Ausencia de justicia ambiental efectiva: Las comunidades carecen de acceso adecuado a mecanismos de justicia, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y desprotección.

Deforestación alarmante: Entre 2021 y 2024 se han perdido más de 30,800 hectáreas de selva amazónica en el sur del Perú por causa directa de la minería aurífera ilegal.

Falta de control estatal: A pesar de contar con entidades fiscalizadoras, el Estado no tiene capacidad efectiva de supervisión debido a falta de personal, recursos, corrupción y complejidad geográfica.

Débil institucionalidad ambiental: Más del 60% de municipalidades con competencias ambientales no tienen un área ambiental formalmente implementada, lo que limita la acción local.

Impacto grave en comunidades locales: Las poblaciones indígenas y rurales son las más afectadas, enfrentando invasión de territorio, contaminación con mercurio, enfermedades, pérdida de cultivos y violencia (especialmente contra mujeres y niños).

Consecuencias socioambientales severas: La minería ilegal no solo daña el medio ambiente, también afecta el clima, la biodiversidad y el desarrollo humano, generando un riesgo a largo plazo para el equilibrio ecológico global.