aprobada en 2010, permite que parejas del mismo sexo se casen con los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Esto incluye acceso a adopción, seguridad social y reconocimiento internacional de matrimonios realizados en el extranjero, promoviendo la igualdad y derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ en Argentina. Esto significo un ampliamiento de la ciudadanía ya que había un sector que no tenía los mismos derechos que otras personas y con esta ley lograron que esta comunidad tenga las mismas posibilidades de ejercer los mismos derechos que los demás

significó una ampliación de derechos porque estableció principios y normas que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y garantizan el ejercicio del derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos del país.

La ley de Educación Sexual Integral,sancionada el 4 de octubre de 2006,garantiza a las personas el acceso a la información, la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva, promoviendo una sexualidad responsable y libre de discriminación.

La Ley Micaela significó una ampliación de derechos en Argentina porque estableció la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el gobierno, en todos sus niveles y jerarquías. Esta representa un progreso importante en el desarrollo de la igualdad de género y en la prevención de la violencia machista.

La Ley Micaela contribuye a crear conciencia, sensibilizar y promover acciones para prevenir situaciones de discriminación y violencia contra las mujeres. Por lo tanto, esta ley se considera una ampliación de derechos al reforzar la protección de los derechos de las mujeres y promover un cambio cultural hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género.

Esta Ley representa un gran avance en materia de derechos adquiridos para las mujeres dentro del ámbito de la vida política, ya que materializa la lucha por la igualdad que se viene llevando a cabo hace muchos años en nuestro país.Se considera una ampliación de derechos porque establece la igualdad de género en la representación política, garantizando la participación equitativa de mujeres y hombres en los cargos electivos.

Al garantizar la paridad de género en los ámbitos de representación política, la Ley 27.412 busca ampliar los derechos de las mujeres, fomentar su participación en la toma de decisiones y combatir la discriminación y la desigualdad de género en el ámbito político. Por lo tanto, se considera una medida que contribuye a fortalecer la democracia y a avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

La ley 27.709, conocida como ley Lucio y sancionada el 13 de abril de 2023, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio.

PRINCIPIOS DEL PLAN:

-Cuidar el respeto a la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

-Generar las condiciones para una convivencia social basada en los vínculos de afecto y confianza definidos como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones;

-Promover espacios y metodologías que garanticen el derecho a ser escuchados de las niñas, niños y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales.

-Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante las autoridades administrativas o judiciales de protección de derechos que intervengan cuando se pida de manera fundada. Se debe reservar la identidad del denunciante y la protección de su integridad.

Promueve la ampliación de los derechos y da importancia y visualización a casos como estos que no habían sido reconocidos antes, dando la posibilidad de brindar confianza y apoyo a quienes son protagonistas o testigos de violencia infantil, concientizando para que las personas se animen a denunciar y de ese modo, poner a salvo a quien se encuentra en riesgo.

Antes de la promulgación de esta Ley, Argentina contaba con una legislación muy restrictiva respecto al divorcio. La disolución del matrimonio no era posible; solo se permitía la separación personal, que no permitía a los cónyuges volver a casarse. Esta situación generaba numerosas dificultades, especialmente para mujeres que quedaban en una posición económica y social vulnerable.

Durante la década de 1980, tras el retorno de la democracia en 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, se inició un proceso de modernización y revisión de muchas leyes, incluyendo las relacionadas con el matrimonio y la familia. La propuesta de legalizar el divorcio vincular surgió en este contexto como una medida para actualizar el derecho de familia y garantizar mayores libertades individuales, aunque hubo unos sectores como la iglesia que no estuvieron de acuerdo con la legalización de esta ley ya que defendian los valores tradicionales de la familia.

El Voto Joven significó que más argentinos puedan elegir a las autoridades. Fue un avance de la democracia y una ampliacion de los derechos politicos, que incluyó formalmente a las juventudes como constructoras del futuro del país y las reconoció aptas para ejercer sus derechos políticos que son Derechos Humanos.

Está ley establece un marco legal para la atención y protección con problemas de salud mental, fue sancionada en 2010.

Está ley tenía como objetivos proteger los derechos humanos, garantizar un acceso a servicios de salud mental de calidad, promover la inclusión social y reducira discriminación hacia personas con problemas mentales. Con está ley se llego a la formación de profesionales en la salud mental.

La Ley también regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas indicando que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y menciona que los tratamientos médicos de adecuación de género deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.

Esta es la primera Ley de Identidad de Género del mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad.

Esta es también conocida como la Ley de los 1.000 días.

En este sentido, protege los derechos y bienes digitales, así como el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital.

La Ley Olimpia incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.

Garantiza tratamientos y técnicas de baja complejidad (cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide ocurre dentro del cuerpo de la persona con capacidad de gestar) y de alta complejidad (cuando esta unión se produce fuera del cuerpo, o cuando se vitrifican tejidos vivos).

¿Hasta qué edad puedo acceder a los tratamientos?

Todo tratamiento de reproducción médicamente asistida con óvulos propios se realizará a la mujer de hasta cuarenta y cuatro (44) años de edad, salvo prescripción médica en contrario. En el caso de óvulos donados, se realizará a la mujer de hasta cincuenta y un (51) años. En ambos casos, la edad se computa hasta el momento de acceder a dicho tratamiento.

En el supuesto de que la mujer de entre cuarenta y cuatro (44) y cincuenta y un (51) años de edad hubiera criopreservado sus propios óvulos antes de cumplir los cuarenta y cuatro (44) años, podrá realizar cualquier tratamiento de reproducción médicamente asistida con dichos óvulos propios criopreservados.

Esta ley, sancionada el 5 de julio de 2023, establece que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones ya no deberán presentar declaración de supervivencia o fe de vida, ni hacer ningún otro trámite complementario para el mismo fin.

Esto quiere decir que no se puede requerir, en ningún caso, que la persona beneficiaria acredite su supervivencia.

Por su parte, las entidades que realicen pagos de jubilaciones y pensiones tienen la obligación de rendir como impagos aquellos fondos pagados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la persona titular del beneficio.

Significo una ampliación de derechos porque algunos alumnos de establecimientos escolares no estaban "enterados" o no tenían la fundamentación del tema; se trata de una ampliación porque establece principios y normas que promueven la igualdad de inclusión, promueve una sexualidad responsable, les permite desarrollar capacidades para tomar decisiones informadas y responsables, contribuye la seguridad, y la dignidad..