El movimiento civilista siempre existió en el subconsciente colectivo de nuestro país cuando apelaba a sus ideales. Los antecedentes más inmediatos a la organización de la Cruzada, fueron la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA) y las grandes manifestaciones que se suscitaron con motivo del asesinato de Hugo Spadafora por la dictadura militar.

 

En un principio, muchas personas confundidas creyeron que la Cruzada Civilista era una reedición de la Coordinadora Civilista (COCINA), ya que veían allí a los mismos gremios docentes y médicos que integraron el movimiento de 1984. Pero se equivocaban porque COCINA, por su composición, por sus dirigentes y por su programa era un organismo eminentemente de capas medias, profesionales (médicos, docentes y estudiantes) y asalariados. 

 

Mientras que la Cruzada, por el contrario, fue desde sus inicios, una organización controlada por la burguesía, sus gremios y sus partidos, en la que marchaban como furgón de cola los gremios de capas medias y asalariados. 

Más de un cuarto de siglo después de la invasión sigue siendo desconocida la cifra exacta de muertos. La comisión intentará desclasificar documentos estadounidenses.
La comisión tiene la tarea de descubrir con exactitud cuántas personas murieron durante la operación e identificarlas. También evaluará si los familiares de las víctimas merecen compensación.

"Panamá está intentando curar sus heridas", dijo la vicepresidenta del país y ministra de Asuntos Exteriores, Isabel de Saint Malo. "No puede haber reconciliación si no se conoce la verdad", agregó, señalando que nunca ha habido un informe oficial sobre la invasión del 20 de diciembre de 1989.

Las cifras estimadas del número de muertos han variado ampliamente, desde 200 hasta varios miles. La investigación más completa hasta el momento, realizada por el grupo estadounidense Médicos por los Derechos Humanos, dijo que hubo al menos 302 civiles muertos, y hasta 3,000 heridos.

La invasión, cuyo nombre en clave era "Operación Causa Justa", fue elogiada durante años por las autoridades panameñas como el fin de la dictadura militar, en lugar de una tragedia sangrienta. Pero el año pasado el presidente Juan Carlos Varela firmó una orden ejecutiva declarando el 20 de diciembre como Día de Reflexión Nacional y ordenó que la Bandera Nacional ondee a media asta.

A pesar de los esfuerzos legales, muy pocos panameños recibieron una compensación por la pérdida de sus seres queridos.

"Estas comisiones pueden ser una forma productiva de sanar viejas heridas y permitirle a la sociedad avanzar segura de la verdad y tal vez incluso de que se hizo justicia sobre el pasado", dijo Gabriel Marcella, exdirector de Estudios Americanos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, y exasesor del Comandante en Jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Panamá.

Los esfuerzos para garantizar la compensación para las víctimas en Panamá no tuvieron éxito, en gran medida debido a los estrechos vínculos entre Washington y el gobierno panameño instaurado después de la invasión. Poco después de la invasión, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de ayuda de 500 millones de dólares para Panamá, pero gran parte del mismo estaba destinada a ayudar a reestructurar su deuda externa.

Se reservó el dinero para darles hogar a 2,500 panameños que perdieron sus casas en el incendio que se extendió por el céntrico vecindario de El Chorrillo, que colindaba con el cuartel general de Noriega.

"Éste ha sido un tema políticamente sensible que ya tiene algunos años".

Panamá ha dicho que le pediría al gobierno estadounidense desclasificar los archivos relacionados con la invasión.

" Cualquier cosa que ayude a las familias de las víctimas a superar la situación es buena y probablemente esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. 
Es abrumadora la evidencia de que el número de muertes fue más cercano a la cifra de 500 que a la de miles que algunos han alegado. En cuanto a las compensaciones, dudo mucho que Estados Unidos vaya a ofrecerlas y por lo tanto tendrán que venir del gobierno de Panamá".
La invasión involucró a 27,000 soldados estadounidenses y más de 300 aviones y tuvo un rápido éxito en la captura de todos los objetivos estratégicos en Panamá. A Noriega no le quedó más remedio que ocultarse, mientras que un gobierno civil tomaba el poder. Algunos han cuestionado si el uso excesivo de la fuerza contra el débil ejército de Noriega contribuyó al número de muertos. También hay dudas sobre las acciones de algunos soldados estadounidenses que abrieron fuego contra víctimas inocentes en la confusión ocurrida durante el ataque a gran escala antes del amanecer dirigido por la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

"Hallamos que la conducta de las fuerzas estadounidenses durante los combates no respetó importantes compromisos consagrados en la Convención de Ginebra en lo que respecta al tratamiento de civiles", concluyó un informe de mayo de 1990 del grupo de derechos humanos Americas Watch. "En especial, las fuerzas estadounidenses violaron su deber siempre presente de minimizar el daño a la población civil en algunos de los campos de batalla más importantes", afirmaba.

El gobierno de Estados Unidos defendió la actuación de sus tropas en Panamá, diciendo que la operación militar se "limitaba a lo que era necesario y proporcionado, y se diseñó específicamente para minimizar (en lo posible) las lesiones y la pérdida de civiles y de propiedades civiles."

En virtud de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, está prohibida la compensación por daños "derivados directa o indirectamente de un acto del ejército de Estados Unidos en combate."

Después de refugiarse en la embajada del Vaticano, Noriega finalmente se rindió a las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 1990 y fue juzgado en Miami por delitos relacionados con las drogas. 

 La operación “Causa Justa”, como fue denominada por el ejército norteamericano, tuvo una serie de antecedentes que llevaron a ella, y como pretexto sacar del poder al Gobierno del general Manuel Antonio Noriega, para preservar la vida de los estadounidenses en el país. Significó, según expertos, un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. Para muchos panameños la verdadera causa de la intervención fue que este general se había convertido en un "estorbo" para los planes políticos estadounidenses.