Este código es crucial porque define los límites y protocolos que deben seguir los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, en su interacción con la ciudadanía. Entre sus disposiciones se encuentran medidas para la prevención de delitos, el control de alteraciones del orden público y el respeto a los derechos humanos, elementos especialmente relevantes en contextos de movilización social.

Este proyecto fue radicado el 5 de agosto de este año y tiene el objetivo de conceder "amnistías e indultos por delitos cometidos en hechos o que se hayan dado con ocasión o en relación directa e indirecta con la protesta social y la manifestación pública en el territorio nacional asociados a los delitos políticos y los delitos conexos con estos". Este cuenta con la firma de los integrantes del Pacto Histórico, pero todavía no ha sido discutida en el Congreso. Teniendo en cuenta que fue presentado en esta legislatura, tiene hasta el próximo 20 de junio para pasar al menos su primer debate. En ella, se exponen como hechos fundamentales la estigmatización en el marco del paro nacional de 2021 y señala que "con la aprobación de este proyecto de ley el Estado colombiano avanzaría de manera significativa en la protección del derecho a la protesta".

María José Barrios Figueroa, Felipe Méndez y Fabián Loaiza (Grupo 1)

Fue radicado el 5 de agosto de 2024 por los dignatarios de la Comisión Primera Constitucional, en la Cámara de Representantes, mantiene el contenido del Proyecto de Ley Estatutaria 270 de 2023, Cámara, presentado desde el Pacto Histórico.

Por el momento, el proyecto se encuentra en primer debate.

La importancia de este decreto radica en que busca regular las actuaciones de la fuerza pública, promoviendo medidas que priorizan el diálogo y la mediación antes del uso de la fuerza. También establece protocolos para proteger a los manifestantes pacíficos y evitar la criminalización de las protestas como herramienta de expresión ciudadana.

Decreto 003 de 05 de enero de 2021 por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana" " su finalidad es establecer como primacía el dialogo y la mediación como como forma de intervención en las protestas, los principios de órdenes de las autoridades, respeto y garantía de derechos, dignidad humana, enfoque diferencial, legalidad, necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima en el uso de la fuerza, prevención, diferenciación, igualdad y no discriminación, y no estigmatización.