Resulta preocupante apreciar que hay un 50 por ciento más de pacientes, en promedio, en todas las áreas de urgencias del país. Y esa situación pone en evidencia que estos servicios se han convertido en la puerta de entrada al sistema de salud. Eso, con el agravante de que, en los hospitales de configuración mixta (como los públicos que están tercerizados con privados, o privados que han sido intervenidos), los excesos casi triplican las capacidades instaladas.

Si bien estos desbordes se presentan en los tres niveles de atención (baja complejidad, media y alta), en la baja es mucho mayor. Y ese dato desnuda, de manera preocupante, la carencia de redes ambulatorias para atender problemas menores. Es por esa razón que la gente, desafortunadamente, termina acudiendo a servicios de urgencias para solicitar atención a problemas que pudieron resolverse a través de citas o en sitios de baja complejidad.

Si a lo anterior se suma que el 20 por ciento de los servicios de urgencias en el país no cuentan con la dotación suficiente de acuerdo con su capacidad, los problemas de calidad en estas instituciones son mucho mayores. Eso, sin dejar de lado que, por estas condiciones, el 20 por ciento de los servicios de urgencia deberían ser cerrados por no cumplir con los estándares mínimos de habilitación.

Por esta razón, las áreas destinadas a servicios urgentes se congestionan, lo que les resta oportunidad a pacientes verdaderamente graves.

Llama la atención que el 42 por ciento de los hospitales reconozcan que tienen, dentro de sus procesos de atención, barreras para los usuarios. En este sentido, resulta preocupante que 15 de cada 100 no garanticen las condiciones físicas para que los pacientes reciban los servicios con facilidad. Muchos de ellos, simplemente, dejan de asistir por dichas circunstancias, con las consecuencias que esto acarrea: que los cuadros médicos empeoren o que se llegue a un diagnóstico tardío.

Por otro lado, resulta inconcebible que exista un 10 por ciento de barreras económicas impuestas a los usuarios; lo anterior, teniendo en cuenta que, por norma, los servicios de urgencias deben prestarse de manera obligatoria y sin ningún condicionante de este tipo. Que quede claro: no tener dinero para pagar un servicio de urgencias no puede ser una razón para que le nieguen la atención.

De igual forma, las discriminaciones de diferente índole y las restricciones para acceder a información de calidad terminan configurando violaciones a los derechos de los pacientes.

Pero existen otro tipo de barreras sutiles, no por eso menos problemáticas: la disculpa de algunos hospitales que manifiestan atender solo determinado tipo de patologías o que rechazan una atención por supuestas inconsistencias en algunos documentos o por falta de convenios con las aseguradoras. Eso, a todas luces, resulta francamente ilegal

De hecho, solo 7 de cada 10 consultan por síntomas agudos, mientras que el 20 por ciento acuden a urgencias para buscar soluciones a enfermedades crónicas que deberían ser atendidas de manera ambulatoria, pero que no encuentran otra vía dadas las barreras y limitaciones que se presentan por fallas, principalmente, de las aseguradoras.

Por la misma razón, muchos pacientes llegan a urgencias en busca de medicamentos que se les han terminado y otro gran número (14,5 %), porque simplemente no tienen más a dónde acudir, en razón a que carecen de afiliación, son migrantes o víctimas de desplazamiento.

Todos estos elementos terminan por afectar, de manera sería, la calidad de la atención.

La sobreocupación, sumada a limitaciones económicas en muchos hospitales, condiciona graves carencias de recursos físicos, técnicos y de talento humano, que ponen en riesgo la atención eficiente y oportuna que deben recibir los enfermos. Y esa situación atenta de manera crítica contra la dignidad y el trato humanizado que merecen todas las personas que llegan a estos lugares buscando ayuda.

Con respecto a la espera, las urgencias colombianas tienen en promedio una hora, con un rango que va de un minuto a nueve horas. Y si bien dentro de estos contextos se pensaría que la mayoría de los pacientes de urgencias recibe atención por las carencias antes descritas, al menos la mitad de ellos, ya clasificados, tiene que sobrepasar de manera exagerada los tiempos normales que requiere su atención. Una situación que, infortunadamente, se traduce en complicaciones.

No es anecdótico que haya pacientes que tienen que esperar hasta nueve horas para recibir una atención, simplemente porque en algunos sitios no existen los recursos necesarios o porque carecen de procesos administrativos ágiles para ofrecer un trato humanizado

El hecho de que uno de cada cuatro tiene que recibir tratamientos en una silla y al menos 2 de cada 100, en el piso, configura una violación al trato digno que merecen todos los pacientes.

Sin embargo, esta situación se ha convertido en algo ‘normal’ en la mayoría de hospitales, tanto que muchas personas terminan por aceptar estos malos tratos como el precio que tienen que pagar para ser atendidos.

Una mirada a las estancias en las salas de observación permite apreciar violaciones flagrantes a todas las normas establecidas. Por ejemplo, casi la mitad de los pacientes sobrepasa las 24 horas de observación; la mayoría de ellos, en espera de valoraciones por medicinas especializadas que muchas veces no llegan por falta de autorizaciones de las EPS o por insuficiencia de recursos en los hospitales.

Y frente a los traslados, la situación no es mejor: el 10 por ciento de ellos no se realizan por diferentes problemas, lo que termina por convertir el área de urgencias en una extensión del área de hospitalización, algo simplemente anormal.

Llama la atención que dentro de esos problemas, la mayoría son de carácter administrativo (falta de autorizaciones), económico (a las EPS les niegan los servicios por falta de pago); por carencias de redes o por simples fallas en los sistemas de referencias y contrarreferencia, sin dejar de lado la dispersión de obras.

A pesar de las falencias, el 40 por ciento de médicos reconocieron constreñimiento de diferente origen al realizar su labor; lo mismo sucede con uno de cada cuatro auxiliares y con el 20 por ciento de los profesionales de enfermería.

A lo anterior se suma que el 66 por ciento de los trabajadores del área de urgencias manifiestan de manera grave que han sido agredidos por pacientes que los califican como responsables de las fallas que encuentran en su atención.

Y si bien la mayoría de las agresiones son verbales, preocupa que estas, en un 5 por ciento, sean de carácter físico; muchas veces, con desenlaces graves.

Por supuesto que a las condiciones adversas en las que trabajan muchos profesionales de la salud también hay que agregar que muchos son víctimas de acoso laboral, algo que impacta negativamente en la atención.

Conviene aclarar que la mayoría del personal de urgencias está conformado por las áreas de enfermería, el 20 por ciento son médicos, y de ellos, la tercera parte son especialistas.

Pero quizás uno de los elementos más inquietantes respecto al talento humano es la carencia de condiciones dignas desde el plano laboral. La mayoría se queja de malos salarios, trabajo excesivo y relaciones mediadas por contratos asimétricos, muchas veces, desamparados de las condiciones mínimas legales. Todo esto repercute, sin duda, en la calidad de la atención.

El sistema de salud en el país carece de modelos eficientes de referencia y contrarreferencia para determinar las asignaciones específicas y la remisión ágil y oportuna de los pacientes que lo requieran a sitios donde se les pueda brindar la atención pertinente.

Esto es más evidente en los servicios de urgencias porque afecta de manera grave la calidad de la atención y favorece la aparición de complicaciones, muchas veces letales.