Sabemos que el número de 741 empresas que se encuentran en el Área de Intervención Prioritaria (AIP) asciende a 741, las cuales comprenden giros como: metálica, electrónica, química, plásticos, mueblera, alimentos, entre otros. Por lo menos el 10% son de capital extranjero. Estas empresas generan residuos, emisiones y descargas, que en su mayoría no cumplen con el marco legal y normativo

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.