Mediante este suceso ocurrido en el año 2018, podemos percibir la ausencia de libertad de expresión en Perú, ya que la periodista mencionó que ella tiene una opinión acerca de ellos y como desarrollan su trabajo en el congreso. Consideramos que ninguna opinión personal tiene que ser sancionada o debe tener una reacción tan normativa como denunciar, ya que es una opinión personal. Cabe resaltar que esta publicación fue realizada en su red social Facebook. Asimismo, ella menciona que esta red social es privada y no deberían atentar contra su libertad de expresión. Esto generó distintas opiniones desde el punto de vista de sus colegas y congresistas. 

Debido a la crisis sanitaria al que el planeta se enfrenta, el gobierno del Perú ha decidido castigar a sus ciudadanos que compartan noticias falsas en internet y generen pánico en la población con hasta seis años de pena privativa de la libertad según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Esta medida busca garantizar el acceso a información pertinente y así evitar la propagación de rumores y "fake news". Es importante mencionar también que esta medida ha sido impuesta por el gobierno peruano en medio de una emergencia sanitaria mundial.

Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes revelaron en 2015 los abusos cometidos por el Sodalicio, calificaron como "un atentado contra la libertad de expresión" la condena dictada contra Salinas por una opinión vertida sobre un obispo que pertenece a ese grupo religioso. Estos fueron denunciados por supuesta difamación por el arzobispo José Antonio Eguren, luego de 3 años de haber publicado un libro basado en investigación interna, donde se hizo una denuncia por abuso sexual, psicológico y físico a al menos 36 personas, entre ellas 19 menores, ocurridos entre 1974 y 2009. 

A raíz de esto, consideramos que no se debe atentar contra la opinión personal, ya que no solamente puedes publicar aquellas cosas que han sido confirmadas por más de una fuente, descartando así, la opinión pública y la interpretación de hechos sobre situaciones que han sucedido. Ya que al ponerles una sanción de prisión suspendida (sin ingresar en la cárcel), buscan que la credibilidad de las víctimas perjudicadas desaparezca, y que cualquier periodista que quiera investigar a diversas organizaciones poderosas retroceda y se sienta inseguro de hacerlo. 

 

En este caso, la aplicación de taxis en moto línea “PICAP” sufrió la amenaza de libertad de expresión en redes debido a que se bloqueó el ingreso a su aplicativo de motos, a las páginas web y las plataformas digitales de la compañía. El Ministerio de trasportes y comunicaciones explicó que el servicio que se brinda es ilegal, es peligroso para las personas y tiene como propósito eliminar del mercado dicho servicio. Los usuarios no podían acceder al servicio en un inicio y no sabían que pasada. Los aplicativos no funcionan y no se brindaban comunicados en las plataformas digitales. 

  

 

El vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú  mostró su preocupación acerca de los datos que informaban el estado en las redes sociales sobre las cifras de infectados. Estos no eran ciertos, ya que la tenia una data que le informaba que superaba la cifra que se informaba en redes sociales. Es por ello, que se vio en la obligación de decirlo en un medio de comunicación para que las autoridades informen la verdad al país.

Se hizo una invocación para que se cumpla el proceso neutral de las Elecciones Congresales Extraordinarias a todos los poderes del Estado, autoridades y servidores públicos, quienes tienen una cargo dentro de la administración estatal. Dicha iniciativa lo generó el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE). 

“El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral respeta la libertad de expresión y los derechos fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de discriminación”.