Guarapas: 11 km2

P. Chichurco: 12 km2,

Oporapa 14 km2,

P. Pericongo: 7km2,

Quimbo 80 km2,

Páez 5 Km2,

Aranzazu 6km2,

La plata 10 km2

Paicol 50km2

Desde el año pasado se viene haciendo estudios topográficos para la implementación de las nuevas microcentrales. En el Huila a finales de julio del 2012 se llevó a cabo las mediciones topográficas en San Agustín, se trata de la presencia de la multinacional Hydrochina para el desarrollo de proyectos que destruyen el territorio y aumentan el desastre ambiental del Huila. Es así como desde el 2011 se viene reuniendo Cormagdalena e Hidrochina y durante 24 meses se habrían proyectado la medición y el análisis del río a lo largo de sus 1.540 kilómetros. Los proyectos no solo son del sur, abarcan todo el cauce del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Tan solo en la parte alta hay proyectos con una inversión que asciende a los 6.475.750 de los cuales 5.718.000 dólares son chinos y 710.750 colombianos:

El gobierno nacional en la cabeza de Santos ha anunciado como el río Magdalena se encuentra en el próximo año. Para el Investigado Miller Dussán esto atiende al plan de Integración Infraestructural Regional Suramericana y de articulación del Sistema Fluvial con el Ferrocarril del Pacífico, "en el marco de los convenios establecidos por el Gobierno de Santos con los países Asiáticos, especialmente China, sustentados en la política de "confianza inversionista" y de los Tratados de Libre Comercio, que garantiza a las transnacionales profundizar el modelo extractivista de nuestros recursos naturales la imposición de megaproyectos minero-energéticos y agrónomos, es decir, la mercantilización absoluta de la naturaleza, para la mayor acumulación de capital ".

Es lo que trata del ya firmado en el 2011 convenio de cooperación entre Cormagdalena e Hidrochina, impulsado por el gobierno nacional para la formulación del plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena. El costo del proyecto es de 6.4 millones de dólares. El gobierno chino aporta 3.9millones, Hydrochina 1.8 millones y Cormagdalena 700 mil dólares. Lo han vendido como la recuperación de la navegabilidad del río, además de evitar inundaciones y contribuir al desarrollo social de los pobladores de los rivereños; pero su fin es la apropiación de cauce para la energía hidroeléctrica, así aprovechar la capacidad de generación en el Alto y Medio Magdalena.

Alirio González Ramírez puntualiza que el río Magdalena como bien público, nos pertenece a todos los colombianos y no a un particular, "La tan" cacareada "la concesión puede ingresar el grave riesgo de que el concesionario" se apropie de esa vía fluvial, una título de la concesión, un tal punto que nadie puede usarla, ni siquiera para que los habitantes ribereños transporten sus mercaderías. ¿Cómo quedaría el turismo fluvial organizado? ¿Ha pasado mucho tiempo en pequeñas embarcaciones como lanchas, "planchones", etc.? Esto es una entrega del gran río de nuestra patria, una entidad extranjera. Como se avecinan las campañas politicas (en Colombia no hay políticos), es muy probable que los mal llamados "padres de la patria",

Las presas grandes tienen una capacidad de producción de más de 30 megavatios, y todo lo que esté bajo esa capacidad se considera una presa pequeña. Por lo general las represas asociadas con grandes cambios son supuestamente las más grandes. El gran aporte de este estudio es debatir esa creencia. Por ejemplo, la hidroeléctrica Serra da Mesa produce 6 veces más energía que Balbina o Manso, pero tiene un efecto la mitad de grave que las dos últimas. Los científicos se dieron cuenta en la bibliografía que revisaron que, mientras los datos sobre beneficios energéticos y económicos de las represas hidroeléctricas eran muy exactos, la medición de sus impactos ambientales eran apenas aproximados.

Hoy es relevante en el país que frente a la locomotora minero energética, al parecer incontenible, avanza un frente social, basado en la autodeterminación de los pueblos, que lucha en pro de seguir habitando y preservando las riberas y hábitats de los ríos afectados por la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Hace 4 décadas los habitantes de Prado (Tolima) y hace tres los moradores de Betania (Huila), recibían por parte de autoridades locales y nacionales, así como de las empresas constructoras, promesas que parecen cobrar vigencia en el tiempo: las megaobras traerán empleo y progreso y remplazarán el día a día poco rentable de la siembra de arroz, sorgo o legumbres, atrás quedará la incertidumbre económica de quien se dedica a la pesca. Ni lo uno, ni lo otro. La inundación de predios de manera indiscriminada para convertirlos en embalses solo trajo como resultado masivos desplazamientos de poblaciones que terminaron en las grandes urbes.

La problemática social de aquellos años se revive en la actualidad en nuevas latitudes y ataca a nuevas generaciones: las riberas del río Sogamoso (Santander), Guarinó (Caldas), Ituango (Antioquia) o El Quimbo (Huila) por nombrar los más significativos. Sin embargo, algo ha cambiado entre el pasado y el presente, las luchas sociales realizadas de manera insular hoy cobran vida en un solo conglomerado que las reúne, el Movimiento Ríos Vivos, expresión popular que trabaja por la construcción de proyectos alternativos de sociedad y por la construcción de un proyecto energético de y para los pueblos.

Esta iniciativa plural liderada en diferentes regiones del país por mujeres ha logrado, mediante un proceso de lucha continua en contra de la construcción de represas, frenar parcialmente el intento de los consorcios que operan en Colombia de aumentar la capacidad energética nacional sin medir las consecuencias de tipo social y ambiental para las comunidades.

Hoy es relevante en el país que frente a la locomotora minero energética, al parecer incontenible, avanza un frente social, basado en la autodeterminación de los pueblos, que lucha en pro de seguir habitando y preservando las riberas y hábitats de los ríos afectados por la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Hace 4 décadas los habitantes de Prado (Tolima) y hace tres los moradores de Betania (Huila), recibían por parte de autoridades locales y nacionales, así como de las empresas constructoras, promesas que parecen cobrar vigencia en el tiempo: las megaobras traerán empleo y progreso y remplazarán el día a día poco rentable de la siembra de arroz, sorgo o legumbres, atrás quedará la incertidumbre económica de quien se dedica a la pesca. Ni lo uno, ni lo otro. La inundación de predios de manera indiscriminada para convertirlos en embalses solo trajo como resultado masivos desplazamientos de poblaciones que terminaron en las grandes urbes.

La problemática social de aquellos años se revive en la actualidad en nuevas latitudes y ataca a nuevas generaciones: las riberas del río Sogamoso (Santander), Guarinó (Caldas), Ituango (Antioquia) o El Quimbo (Huila) por nombrar los más significativos. Sin embargo, algo ha cambiado entre el pasado y el presente, las luchas sociales realizadas de manera insular hoy cobran vida en un solo conglomerado que las reúne, el Movimiento Ríos Vivos, expresión popular que trabaja por la construcción de proyectos alternativos de sociedad y por la construcción de un proyecto energético de y para los pueblos.

Esta iniciativa plural liderada en diferentes regiones del país por mujeres ha logrado, mediante un proceso de lucha continua en contra de la construcción de represas, frenar parcialmente el intento de los consorcios que operan en Colombia de aumentar la capacidad energética nacional sin medir las consecuencias de tipo social y ambiental para las comunidades.

Hoy es relevante en el país que frente a la locomotora minero energética, al parecer incontenible, avanza un frente social, basado en la autodeterminación de los pueblos, que lucha en pro de seguir habitando y preservando las riberas y hábitats de los ríos afectados por la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Hace 4 décadas los habitantes de Prado (Tolima) y hace tres los moradores de Betania (Huila), recibían por parte de autoridades locales y nacionales, así como de las empresas constructoras, promesas que parecen cobrar vigencia en el tiempo: las megaobras traerán empleo y progreso y remplazarán el día a día poco rentable de la siembra de arroz, sorgo o legumbres, atrás quedará la incertidumbre económica de quien se dedica a la pesca. Ni lo uno, ni lo otro. La inundación de predios de manera indiscriminada para convertirlos en embalses solo trajo como resultado masivos desplazamientos de poblaciones que terminaron en las grandes urbes.

La problemática social de aquellos años se revive en la actualidad en nuevas latitudes y ataca a nuevas generaciones: las riberas del río Sogamoso (Santander), Guarinó (Caldas), Ituango (Antioquia) o El Quimbo (Huila) por nombrar los más significativos. Sin embargo, algo ha cambiado entre el pasado y el presente, las luchas sociales realizadas de manera insular hoy cobran vida en un solo conglomerado que las reúne, el Movimiento Ríos Vivos, expresión popular que trabaja por la construcción de proyectos alternativos de sociedad y por la construcción de un proyecto energético de y para los pueblos.

Esta iniciativa plural liderada en diferentes regiones del país por mujeres ha logrado, mediante un proceso de lucha continua en contra de la construcción de represas, frenar parcialmente el intento de los consorcios que operan en Colombia de aumentar la capacidad energética nacional sin medir las consecuencias de tipo social y ambiental para las comunidades.