Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de setiembre de 2001. Claudia Ivette González, trabajadora en una empresa maquilladora, de 20 años de edad, desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las debidas denuncias de desaparición, pero lamentablemente no se iniciaron investigaciones. 

Días después, el 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. La Comisión manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Se añadió que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.

Muy a pesar de los esfuerzos de los familiares, las autoridades hicieron caso omiso a las investigaciones, entorpeciendo algún posible avance en el caso. En consecuencia, el 6 de marzo de 2002 se presentó ante la Comisión la petición inicial del caso. Después, la Corte presentó un informe donde realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano; este último se comprometió a adoptarlas, y en un primer informe reportó su cumplimiento parcial, argumentando que para poder cumplirlas en su totalidad era necesario que la Comisión IDH le aumentara el plazo para dar resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al ver la disposición del Estado mexicano, tomó la decisión de otorgarle dos meses más. Sin embargo, durante este periodo el Gobierno de México se preocupó muy poco por cumplir en su totalidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión IDH.

Ante esto, el 4 de noviembre de 2004 la Comisión IDH, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, entabló una demanda en contra del Estado mexicano ante la Corte IDH, por su presunta responsabilidad en la desaparición y ulterior muerte de tres mujeres. Como resultado de lo anterior, la Corte IDH, en sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009, encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los siguientes derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)

Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad)

Artículo 19 (Derecho de niño)

Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)

Artículo 25 (Protección Judicial)

Artículo 4 (Derecho a la vida)

Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal)

Artículo 8 (Garantías Judiciales)

Así mismo no podemos ignorar la gran labor de asociaciones, como: Red Mesa de Mujeres de Juárez, la organización Nuestras hijas de regreso a casa, el Centro para el desarrollo integral de la mujer y el Observatorio de feminicidios de católicas por el derecho a decidir, entre otros, quienes ayudaron a difundir en todo el país. 

Y sobre todo puntualizar la intervención de la Corte interamericana de Derechos humanos. 

La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. 

Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”

La Corte destacó las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes por parte de las autoridades documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, mismas que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. 

El actuar de los servidores públicos lejos de ser eficiente solo entorpecieron las investigaciones, y levantaron prejuicios sobre las víctimas. Ninguno de los representantes del estado (Policías, Fiscalía, Peritos) buscaron preservar la dignidad humana de las víctimas y de los familiares. En México, esto es un patrón que se repite por toda la república, los índices de Feminicidios 

° Las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes en cuanto a la investigación de dichos crímenes por parte de las autoridades.

° Los mayores niveles de impunidad en los casos de homicidio de mujeres con características de violencia sexual.

° Los altos grados de violencia, incluyendo la violencia sexual en algunos de los crímenes documentados. Esto más allá de que se observe que no existe firmeza respecto de las cifras –aún más, que hay contradicciones en las cifras presentadas por el propio Estado- en torno a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

° La perpetuación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez.

Si bien la Corte no puede atribuir responsabilidad al Estado sólo por el contexto, sí advierte la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos del contexto para las medidas generales de prevención que debería adoptar el Estado a fin de asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas en México

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal nota que si bien el Estado aceptó en términos generales dichos hechos, en su argumentación posterior relativa al fondo del asunto controvirtió hechos específicos de contexto o de la “primera etapa” de las investigaciones. Por ello, la Corte determinará en los siguientes capítulos todo el marco fáctico de este caso y hará las especificaciones correspondientes cuando un hecho se toma como establecido, con base en la aceptación del Estado, o como probado, de acuerdo a la evidencia aportada por las partes.

el Tribunal declara que ha cesado la controversia sobre la violación de los artículos 5.1, 8.1, 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados supra párro 9, por las violaciones aceptadas por el Estado en la “primera etapa” de las investigaciones. De otra parte, declara que subsiste la controversia en torno a las alegadas violaciones de los artículos 4, 5, 7, 11 y 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. También subsiste la controversia en torno a la alegada violación del artículo 5 de la Convención Americana por hechos distintos a los reconocidos por el Estado, respecto a los familiares de las víctimas, así como la controversia relativa a la alegada violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, respecto a la “segunda etapa” de las investigaciones.

El Caso algodonero marco un antes y un después en la vida de nuestro sistema penal, pues es bien sabiendo que este es uno de los antecedentes más importantes, que ayudaron a la tipificación del delito de Feminicidio en México, y la extensión de toda Latinoamérica. 

Hoy en día El caso Algodonero es una fuente del derecho para muchos casos en situaciones similares donde el estado vuelve a violar los convenios y tratados internacionales, poniendo en riesgo nuestro Estado de derecho, y la dignidad de muchas Mujeres.