Esto puede realizarse a través de una expropiación (se quita la propiedad de la tierra a los latifundistas sin ningún tipo de indemnización) o mediante mecanismos compensatorios (se exige a los latifundistas que se desprendan de sus tierras, pero se les entrega algo a cambio). 

Sin embargo, esta medida se dio precisamente cuando la situación en algunas partes del país era ya de conflicto abierto: difícilmente se podría impulsar una reforma agraria eficaz cuando soldados y guerrilleros ya estaban enfrentándose en diversas zonas rurales del país.

Dentro de la misma fuerza armada se dieron desacuerdos sobre el rumbo que debería tomar el gobierno de la junta: si avanzar con la reforma agraria, impulsando a la llamada "Fase Dos" (que expropiaría eventualmente toda la propiedad mayor de 150 hectáreas), o incrementar el esfuerzo militar para controlar a los grupos guerrilleros.

Ambas alternativas buscaban el mismo objetivo: imponerse a la guerrilla izquierdista quitándole "banderas" (es decir ofreciéndole al pueblo cosas parecidas a las que ofrecía la misma izquierda) o derrotándola en el campo estrictamente militar. Con el tiempo, prevaleció la opción por la solución militar y las reformas importantes no pasaron de las que decreto la Junta en marzo de 1980.

Pero la misma situación de guerra, la explotación de los dueños de la tierra contra el trabajador de ésta, entre otras cosas, generó que, poco a poco, el quehacer agrícola fuera llegando hasta un abandono casi total; obligando a las personas que trabajaban el campo ( campesinos e indígenas) a buscar nuevas rutas, otras formas de trabajo que, por lógica al menos, les garantizara las condiciones mínimas de supervivencia.

El éxodo masivo de trabajadores del campo, en muchas ocasiones acompañados de su grupo familiar, hacia las zonas urbanas era la única alternativa para lograr subsistir, la defensa de la tierra y la reactivación del agro se convirtieron en los discursos favoritos de los brazos políticos de las fuerzas bélicas de la época conflictiva del país.