Entre las trece propuestas, que plantean para los candidatos destaca hacer un cambio de Modelo de Gestión del Agua que garantice una distribución justa del recurso hídrico, un modelo tarifario que no permita la especulación ni tarifas discrecionales, una política hídrica centrada en el ahorro y prevención del desperdicio; prohibir el uso de agua de pozo en construcciones, fomentar el uso y aprovechamiento obligatorio del agua tratada; así como fortalecer la infraestructura urbana y doméstica para la captación de agua de lluvia.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.