El TC determinó que se habían vulnerado las garantías del debido proceso y de la objetividad fiscal, pues un fiscal investigado no puede continuar dirigiendo la misma investigación. Asimismo, estableció criterios vinculantes para los allanamientos en estudios jurídicos, exigiendo autorización judicial, fundamentación clara y respeto al secreto profesional.

Este fallo refuerza el Estado de Derecho, al recordar que incluso el Ministerio Público debe actuar con independencia e imparcialidad, y que los derechos fundamentales, como la defensa y el secreto profesional, deben respetarse incluso en investigaciones de alta relevancia como Odebrecht.

• Demandante: Arsenio Oré Guardia.

• Demandados: Rafael Ernesto Vela Barba (Fiscal Superior del Equipo Especial de Fiscales) y José Domingo Pérez Gómez (Fiscal Provincial). Tribunal Constitucional

Hecho central

• Oré Guardia solicitó que se excluya al fiscal José Domingo Pérez de la investigación que él mismo lideraba, por presunta falta de objetividad, al acusarlo de amenazas desde su estudio jurídico para impedir declaraciones de testigos. Tribunal Constitucional

• También reclama la nulidad de actuaciones fiscales posteriores, pues sostiene que tener al mismo fiscal investigando actos que él supervisó o pudo influenciar configura un conflicto con la garantía de independencia y objetividad. Tribunal Constitucional

Sede jurisdiccional

• Se presentó una demanda de amparo, se rechazó en instancias fiscales y judiciales (Corte Superior), y finalmente llegó al Tribunal Constitucional (TC), que emitió la sentencia N.º 199/2024 en julio de 2024. Tribunal Constitucional

Decisión del TC

• El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Oré Guardia. Tribunal Constitucional

• Anuló la Disposición 1-2019-FSCEE-MP-FN del 7 de enero de 2019, que rechazó la solicitud de exclusión de Pérez. Tribunal Constitucional

• Ordenó la renovación del acto fiscal superior nulificado, y la nulidad de todos los actos fiscales posteriores dependientes de esa disposición.