Las propuestas de formación en TIC, se ha ido modificando con el tiempo. Comenzó centrada en el manejo técnico de la tecnología y actualmente, se intenta pensar  las TIC como un recurso cultural del cual disponemos para potenciar las  prácticas de enseñanza.

Desde la sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 se  redefinió el lugar y sentido de la educación y de las TIC en los procesos de escolarización. La educación comenzó a considerarse un bien público, un derecho que debe garantizar el Estado.

Esto apunta a una concepción de la integración tecnológica en los sistemas educativos, ligada a sus prioridades específicas, y sólo posible a partir de la redefinición y recontextualización de los propósitos educativos.

El contexto actual reconfigura y reduce las mediaciones. Un claro ejemplo de esto es el acceso a grandes masas de información que interpelan la mediación docente a recrearse. Nos encontramos frente a nuevas formas de pensamiento. (Alessandro Baricco). 

La inclusión de las Tic como proyecto institucional permitirá la construcción de sujetos capaces de desenvolverse en la cotidaneidad, como así también brindar herramientas necesarias para ámbitos laborales.

La integración de las TIC en el sistema educativo tiene como finalidad última la mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Esto no es una tarea sencilla: requiere tiempo y claridad del norte al que se pretende alcanzar. Y también requiere de una mirada atenta a los procesos culturales y comunicacionales que hacen viable y significativa la integración tecnológica en las escuelas, cambiando, en definitiva, el paradigma de cómo se aprende y cómo se enseña. Situándonos en la actual gestión, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en los lineamientos de la Política Educativa 2008-2011 toma como marco de referencia a los objetivos planteados por la comunidad internacional en general, los que apuntan hacia una educación de calidad para todos como un asunto de derechos humanos. 

A medida que los niños se hacen adultos y entran en el mundo del trabajo, la era digital y la brecha de conectividad significará cada vez más, la diferencia entre la capacidad de los jóvenes de ganarse la vida o no (UNICEF, 2017).

Por ello, los acuerdos sobre las competencias digitales que deberíamos desarrollar en las escuelas y la elaboración de indicadores que permitan evaluarlas resultan muy necesarios para visibilizar esas otras brechas y poder abordarlas.

Estas políticas deben garantizar la enseñanza de los nuevos saberes que se requieren para ser ciudadano del mundo digital, y reducir las desigualdades educativas y sociales. Las tecnologías digitales y su integración escolar abren una gama de amplias y complejas posibilidades para potenciar las prácticas educativas y fortalecer la inclusión social de los estudiantes. Las políticas digitales adquieren, por lo tanto, una connotación crítica, desde una concepción de la educación como un derecho humano fundamental y esencial para poder ejercer todos los demás derechos.

La brecha digital no pasa solamente por el acceso a la tecnología, sino por la capacidad de uso y el interés de los estudiantes. Las políticas digitales deben ocupar un lugar significativo en las decisiones de los directivos al momento de realizar un plan de gestión