Las denuncias del movimiento social y otras organizaciones no se restringen a la situación de las comunidades desplazadas, pues han alertado sobre la tala indiscriminada. 
 La magnitud del proyecto hidroeléctrico ha llevado a la deforestación de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical afectando diferentes especies de flora y fauna. De acuerdo con el libro Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander Von Humboldt, sólo queda el 8 por ciento de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema. 

Según datos de Ríos Vivos 500 familias han sido forzadas a abandonar sus territorios por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano. Además, no han contado con ninguna opción, como reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia legal, entre otras garantías.

Las comunidades cercanas al complejo Hidroituango también se han visto afectadas económicamente, pues sus actividades tradicionales de barequeo y pesca fueron alteradas desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica.

1. Por decreto de calamidad pública, la Gobernación anunció la contratación de una consultoría técnica con la facultad de Minas de la Universidad Nacional, quienes estarán encargados de reunir doctores de varias universidades en Hidráulica, Geotécnica, Mecánica de Fluidos y actividades relacionadas para que generen diagnósticos de riesgo diferentes al de los constructores. Esto con el objetivo de “tomar decisiones públicas, generar confianza y unificar la información para sacar a las víctimas de la incertidumbre”, dijo Luis Pérez.

2. EPM, Constructores privados, diseñadores e interventores de Hidroituango tendrán la obligación de brindar “de inmediato”, toda la información que la consultoría de la Universidad Nacional requiera y, “cada cinco días, deberán enviar un informe, por 60 días”.

3. EPM deberá ordenar a los contratistas de la obra presentar un cronograma de actividades de cómo se va a superar la crisis, “para que podamos explicar a las víctimas y damnificados cuándo podrán regresar a su vida normal”, puntualizó el gobernador.

El compromiso debe iniciar por el señor presidente de Colombia Iván Duque y todas las fuerzas vivas tanto en lo político y privado del país por recibir este costo sobre un beneficio.

Ya comenzó el Ministerio de Ambiente aseguro que esta empresa energética EPM, debe prevenir los impactos ambientales que causo aguas abajo. De todas los habitantes que salieron perjudicados en su habitad.

El señor dijo, lo citó textualmente, "Jorge Londoño indicó que el objetivo principal es proteger las vidas de las personas y que la decisión sí tendrá impactos sobre el medio ambiente, aunque asegura que “estos serán mitigables y reversibles”. El principal reto será el rescate de la fauna, ya que, cuando el caudal del río disminuye de forma abrupta, algunos peces quedan atrapados en las orillas. Según dijo Londoño, han identificado los lugares donde esto puede ocurrir y “hay 700 pescadores de la zona, que recibieron capacitación previa, para que actúen oportunamente en el rescate de los peces”. 

Las medidas que se tomen aquí de este problema compete en la realidad a las empresas que otorgaron los permisos ANLA, es debe apoyar la pronta recuperación, de todas ias Controlaría, Fiscalía, Procuraduría, tienen la gran responsabilidad de hacer cumplir la normatividad de aspectos ambientales y normatividad de la constitución Nacional y nosotros como Colombianos deben exigirlo.