"1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario(...)"

 

La prohibición responde a la imperiosa necesidad de resguardar la conducta ética, moral de los funcionarios, evitando el posible conflicto de intereses y el quebranto a los deberes de probidad e imparcialidad, debiendo existir una norma de rango legal que, no solo, imponga la restricción, sino que además autorice el resarcimiento por esta. Tal impedimento no es optativo, para el funcionario, ni para la Administración, ya que, una vez establecido por ley deviene obligatorio. 

 

El canon 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión a los abogados, independientemente de si perciben o no remuneración por ese concepto.