Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se impulsó el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, que duró entre 1996 y 2000.  Mediante la anticoncepción quirúrgica voluntaria, se reduciría las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos y por ende los índices de pobreza a nivel nacional. En el marco de este programa, se realizaron miles de esterilizaciones forzadas cuyas víctimas fueron principalmente mujeres campesinas, quechua hablantes y pobres.

Según un documento oficial presentado por la fiscalía, el Gobierno planeaba realizar 150.000 ligaduras de trompas solo en 1997, estas serían de forma voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias de la cirugía. Pero, en la práctica, según los testimonios, el personal de salud estaba coaccionado a cumplir con los objetivos de esterilización, mientras que a las víctimas eran forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas si no aceptaban someterse a la intervención.

Es necesario resaltar que las esterilizaciones forzadas, para el Derecho Penal Internacional,  están tipificadas como crímenes de lesa humanidad,  siendo así, el Estatuto de Roma en su artículo 7.g señala:

Pero además del Estatuto de Roma, también existe jurisprudencia internacional que protege a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que reafirman la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, la erradicación de la impunidad mediante la investigación y sanción de los responsables. Sobre el derecho a la verdad y a la especial protección hacia las mujeres contra la violencia basada en género en un contexto generalizado y sistemático, podemos tomar como precedente el caso Campo Algodonero vs. México la Corte IDH.

Casma Aguilar, Jennifer
Diaz Rojas, Joselyn Elizabeth
Jurado Salazar, Carlos Andrés
Pinto Delgado, Jose Luis
Salinas Urbina, Chelsea
Ignacio Granados Pilar Nelly