Como parte de las actividades de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología, la investigadora impartió la conferencia “Importancia y vulnerabilidad de los mantos acuíferos en México”.

Señaló que el agua contenida en el manto acuífero no la podemos ver y por ello su presencia en los medios de comunicación y la sociedad es escasa, además de que no se valora la importancia de este recurso.

No obstante a que el planeta está compuesto predominantemente por el agua de sus océanos, la mayor parte es salobre y el manejo que brindan las plantas desalinizadoras provoca también problemas ambientales.

Sánchez Herrera planteó que “la península de Yucatán tiene el reservorio de agua que podría abastecer al 70 por ciento de las necesidades de toda la República”; sin embargo, “el problema gravísimo de esta zona es que la forma de tratar el agua por parte de la población es la utilización de fosas sépticas o zanjas que llegan a filtrar a los mantos acuíferos, a lo que se suman los usos agrícolas y agropecuarios”.

El total de mantos acuíferos en la República Mexicana es de 653 y al día de hoy 245 –equivalentes al 38 por ciento– ya no están disponibles, es decir, fueron sobreexplotados, están secos o altamente contaminados y no se permite seguir usándolos o registran intrusión salina, que significa haber pasado de una sobreexplotación a recibir agua de mar porque se encuentran en regiones costeras.

 “El desabasto o escasez del agua no sólo denotan el incumplimiento de la obligación del Estado, sino que atentan contra la seguridad nacional del país, ya que dan lugar a la desigualdad e inestabilidad sociales, poniendo en peligro el orden social imperante”, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El acceso al agua subterránea en forma suficiente y salubre está en riesgo por lo que plantea asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para atender la crisis del agua, al considerar que “el recurso hídrico es considerado como estratégico y está calificado como un asunto de seguridad nacional en la Ley de Aguas Nacionales (LAN)”.

Refiere que la Ley de Seguridad Nacional señala que el Estado se rige por principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, como el derecho humano al agua.

Establece que los conflictos por el agua afectan el bienestar público y representan una amenaza a la seguridad nacional, la cual “se mantendrá en la medida en que los problemas públicos, como el del agua, sean erradicados, controlados o minimizados”.

Linda Yáñez Pérez –maestra en política– y Erick Aguilar Obregón –doctorante en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)– consideran al agua como un elemento constitutivo de seguridad nacional y  advierten el potencial para convertirse en un problema social por desabasto, contaminación e inequidad en su distribución.

“En la actualidad, el discurso nacionalista y de justicia social que pesaba sobre recursos como el agua ha quedado en el olvido y el hídrico ha continuado su tránsito hacia un lugar que lo objetiva como un elemento de diferenciación y exclusión social”, destacan.

En su análisis El agua en México, recurso estratégico de seguridad nacional, señalan que la disponibilidad de agua  establece una clara delimitación entre un grupo social que goza de satisfactores e ingresos económicos decorosos, y otro marginado económica y ambientalmente.

Los efectos de la urbanización, la agricultura industrial, la ganadería, la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono, entre otras acciones, están acelerando la pérdida de biodiversidad debido al calentamiento global, la desertificación, la desertificación o la contaminación de océanos y ríos.