Ley que implementa medidas correctivas para la gestión eficiente de las finanzas públicas de los gobiernos locales y gobiernos regionales en beneficio de los afiliados de Essalud:

Cabe señalar que EsSalud, el sistema de salud peruano, goza de autonomía económica y financiera, pero enfrenta serios problemas debido a la alta morosidad de instituciones públicas y privadas, que afecta su capacidad para ofrecer servicios de salud. Según María Elena Aguilar, EsSalud deja de percibir aproximadamente $3,680 millones anuales y enfrenta una deuda estatal de más de S/7,000 millones, especialmente de gobiernos regionales.

A octubre de 2023, la deuda total por aportaciones asciende a S/4,168 millones, de los cuales el 67% corresponde al sector privado. Las empresas azucareras y clubes deportivos son los principales deudores. En el sector público, los gobiernos regionales y locales deben S/581 millones y S/435 millones, respectivamente, concentrándose gran parte de la deuda en Lima y Callao.

EsSalud ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que implemente un mecanismo para que los pagos sean directos, evitando así futuras deudas. Esto es crucial para garantizar una atención de calidad y reducir la brecha de salud, asegurando que el acceso a la salud se mantenga como un derecho universal. Por ello se propone también una legislación que permita una gestión eficiente en el pago de deudas, ajustándose a la capacidad financiera de cada entidad.

Este proyecto propone una reforma constitucional para reinstaurar el sistema bicameral en el Congreso peruano, dividiéndolo en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Además, establece la paridad de género en la integración de ambas cámaras, promoviendo una representación política igualitaria entre hombres y mujeres. Uno de los objetivos principales es mejorar la representatividad regional, lo que permitiría que las voces de diferentes zonas del país tengan una mayor participación en el proceso legislativo, abriendo la posibilidad de un congreso más inclusivo y representativo de la diversidad geográfica, cultural y social del Perú.

La reintroducción de un sistema bicameral en el Congreso podría enriquecer el proceso legislativo, brindando mayor profundidad y calidad a los debates, ya que cada cámara desempeñaría un rol específico en la revisión y aprobación de leyes. También, la paridad de género representaría un avance en la inclusión y equidad, al garantizar que tanto mujeres como hombres participen en igualdad de condiciones en la toma de decisiones políticas. Este cambio podría fortalecer la democracia peruana y contribuir a una legislación más adecuada a las necesidades de las diferentes regiones del país.

Este proyecto busca actualizar la Ley del Notariado, un marco normativo fundamental para regular las funciones notariales en el Perú. Entre las modificaciones propuestas se encuentran cambios en los requisitos de acceso y desempeño del notariado, mejoras en la capacitación de los notarios y una modernización de los procedimientos notariales. Al mismo tiempo, se introduce un enfoque de mayor digitalización en los actos notariales, adaptándose a los avances tecnológicos actuales y buscando optimizar la seguridad y accesibilidad en los servicios notariales.

Las modificaciones propuestas en la Ley del Notariado representan una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica y modernizar un sector clave para el correcto desarrollo de transacciones y actos legales. Con una regulación más rigurosa y un notariado mejor preparado, se espera que los ciudadanos peruanos tengan mayor confianza en el sistema de certificación de documentos y actos notariales. Además, la incorporación de herramientas digitales podría facilitar el acceso a servicios notariales, reducir tiempos de espera y mitigar el riesgo de fraudes, lo que contribuiría a una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de documentos legales.

En el contexto actual, donde el cambio climático y la escasez de recursos hídricos son desafíos apremiantes, surge un proyecto de ley que se presenta como una respuesta innovadora y necesaria. Esta iniciativa busca incorporar a las plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles dentro del marco de la gestión y prestación de servicios de saneamiento en Perú.

La modificación de estos artículos no es simplemente un ajuste técnico; es un paso crucial hacia un modelo de gestión del agua más responsable y alineado con las demandas contemporáneas. Al incluir tecnologías sostenibles en el tratamiento de aguas residuales, se abre la puerta a un enfoque más integral que no solo busca la eficiencia, sino también la sostenibilidad ambiental. Esta ley reconoce que el saneamiento no es solo una cuestión de infraestructura, sino de salud pública y bienestar comunitario.

Este proyecto de ley tiene un enfoque en la sostenibilidad, se abren nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de la población y proteger nuestro medio ambiente, estableciendo así un legado positivo para las futuras generaciones.

El proyecto de ley presentado por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya tiene como objetivo principal extender la vigencia de la Ley N° 31556, que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% al 8% para micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, hasta el 31 de diciembre de 2026. Se argumenta que esta extensión es crucial para la reactivación del sector turístico, el cual ha sufrido enormemente a causa de la pandemia y otros factores adversos. Además, se busca garantizar la sostenibilidad de estas empresas, que son esenciales para la economía peruana y el bienestar de muchas familias.