La doctrina ha considerado de manera unánime que las fuentes del derecho internacional público están consagradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,1 que a la letra dice:  

 

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

 

a)    Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b)    La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c)    Los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas, y 

d)    Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, y 2. La presente disposición no restringe la facultad de la corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.