El cual es minimizar, reducir la amenaza o vulneración de los derechos e interés colectivos de mi entorno como es el consumo de sustancia psicoactivas en lugares abiertos al público y con presencia de menores de edad o población vulnerable.

Sin dejar de lado y reconocer la problemática de salud publica que es el consumo de sustancias, como lo respalda Ley 1566 de 2012, la adicción deberá ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, incluyendo empresas promotoras de salud EPS, Instituciones prestadoras de servicio de salud IPS, superintendencia nacional de salud, y ministerio de salud y protección social.

Lo que podemos hacer como comunidad es acercar estas entidades mediante el mecanismo de derecho de petición a las alcandías, secretarias de salud y ONG, para brindar ayuda a los afectados directos e indirectos (consumidores y familiares cercanos).