• Consolidar el Sistema Único de Información Criminal para concentrar y compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como los registros de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de operación.

• Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas.

• Desarticulación de organizaciones criminales, atendiendo a la naturaleza económica de sus actividades, mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano.

• Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. Pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-operativas de las agencias del ministerio público, principalmente en los procesos de averiguación previa e integración de expedientes.

• Promover el Código Penal Único. Se haría tanto en la tipificación de las conductas delictivas y sus penas, como en los procedimientos para su persecución, investigación y ejecución. La adopción de tipos penales únicos para todo el país impacta positivamente en la certeza jurídica.

• Operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, así como un sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribución de drogas y laboratorios clandestinos.

• Establecer un Mando Único policial para mantener un canal de información eficiente y que facilitara la coordinación y colaboración entre todas las corporaciones de policías del país.

• Promover la revalorización social del trabajo de los cuerpos de seguridad pública.

• Fortalecer la cultura de legalidad, el combate al narcotráfico y al narcomenudeo, a través del fortalecimiento del tejido social.

• Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.

• Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y el tráfico de personas.

• Establecer una colaboración intensa entre los órdenes de gobierno para dar origen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las autoridades, del gobierno federal, de estados y municipios, en su esfuerzo conjunto para combatir la criminalidad.