Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución. 

Art. 22.- Los servicios de salud, públicos y privados, tienen la obligación de atender de manera prioritaria las emergencias obstétricas y proveer de sangre segura cuando las pacientes lo requieran, sin exigencia de compromiso económico ni trámite administrativo previo.

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

Art. 68.- Se suministrará la anticoncepción que corresponda, previo consentimiento informado, a mujeres portadoras de VIH y a aquellas viviendo con SIDA. Esto incluye anticoncepción de emergencia cuando el caso lo requiera, a juicio del profesional responsable de la atención.

 1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su desarrollo y bienestar

 2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a ninguna forma de discriminación, ni tortura

10. A ser escuchadas en todos los casos personalmente por la autoridad administrativa o judicial competente, y a que su opinión sea considerada al momento de tomar una decisión que la afecte. Se tomará especial atención a la edad de las víctimas, al contexto de violencia e intimidación en el que puedan encontrarse

11. A recibir un trato sensibilizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su edad, su situación de discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran especial atención

12. A no ser confrontadas, ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores. Queda prohibida la imposición de métodos alternativos de resolución de conflictos en los procesos de atención, protección o penales

13. A la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, ante las instancias administrativas y judiciales competentes

14. A que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral

15. Al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento que las víctimas lo soliciten

17. A una comunicación y publicidad sin sexismo, violencia y discriminación

18. A una vivienda segura y protegida. Las mujeres víctimas de violencia basada en su género, constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda

22. A no ser despedidas o ser sujetos de sanciones laborales por ausencia del trabajo o incapacidad, a causa de su condición de víctima de violencia.

Art. 33.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio Fiscal y otros organismos competentes implementará acciones para armonizar las normas de atención e instrumentos de registro de los distintos tipos de violencia y delitos sexuales, unificándolos en un manual de procedimientos de aplicación obligatoria en los distintos niveles de salud y en el Sistema Nacional de Salud. 

Art. 66.-El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas,  y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad .

Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la información necesaria para ello.

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

La ley económica violeta aprobada el 10 de enero por la Asamblea Nacional de Ecuador, es un punto de inflexión en la promoción de oportunidades laborales para las mujeres. Esta ley, cuya implementación se relaciona con el Plan de Acción de la Iniciativa de Paridad de Género de Ecuador (IPG), presenta desafíos y oportunidades tanto para el sector público como el privado. 

Ley de Economía Violeta: los puntos más destacados

La ley económica violeta  contempla numerosas medidas innovadoras que apuntan a eliminar las brechas y discriminación que impiden la participación laboral, educativa, social y política de las mujeres. Entre sus principales disposiciones, se destacan las siguientes:

El artículo 70 de la Constitución de la República dispone: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.

Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras. Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

2. El Capítulo tercero AC se PLDQC en, De atención prioritaria D de LG, del Título II, del Buen Vivir. En cambio de la C de 2008 EPCQ se E en un CD del C de D, la Constitución de E, De derechos en el C. 2.6 Derechos de los grupos de atención prioritaria. Gob.ec.. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/LIBRO%20buen%20vivir/files/assets/downloads/page0032.pdf

3. Consejo Nacional. COMUNICADO OFICIAL NRO. 012 – Consejo Nacional para la Igualdad de Género – CNIG . Gob.ec. 2022. Disponible en: https://www.igualdadgenero.gob.ec/comunicado-oficial-nro-12/

4. Rosero M. Libro Metodológicodel Instituto Nacionalde Estadística y Censos. Gob.ec. 2015. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/LIBRO%20buen%20vivir/files/assets/basic-html/page33.html

5. Pozo B. LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Gob.ec. 05-feb-2018. Disponible en: https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf

6. Oliveri ML. Ley de Economía Violeta en Ecuador: un instrumento para promover más y mejores oportunidades laborales para las mujeres. ¿Y si hablamos de igualdad? 2023, Disponible en: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/ley-violeta-ecuador/
7. Saldías Fernández Mª Angélica, Parra-Giordano Denisse, Martí Gutiérrez Trinidad. Participación de enfermería en Políticas Públicas, ¿por qué es importante?: revisión integrativa de la literatura. Enferm. glob.  [Internet]. 2022  [citado  2023  Ago  19] ;  21(65): 590-624. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412022000100590&lng=es

8. Luengo C, Saldías Fernández MA. Influencia de Enfermería en la Economía de la salud: una revisión integrativa de la literatura. SU [Internet]. 2022 [citado 19 de agosto de 2023];38(1):254-77. Disponible en: https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/14331

9. Revista sanitaria de investigación. Enfermeria Atencion Desde Intercult [Internet]. 2022 [consultado el 19 de agosto de 2023]. Disponible en: https://revistasanitariadeinvestigacion.com/enfermeria-y-la-atencion-desde-la-interculturalidad/#google_vignette
10. Saldías Fernández MA, Parra Giordano D, Martí Gutiérrez T. Participación de enfermería en Políticas Públicas, ¿Por qué es importante?: Revisión integrativa de la literatura. Enferm Glob [Internet]. 2022 [citado el 19 de agosto de 2023];21(1):590–624. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412022000100590
11. Ministerio de salud pública. Política para la igualdad de género. 2018.

Esta profesión se caracteriza por un alto beneficio social, así como su elevada contribución a la calidad y el costo de las atenciones en salud; perfilándose como segura, eficaz, centrada en el paciente, oportuna, eficiente y equitativa. Las enfermeras quienes poseen un alto estándar formativo. El público confía en las enfermeras y las reconoce como los principales actores de la atención sanitaria.

En todo caso, es necesario reconocer el papel transformador de la enfermería y buscar un equilibrio entre calidad, cantidad y costos a la hora de decidir cómo distribuir los recursos económicos disponibles para lograr un impacto directo en la calidad y satisfacción de los usuario.

Respetar y aceptar las diferencias culturales, aplicar la sensibilidad para entender cómo estas diferencias influyen en las relaciones, y la necesaria habilidad para ofrecer estrategias que mejoren los encuentros culturales, son puntos indispensables para que el cuidado transcultural sea firme y se consolide.

Ante una sociedad multicultural tanto las enfermeras como demás profesionales sanitarios, necesitan prepararse para ser competentes desde el punto de vista científico-clínico, y a su vez para ser competentes culturalmente atendiendo a poblaciones cada vez más heterogéneas: origen rural o urbana, niveles sociales o económicos, grupos étnicos, religiosos o de otros países. Constituyendo todo un desafío para los profesionales de la salud.