ABC: el incendio que mostró todos los rostros posibles de la corrupción

El 5 de junio del 2009, el incendio de una guardería cuyo nombre recordamos con dolor, tan sólo con decir las tres primeras letras del abecedario, reveló la red de corrupción en la que estaba envuelto el sistema de subrogación de guarderías por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pronto se cumplirán doce años de este terrible acontecimiento en donde 49 niñas y niños fallecieron y muchos sufrieron quemaduras graves. Las autoridades siguen encubriendo a todas las personas responsables dando cuenta, una vez más, de que la justicia no existe en este país.

Este 5 de junio se cumplen 12 años de la tragedia innenarrable. Este 5 de junio la justicia sigue convenientemente extraviada en el laberinto del tráfico de influencias, simulaciones, compradrazgos, complicidades, omisiones.

Cuando este caso abrió la cloaca del sistema de subrogación de guarderías, quedó a la vista que muchas de esas estancias habían sido asignadas a familiares y amistades de funcionarios. Se trataba de negocios redondos que caminaban “solos”: se contrataba a una directora, a cuidadoras, se conseguía una bodega amplia y se llenaba de infantes. Por cada infante admitido, los dueños cobraban la cuota a los padres y madres, y el gobierno daba un subsidio. Así que a mayor número de ocupación, mayor ganancia. Además, la Guardería ABC estaba en una nave industrial que se alquilaba a un familiar de uno de los mismos dueños; y mientras en 2007 el gobierno del estado pagaba una renta mensual de 38 mil pesos mensuales por la bodega en la que estaba la guardería, en el 2009 —año de la tragedia— se pagaba una renta mensual, con cargo al erario, de medio millón de pesos al mes.

Los dueños de la Guardería ABC resultaron ser el primer círculo del gobernantes y funcionarios a nivel estatal y federal: Gildardo Francisco Urquides había sido secretario de Finanzas del PRI; Matilde Gómez del Campo es prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón; Alfonso Escalante Hoeffer es cuñado de Ricardo Mazón, el principal empresario inversionista en gobiernos del PRI desde el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, muy allegado al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

El exgobernador no paga por el agua que utiliza en su propiedad, ya que las concesiones que le otorgó Conagua son para “uso agrícola”. La Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola o pecuario están exentas de pago. Su única obligación es instalar un medidor y no utilizar más volumen del concesionado.

Este no es el único beneficio que tienen los titulares de concesiones para uso agrícola. Además de no pagar por el agua que utilizan, también pueden acceder a un subsidio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga a los productores agropecuarios; eso les permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que emplean para el funcionamiento de las bombas con las que extraen el agua de sus pozos.

De acuerdo con una investigación judicial, el 20 de diciembre el exsecretario del PRI solicitó a un exfuncionario estatal apoyo económico consistente en 2 millones de pesos para actividades proselitistas, requerimiento que fue autorizado por el exgobernador Duarte.