanto que no concurre un interés cultural que justifique dicha vulneración, ya que el festival de música con el fin de homenajear al cantante fallecido emplea su nombre e imagen; sin el consentimiento y en contra de la voluntad de sus herederos.

Por ello, el Alto Tribunal llega a la conclusión de que el empleo de la imagen las personas fallecidas no se encuentran dentro del ejercicio de la libertad de información ni que existiera un interés cultural; sino que la demandada perseguía un fin publicitario y comercial, fijando una indemnización de 20.000 € para los herederos; que habían legitimado su derecho a ejercer acciones de protección civil en el derecho a la propia imagen de su progenitor.

Al señalar "toda persona tiene derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando hubiese sido capturada en lugar publico".

En Panamá, 28 de mayo de 2021. Mediante Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, fue reglamentada la Ley 81 de Protección de Datos Personales, que establece principios, derechos, obligaciones y procedimientos para regular la protección de datos personales en Panamá. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), como ente rector en la materia.

La utilización de imágenes sin autorización de las personas que aparezcan en ellas, cuando estas son reconocibles, es un delito de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil de derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen y esto se aplica también al uso de los deepfakes.

En realidad, lo que realmente se puede defender cuando hablamos de delitos contra el honor de un fallecido, contra su intimidad o del uso de su imagen, es del derecho a defender la memoria de esa persona fallecida.

Cuando el fallecido no haya designado herederos ni tuviera familiares, el Ministerio Fiscal podrá ejercer el derecho a la defensa de la memoria del fallecido, aunque solo durante los 80 años siguientes al fallecimiento.

Si se usa la imagen de una persona fallecida sin el consentimiento de sus herederos o familiares, estos podrán denunciarlo ante los tribunales, pudiendo demandar una indemnización por los perjuicios causados a la imagen, honor y dignidad del fallecido y la retirada de las imágenes.

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