la adicción sería un grado elevado de dependencia.

Fernández-Espejo, E. (2002). Bases neurobiológicas de la drogadicción. Revista de neurología, 34 (7), 659-664.

La sentencia T–248 de 1998 en cuanto el derecho a la salud mental establece lo siguiente:… “En los casos de peligro o afectación de la salud mental y sicológica de una persona no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a ella corresponden sino los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad. De lo dicho se deduce que, al reclamar judicialmente la preservación inmediata del derecho a su salud mental, la persona invoca derechos fundamentales susceptibles de amparo por la vía del artículo 86 de la Constitución Política.

Por otra parte, el artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por acción o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad” 1 .Así mismo, la sentencia T - 134/2002 establece que:

“Las entidades promotoras de salud tienen el deber de asistir de manera permanente a sus afiliados, así no estén obligadas a prestar directamente el servicio. El derecho a la salud está previsto en el ordenamiento consti-tucional como un derecho y como un servicio público, en cuanto todas las personas deben acceder a él, y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación -artículo 49 C.P El Estado no está obligado a satisfacer todas las necesidades asistenciales de los asociados, sino aquellas que se encuentren incluidas dentro de sus políticas de Seguridad Social, las cuales se elaboran atendiendo los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad -artículos 48 y 49 C.P.-

Londono Berrio, H. L. (1990). La problemática de la droga en Colombia. Nuevo Foro Penal, 47, 7.

así como tenemos derechos también debemos cumplir los deberes donde se promueve la sana convivencia.

los derechos humanos triunfo que siempre esta en contaste replanteamiento.

invitar a las personas a que nos apropiemos de la importancia y exigir que se cumplan y que no se violen estos derechos.

recordar que contamos con 6 mecanismos nacionales que velan por la protección de los derechos de los ciudadanos como lo son:

publica y constitucionalidad

tutela

habeas corpus

acciones populares

acciones grupales

acción de cumplimiento

internacionales como:

La Corte Interamericana de Derechos Humano

2. Programas de prevención y educación sobre el abuso de sustancias desde edades tempranas.

3. Apoyo psicológico y social para las personas en proceso de recuperación.

4. Promoción de políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la adicción, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades.

5. Protección contra la discriminación y estigmatización de las personas con problemas de droga dicción.