La situación de crisis, represión y aumento de la violencia vivida en Uruguay se enmarca dentro de una crisis en América Latina. 

La crisis económica derivó en crisis social y por último, se redundó en una crisis política que terminó liquidando las instituciones democráticas con la posterior instauración de una dictadura cívico-militar. 

De todas formas, la historia de la represión, la violencia social y política y la violación de los derechos humanos en Uruguay no comienza en 1973 sino unos cuantos años antes, bajo un sistema democrático que en realidad gobierna bajo el signo de autoritarismo, la represión y el encubrimiento. 

La compleja realidad que se describe, derivaría el 27 de junio en un golpe de Estado. En Uruguay la represión aumenta cada vez más, extendiéndose así a un mayor número de personas, principalmente a quienes se vean identificados con la izquierda. En la práctica, la sociedad en su conjunto fue el objetivo principal que debía ser controlado y reprimido.

VIOLACIÓN: Quebrantamiento que vulnera los derechos de otra persona reconocidos por un precepto legal.

VÍCTIMA: Persona que sufre un daño o perjuicio a causa de determinadas acciones.

La población se encontraba vulnerable ante la represión y el Estado no brindaba ninguna seguridad ni protección. Por lo tanto, los derechos humanos eran violados con la mayor impunidad. 

La violencia fue ejercida de diversas formas: violación a la libertad de expresión y de asociación, censura política, persecución y vigilancia permanente, exilio, encarcelamiento sin juicio,  tortura física y psicológica y desaparición forzada.

Con respecto a la tortura física y psicológica se utilizaba para reprimir a quienes los militares consideraban enemigos y traidores. Tenían como fin causar dolores físicos y mentales hasta forzar a los prisioneros y sacarles información. 

Por otro lado, la desaparición forzada, las personas eran secuestradas y desaparecidas por las fuerzas armadas y la policía. Estos negaban su detención y no dejaban rastros de ellas. Cientos de niños y adultos sufrieron este procedimiento y al día de hoy  muchas de estas familias no saben lo que pasó con sus parientes secuestrados. 

En 1985, con la llegada de la democracia, las víctimas de violencia declararon ante la justicia, pero los militares involucrados se negaron a declarar y el Estado estimó que los crímenes cometidos durante el régimen ya habían caducado. Sin embargo, hasta el día de hoy, las víctimas, familias y parte de la población uruguaya siguen reclamando verdad y justicia.