Acciones populares y de grupo: Las acciones populares están diseñadas para proteger derechos e intereses colectivos, como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente y la moralidad administrativa. Estas acciones permiten que los ciudadanos y colectivos busquen protección judicial contra actividades de expendio de estupefacientes que impacten negativamente en la comunidad.

Intervención de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo: Estas instituciones tienen la función de vigilar y proteger los derechos fundamentales, especialmente de poblaciones vulnerables. La Procuraduría puede iniciar investigaciones disciplinarias contra funcionarios que no estén cumpliendo con sus deberes en el control y regulación del consumo de drogas, y la Defensoría del Pueblo puede interceder para asegurar el respeto de derechos fundamentales.

Políticas de salud pública: La Ley 1566 de 2012 establece que la adicción a las drogas es un problema de salud pública en Colombia, lo cual permite que el Estado implemente políticas de prevención, tratamiento y rehabilitación. A través de esta ley, el Estado busca reducir el consumo de estupefacientes mediante campañas de prevención y programas de rehabilitación, facilitando el acceso a servicios de salud especializados para quienes padecen adicciones.

Mecanismos penales y de seguridad: El Código Penal colombiano establece sanciones para el tráfico y expendio de estupefacientes. Las autoridades pueden actuar mediante procedimientos penales contra quienes realicen estas actividades, protegiendo así la seguridad y el bienestar de la población en las zonas afectadas.

Programas de prevención y educación: Más allá de los mecanismos judiciales y administrativos, la educación y programas preventivos en las escuelas y comunidades ayudan a reducir el consumo desde una perspectiva integral, enfocándose en la prevención temprana y en la reducción del daño.