El día 28 de febrero de 2020, el gobierno colombiano emitió un decreto de emergencia ante la contingencia del COVID-19 a través del cual se dispuso el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con las

Repúblicas de Panamá, Ecuador, Perú y Brasil a partir del 15 de marzo de 2020 y hasta el 30 de mayo de 2020. Por tanto, el 1 de marzo de 2020, FACA le envío una comunicación a J & G manifestando su preocupación por la medida dispuesta por el Gobierno y la forma en que podría afectar su capacidad de entregar la mercancía a tiempo. Razón por la cual solicitó que se extendiera el plazo de entrega al 10 de junio de 2020. J & G contestó a dicha comunicación señalando que era vital que FACA entregara la mercancía en la fecha convenida dado que se aproximaba la Semana Santa y que era la fecha de mayor consumo de su producto. Adicionalmente, señaló que ya había revendido la mercadería a la principal cadena de supermercados de su país, con entrega que debía hacerse a más tardar el 1 de abril de 2020. 

El 5 de marzo de 2020, FACA le envió una comunicación formal en la que señalaba que le era imposible cumplir con su obligación de entrega en la fecha pactada y dada la negativa de J & G a ampliar el plazo, no le quedaba otro remedio que declarar resuelto el contrato entre las partes.

 

Ante los hechos antes mencionados, el 20 de marzo de 2020, J & G presentó una demanda ordinaria ante un Juez en Colombia solicitando que se declarara el incumplimiento del contrato por parte de FACA y que se ordenara el pago de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. 

FACA, en su contestación de la demanda alegó falta de jurisdicción por parte del Juez en Colombia, por la existencia de una cláusula compromisoria. De igual forma, argumentó que el incumplimiento de su obligación de entrega se había debido a un impedimento más allá de su control y el cual no podía haber evitado o superado sus consecuencias.

1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.

5. En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal.

De igual forma, los incoterms como Términos de Negociación Internacional o reglas de comercio exterior, nos riven para acordar las responsabilidades de exportador e importador y en esté caso como se aplica el Incoterm FOB, que significa Free on Board, que traduce Libre a Bordo, el vendedor, es decir FACA es quien asumirá los gastos y los riesgos hasta el momento en el cual se sube a bordo la mercancía, es más, se encarga de contratar el transporte, y quién corre con el gasto del flete y los riesgos de dicho transporte será el comprador.