La omisión de estos estudios al aprobar las licencias ambientales está generando distorsiones en la asignación eficiente de los recursos del sector público, ya que se le está dando vía libre a la ejecución de megaproyectos que, de valorarse monetariamente sus costos ambientales, no serían factibles de realizar. Los resultados de estas mediciones deberán orientar las decisiones de política económica en materia de inversiones públicas, criterio que además resulta compatible con las metas de desarrollo económico y sostenibilidad de los recursos naturales.
En nuestro medio solo se exigen, para otorgar una licencia ambiental, los estudios de impacto ambiental que, de acuerdo con lo que hemos planteado, deberían ser requisito indispensable pero no suficiente para aprobarlas.

Para subsanar esta situación y ante las dificultades de aplicar las metodologías de valoración económica de costos ambientales, la alternativa que tenemos a corto plazo mientras se consolida la experiencia y el conocimiento necesarios en áreas como la economía ambiental es fortalecer el método de transferencia de beneficios, consistente en conformar, a manera de banco de datos, estudios de este tipo que se hayan realizado y que puedan servir de modelos para aplicarlos en proyectos por ejecutar de similares características.

Conociendo estas valoraciones monetarias, la sociedad civil, que finalmente es la que resulta afectada cuando se toman decisiones que impacten el medio ambiente, tendría la oportunidad de expresarse a través de sus organizaciones representativas sobre la conveniencia o no de que se apruebe un proyecto de inversión, dependiendo de cuáles sean sus preferencias por la calidad de los bienes y servicios ambientales y por el valor económico que se otorgue a los mismos.

La actividad industrial expansiva en Colombia ha afectado los ecosistemas y arrasado los recursos naturales, fuente de su sostenimiento, lo que acaba perjudicando su propio desarrollo y productividad, según un anticipo del V Informe Nacional de Biodiversidad conocido este lunes.
El informe, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y que será presentado oficialmente este martes en Bogotá, busca aumentar la conciencia social sobre el cuidado de la biodiversidad y su "importancia en los sectores productivos y el bienestar humano".

El documento explica que el daño ambiental en el país se debe a cinco "motores": los cambios en el uso del suelo; la disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y agrosistemas, y las invasiones de especies no nativas.

Un cuarto factor es la contaminación y toxificación del agua por la actividad minera, la agricultura industrial y la ganadería y, finalmente, el cambio climático, detalla el documento.

Asimismo, la investigación presenta como sustento los resultados del "Análisis Ambiental de País" elaborado por el Banco Mundial, en el que se afirma que la degradación ambiental genera un costo equivalente al 3,5 % del producto interno bruto (PIB) de Colombia.

Según el investigador Juan Pablo Ruiz, consultor del PNUD, "no solo hay una dinámica de desarrollo productivo que afecta a la biodiversidad", sino que "el desarrollo productivo mismo se ve afectado en la medida en que los servicios ecosistémicos se deterioran".

Por esa razón, Ruiz aseguró que la conservación de la biodiversidad "termina siendo clave para el desarrollo de cada sector".

Agregó "que falta mucha información con respecto a la relación positiva entre la conservación de los servicios ecosistémicos y el desarrollo de los sectores".

Por su parte, Lorena Franco, también consultora del PNUD, dijo que "los costos económicos y sociales de degradación ambiental son crecientes y afectan a toda la sociedad", por lo cual la gestión de estos recursos naturales debe ser una acción "conjunta" y "articulada" de todas las esferas.