Pero si se requiere un orden, hace falta también una institución que dirima las controversias básicas, para evitar el desorden. Un conjunto de reglas no es suficiente; se requiere que existan quienes puedan interpretarlas y aplicarlas por encima de los intereses individuales. Y este es el papel importantísimo del Poder Judicial.

Sin embargo, lamentablemente, en el Perú el Poder Judicial está considerado en las encuestas como una institución absolutamente defectuosa. Este es un hecho, no una elucubración. Por tanto, hay que pensar en remediar tal situación porque, de otra manera, no será posible vivir y crecer adecuadamente.

¿Qué es lo que hace falta? Hay personas que para solucionar este problema quieren dar una nueva Ley del Poder Judicial. Pero, señores, las leyes no sirven de nada si no tienen la posibilidad de ser adecuadamente interpretadas y aplicadas. Buenas leyes (o cuando menos, aceptables) las tenemos ya; ahora lo que hace falta son buenos jueces que las hagan cumplir.

El Poder Judicial peruano tiene hoy en día y ha tenido históricamente figuras epónimas del juez, particularmente en las instancias más altas, por quienes tengo el mayor respeto porque defienden su imparcialidad dentro de un ambiente donde la sobrevivencia del juez honesto parece casi imposible. Pero la administración de justicia, en general, deja mucho que desear.

Para ser un buen juez se necesita formación jurídica, honestidad a toda rueba y valentía para defender su independencia.

Sin embargo, dados los bajos sueldos que paga el Poder Judicial, quienes ingresan a la carrera no son los mejores alumnos que salen de las universidades, ya que estos encuentran mejor ubicación en los estudios y en las empresas. Y, claro está, las hermosas teorías de codificadores y juristas pierden toda su eficacia si simplemente los jueces no las entienden o las entienden al revés. De otro lado, la corrupción campea por las salas del Poder Judicial: los jueces son corruptos y los abogados son corruptos, sin que pueda saberse si el origen está en el juez que comenzó pidiendo o en el abogado que comenzó ofreciendo. Asimismo, los políticos y funcionarios públicos –muchas veces, de bajo nivel– apoyan a litigantes y presionan sobre el Poder Judicial para conseguir el triunfo de su “amigo” a cambio de una prebenda. Adicionalmente, ciertos abogados que han logrado hacerse de una fama dudosa de manejar poderosamente el azote del Derecho, amedrentan a los magistrados amenazándoles con iniciarles procesos por prevaricato o con otras razones intimidantes si no juzgan como ellos quieren. De esta manera, el que no es corrupto muchas veces es pusilánime; y esto forma el círculo vicioso de la frustración de justicia.

El mal no es solo de hoy. Manuel Atanasio Fuentes decía en el S. XIX, hablando de los jueces peruanos, que “esos Señores de pluma que se llaman justicias”, no pueden ser considerados como tales; o cuando menos la justicia “está tan disfrazada, tan cubierta, tan tapada, que no la conoce ni Dios que la crió…”.

Ha llegado el momento de pensar seriamente en elevar el nivel de nuestros jueces si queremos tener una vida mejor dentro de una sociedad mejor

El funcionamiento adecuado del servicio de justicia constituye un presupuesto esencial para la convivencia social pacífica. En ese sentido, cabe señalar cuán importante es que el sistema de justicia resuelva conflictos entre las personas y entre éstas y el Estado; combata los actos de corrupción y el comportamiento delictivo; garantice la supremacía de la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, y garantice el respeto de los derechos de todas las personas.

En el Perú, el acceso a la justicia se manifiesta como un desafío pendiente. En razón de ello, la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes y emitido recomendaciones para colaborar con el Estado en la solución de los problemas que cotidianamente enfrentan quienes no acceden plenamente a la satisfacción de este derecho. Asimismo, ha intervenido en procesos constitucionales y presentado diversos amicus curiae, y ha dado a conocer a la autoridad judicial los resultados de sus investigaciones.

Otro caso de maltrato al cliente pondría en tela de juicio el trato que brindaría la empresa Claro a sus clientes vía telefónica. El usuario Alvaro Pizarro denunció que fue insultado por un asesor de servicio de la compañía de telecomunicaciones.

Según refiere Pizarro a través de su Facebook, llamó al servicio técnico por inconvenientes con su Internet, sin embargo, la persona que atendió la llamada lo habría insultado con palabras homofóbicas.

Para sustentar la acusación, el usuario publicó el audio de la supuesta conversación que tuvo con el supervisor de aquel técnico de Claro, Luis Bolo, contando lo ocurrido ya que no consiguió grabar el momento exacto donde le habrían insultado.

El indignado cliente pidió el nombre del técnico, pero tal como se escucha en la grabación, el supervisor admitiría lo sucedido, pero intentaban evadir la situación. Tras la insistencia del Pizarro, el jefe del asesor dijo que se trataría del empleado Fernando Lozada.